ANDET: Petición al Parlamento Europeo para el cumplimiento por parte del Estado español de la Carta Social Europea en relación a un salario digno

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé en el artículo 227 como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos la posibilidad de ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

En este sentido, la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET), organización adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, presentó petición ante el Parlamento Europeo a fin de poner en conocimiento del mismo la constante vulneración por parte del Gobierno de España de la Carta Social Europea de 1961 (ratificada por España el 6 de mayo de 1980, que además ratificó el Protocolo adicional a la Carta Social Europea de 1988, en fecha 24 de enero de 2000) en relación al art. 4.1, que reconoce el derecho a un salario digno, solicitando el cumplimiento de la Carta Social Europea en dicha materia.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa revisó por última vez en diciembre del año 2010 el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea por los países firmantes, cuyas conclusiones respecto de España lamentablemente venían a considerar que incumplía el precepto, en tanto que el salario mínimo era manifiestamente inadecuado e injusto al caer muy por debajo del umbral del 60% de la media salarial (dicho organismo considera digno el salario que se sitúa al menos un 60% sobre el salario medio del país).

De acuerdo con el Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013 en España, se fijaba como salario mínimo la cantidad de 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes.

Por otra parte, el pasado 28 de junio de 2013 el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace pública la última Encuesta Anual de Estructura Salarial en relación a la ganancia media anual por trabajador del año 2011, la cual ascendía a 22.899,35 euros brutos, lo que supone una media de 1.908,27 euros brutos/mes.

Según estos datos, España sigue incumpliendo, aún después del apercibimiento recibido por instancias europeas en 2010, lo establecido en la Carta Social Europea en relación al art. 4.1 de la Carta, ya que el salario mínimo debería estar fijado al menos en 1.144,96 euros brutos, debiendo aumentar por tanto el actual salario mínimo interprofesional, aproximadamente en 499.66 euros, que hablando en términos porcentuales, debería aumentar en un 77%, o dicho de otro modo, el salario mínimo actual en España se sitúa un 43,6% por debajo del nivel exigido por el comité Europeo y por la Carta Social Europea.

Esta Asociación, colectivo que defiende los Derechos y denuncia las situaciones de abuso contra los trabajadores, no puede pasar por alto, ni puede convertirse en una institución que forme parte de la actual connivencia existente de aquellas competentes, la constante vulneración de la Carta Social Europea de 1961 que el Estado español ha ratificado, exponiendo a los ciudadanos españoles y concretamente a los trabajadores, ante una verdadera situación de exclusión social y marginalidad.

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¿Vulnera la legislación el buzón de lucha contra el fraude laboral lanzado por el Ministerio de Empleo?

La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el buzón contra el fraude laboral puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social al entender que se trata de una decisión «arbitraria» que incumple «de forma clara» el ordenamiento jurídico.

Andet ya denunció esta iniciativa hace unas semanas ante la Fiscalía General del Estado para su suspensión cautelar, aunque ésta aún no se ha pronunciado sobre la cuestión, por lo que la asociación ha decidido intentar recabar la colaboración de Becerril para impedir que este buzón siga funcionando.

Según el escrito de denuncia interpuesto por Andet ante la Defensora del Pueblo, al que ha tenido accesoEuropa Press, el buzón de lucha contra el fraude laboral lanzado por Empleo tiene por objetivo «vehicular denuncias de carácter anónimo», a pesar de que éstas están prohibidas expresamente por las leyes.

La organización sin ánimo de lucro considera la puesta en marcha de este buzón «incumple» los deberes de servidor público del Ministerio y constituye una «exhibición de un abuso de autoridad y falta de legalidad de alcance nacional, público y generalizado en el ejercicio de sus competencias», algo que juzga «del todo inaceptable» en un Estado de Derecho.

Siembra la inseguridad jurídica

En opinión de Andet, esta supuesta vulneración de la legalidad «no solamente agrede a los ciudadanos afectados, sino que «siembra de inseguridad jurídica y pone en cuestión todos los expedientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tramitados desde la implantación del nuevo mecanismo de denuncia anónima informal».

Asimismo, la denuncia argumenta que el buzón habilitado por Empleo también «vulnera deliberadamente» el derecho de los denunciados a tener conocimiento del expediente sancionador y el principio de acceso permanente a la notificación de los hechos que se pudieran estar imputando, de las infracciones que pudieran suponer tales hechos o la sanciones que pudieran derivarse de los mismos.

El Ministerio de Empleo habilitó a principios de agosto un buzón en el que los ciudadanos podrán avisar de forma confidencial de supuestos casos de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, teniendo garantizada la protección de su identidad.

Para dar a conocer esta iniciativa, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, remitió una carta abierta a los medios de comunicación en la que pedía el compromiso de todos para erradicar estas malas prácticas.

Fuente: elEconomista.es

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El ERE de CatalunyaCaixa prevé 2.453 despidos: el 30% de la plantilla

La dirección de CatalunyaCaixa ha comunicado al comité de empresa los elementos claves del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende aplicar en el proceso de reestructuración de la entidad. De entrada plantea 2.453 despidos con las indemnizaciones establecidas por la nueva reforma laboral: 20 días por año de trabajo y un máximo de 12 mensualidades. Este tope podría subir hasta 18 mensualidades si la plantilla acepta una reducción de hasta el 15% de su salario, según fuentes sindicales.

La cifra de despidos que se ha comunicado a los sindicatos supone echar de la entidad a más del 30% de la plantilla, que actualmente supera los 7.000 trabajadores. CatalunyaCaixa, la marca comercial de Catalunya Banc, ya aplicó un ERE de 1.300 trabajadores justo cuando se inició el proceso de fusiones de las cajas catalanas, que fueron Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Tras aquella operación los sindicatos se quejaron que el recorte suponía despedir el equivalente de los trabajadores de una de las tres entidades fusionadas. Más tarde se hizo una nueva reducción a partir de bajas incentivadas que afectó a 330 trabajadores.

La nueva propuesta es el disparo de salida de una negociación que se prevé dura. De hecho, a mediados de septiembre debería haber terminado el período de consultas, porque supone que por aquellas fechas la empresa quisiera tener terminada esta cuestión para allanar el camino de la venta de la antigua caja de la Diputación de Barcelona, ​​ahora en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los 2.453 despidos puestos sobre la mesa por la dirección de Catalunya Caixa rompen con la tradición de las reestructuraciones realizadas por las entidades de crédito, que se han basado en acuerdos voluntarios indemnizados por encima de la media y con preferencia de las prejubilaciones.

Continúa en…

http://goo.gl/0B9OHi

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