El final de la legislatura deja la subcomisión de Empleo Juvenil en el aire y sin conclusiones

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Con el final de la legislatura caducan todas las iniciativas no legislativas que estaban registradas en el Congreso, incluyendo la subcomisión de Empleo Juvenil que se creó en junio de 2013 pero que no empezó a funcionar hasta marzo de 2014 y que, desde entonces, apenas llegó a citar a un tercio de los expertos que debían comparecer.

Todos los grupos parlamentarios acordaron en la primavera de 2013 constituir en el seno de la Comisión de Empleo una subcomisión para estudiar cómo afrontar el problema del paro juvenil partiendo de las mejores prácticas de otros países y del análisis realizado por expertos de diferentes ámbitos.

Además, este órgano debía hacer un seguimiento de las iniciativas puestas en marcha –entre ellas la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil–, analizar aspectos como los cambios en la formación profesional o la relación entre sistema educativo y mercado laboral, entre otros; y proponer ideas para fomentar la creación de puestos de trabajo destinados a este colectivo.

Desde su constitución formal, en junio de 2013, la subcomisión contaba con dos años de trabajos, al término de los cuales había de presentar un informe con conclusiones y recomendaciones a la Comisión de Empleo, documento que después debía ser elevado para su aprobación definitiva al Pleno del Congreso.

DEJÓ DE TRABAJAR EN DICIEMBRE DE 2014

Sin embargo, la norma que limita a seis las subcomisiones que pueden operar simultáneamente en la Cámara Baja llevó hasta septiembre de 2013 la puesta en marcha de este órgano, aunque los grupos no presentaron sus solicitudes de comparecencia hasta diciembre de ese año.

Pese a tratarse de un problema “prioritario” para todas las formaciones, el primer experto no compareció hasta marzo de 2014 y, desde entonces, apenas pasaron por el Congreso 28 comparecientes, algo menos de un tercio de los 70 que se solicitaron. De hecho, la última sesión de la subcomisión tuvo lugar a mediados de diciembre de 2014.

Desde entonces este órgano ya no se volvió a reunir y ahora, con la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, su mandato decae sin que se hayan escuchado a todos los expertos ni se hayan extraído conclusiones, propuestas o recomendaciones que elevar al Gobierno. Tras diez meses de trabajo efectivo el trabajo queda en el aire, y será el próximo Congreso el que deba decidir si vuelve a convocar este órgano de análisis.

Fuente: eleconomista.es

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El congreso debate si permite que los trabajadores puedan presentar un ere

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición de ley de CiU en la que insta al Ejecutivo a permitir a los trabajadores presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) cuando la empresa no lo haga y eso les esté perjudicando.

En la exposición de motivos de la proposición de ley, CiU explica que, hasta la reforma laboral del año 2012, existía la posibilidad de que los trabajadores pudieran, a través de sus representantes, incoar un ERE para la extinción de sus contratos si la inacción de la empresa les estuviera ocasionando “perjuicios de imposible o difícil reparación”.

SIMPLIFICARLO “AL MÁXIMO”

Como ejemplo, los convergentes apuntan a que esto sucede en empresas con pérdidas que tienen importantes y persistentes deudas salariales con sus trabajadores, que han dejado de pagar las cuotas a la Seguridad Social y que, pese a su falta de viabilidad, no dan los pasos para una extinción ordenada de los contratos.

En este caso, los trabajadores podían presentar este expediente mediante un procedimiento y una documentación a presentar que “se simplificaba al máximo”, correspondiendo a la autoridad laboral determinar las actuaciones a llevar a cabo.

Sin embargo, tras la reforma laboral de 2012 la supresión de la autorización administrativa “barrió este procedimiento”, de manera que no existe solución a los posibles perjuicios para los empleados derivados de la inactividad empresarial.

Fuente: elEconomista.es

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UPyD aplicará la reforma del gobierno para despedir al 75% de su plantilla

Unión, Progreso y Democracia sigue sufriendo las consecuencias de su práctica desaparición del mapa político el pasado 24 de mayo. La dirección del partido ha anunciado esta tarde el despido del 75 por ciento de sus trabajadores. En total la formación se deshace de 40 de los 53 empleados aplicando la reforma del gobierno de Rajoy. Esto es pagándoles una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses. Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado la Cadena SER, la propuesta de ERE ha sentado muy mal a los trabajadores que han recordado que la líder del partido, Rosa Díez se ha mostrado siempre muy combativa con la legislación laboral del PP.

Los trabajadores “amortizados” (así se refiere a los despedidos la dirección del partido) tendrán que dejar su puesto de trabajo el 12 de julio, un día después del congreso extraordinario del que saldrá el relevo de Rosa Díez al frente de la formación. Los empleados que sigan trabajando para el partido verán reducido su poder adquisitivo por una rebaja del 20 por ciento del salario con una retribución máxima de 32.000 euros brutos al año. Estos permitirán que UPyD pueda seguir trabajando hasta las elecciones generales previstas para finales de año. a propuesta presentada por UPyD incluye supuestos motivos para los despidos. Por ejemplo la falta de profesionalidad o experiencia.

Además de la reducción de plantilla, el partido cerrará todas sus sedes menos una, incluida la nacional situada en la calle Cedaceros de la capital, junto al Congreso de los Diputados. UPyD solo dejará abierta la de la Comunidad de Madrid. Estas medidas drásticas se justifican, dice la ejecutiva, por la “situación financiera insostenible” en la que se encuentra la formación.

Fuente: cadenaser.com

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Detenido por trata de seres humanos con fines de explotación laboral

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Agentes de la Comisaría Provincial de Albacete han detenido a F.D., de 35 años, con amplio historial delictivo, como presunto autor de diversos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y robo con violencia e intimidación.

La investigación policial se remonta a unos hechos acaecidos el pasado verano, durante la campaña de recolección de ajos y cebollas, que supone la afluencia a la provincia de Albacete de un importante número de temporeros, en su mayoría inmigrantes extranjeros, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Un grupo de trabajadores rumanos comparecieron en dependencias policiales para denunciar que, a principios del verano de 2014, cuando se encontraban en su país, un integrante del grupo criminal encabezado por el ahora detenido, les había ofrecido trabajar en España en labores de recolección agrícola, con unas inicialmente correctas condiciones laborales que resultaron finalmente incumplidas, ya que una vez en España comprobaron cómo eran hacinados en una nave industrial de Balazote (Albacete), la misma que servía de almacén para los ajos previamente recolectados, junto a otras setenta personas más, durmiendo hombres, mujeres y menores en el suelo.

Estos trabajadores tenían que abobar por este alojamiento 80 euros al mes, además de descontarles otras cantidades por diversos conceptos: 50 euros por el transporte desde Rumanía a España, 60 euros por tramitarles la obtención de un certificado de NIE, que finalmente les era retenido, 5 euros diarios por el transporte hasta el trabajo, más otras comisiones con argumentos diversos.

Los abusos anteriores se prolongaban al ámbito laboral, con jornadas de doce horas, que se intensificaban los fines de semana con horarios de 07.30 a 01.30 de la madrugada.

Los trabajadores no fueron dados de alta en la Seguridad Social, siendo falsificados los contratos de trabajo, y en cuanto a su salario, después de los descuentos ya mencionados, el escaso dinero que deberían percibir, eran obligados a entregarlo al detenido en el mismo acto de tratar cobrar el cheque nominativo en la entidad bancaria, para lo cual era acompañados hasta la sucursal bancaria por el detenido y otros compinches, que les amenazaban de muerte, de negarse a ello.

Fuente: elEconomista.es

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Fraude laboral en subcontratas municipales: en Valdemoro un trabajador sin contrato pierde dos dedos en un accidente

Pista de Hielo de Valdemoro. Celtibera. UTE Proyectos Unika.

Pista de Hielo de Valdemoro

El accidente de este empleado destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían contrato.

La representación legal del trabajador acaba de interponer una querella criminal contra las empresas adjudicatarias y contra el concejal de Cultura del Ayuntamiento.

Alberto llevaba nueve meses trabajando en la pista de hielo de Valdemoro (Madrid). El pasado 29 de abril pulía la pista cuando sufrió un accidente laboral con la máquina que estaba utilizando. Perdió dos dedos de su mano izquierda. Su accidente destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían un contrato laboral.

La representación legal de Alberto acaba de interponer una querella criminal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave y profesional contra las tres empresas que se adjudicaron la pista de hielo, contra la empresa a la que éstas subcontrataron el servicio, y contra el concejal de Cultura, Deportes y Festejos de Valdemoro, Bernardo Campo Monreal.

“El trabajador accidentado fue puesto a trabajar por la empresa sin darle de alta, sin contrato, sin darle la más mínima formación preventiva, sobre todo en lo relativo al manejo de la máquina”, resume la querella. Esta situación se extendía a las otras veinte personas que trabajan en la pista. Sin embargo, y según ha tenido conocimiento la representación legal de Alberto, una vez que se produjo el accidente, la empresa comenzó a dar de alta en la Seguridad Social al resto de la plantilla.

El empleado, que ejercía de profesor y monitor de patinaje, percibía un salario irregular que la empresa le abonaba tras finalizar su jornada diaria. Prestaba sus servicios entre dos y tres días a la semana en los que trabajaba de dos a cuatro horas. Según explica la querella, a pesar de que el empleado pidió en varias ocasiones que su situación se regularizara, la empresa no lo hizo.

Sus abogados tienen claro que se trataba de una relación laboral a todos los efectos, y lo mismo sucede con el resto de la plantilla. “Desde el inicio de la relación contractual ha existido una verdadera relación de carácter laboral puesto que en esta concurren las notas de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia al ámbito de organización y dirección de la empresa sin que en ningún momento se llegase a formalizar”, afirma la querella.

En el informe de los servicios de emergencia que atendieron a Alberto consta que lo que le sucedió fue un accidente laboral al introducir accidentalmente la mano en el aparato que manejaba, lo que le ocasionó la amputación de dos dedos. Además de la querella, la representación de Alberto presentará estos días un escrito a la Inspección de Trabajo y otro al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la pista de hielo de Valdemoro pero no ha recibido, de momento, explicación alguna sobre el caso. También con el Ayuntamiento de Valdemoro. A falta de una respuesta oficial, un portavoz aseguró que se trataría de una infracción laboral y que debe ser la autoridad laboral la que actúe. En todo caso, señaló que el Consistorío analizaría las medidas correspondientes que hubiera que tomar.

Una adjudicación subcontratada

La oferta de adjudicación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 13 de agosto de 2012. Fue la UTE formada por ‘Proyectos, servicios y formación para el ocio, el deporte y la salud’, y por la sociedad ‘Unika proyectos y Obras’ la que se hizo con el servicio. Sin embargo, subcontrataron el trabajo a una tercera mercantil: Celtibera de servicios integrales.

No obstante, el abogado del trabajador accidentado, Antonio Valenciano, ha pedido que los acusados presenten el contrato de la adjudicación, ya que no aparece publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Eldiario.es ha intentando también conseguirlo sin éxito, a pesar de que un portavoz del ayuntamiento asegura que está disponible en su página web.

En la última información mercantil publicada sobre Celtiberia constan cinco incidencias por no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda por valor de 409 euros.

 

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El 75% de la población mundial trabaja como autónomo o temporal

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Un estudio realizado por la OIT revela que las políticas de liberalización del mercado laboral, llevadas a cabo en los países desarrollados tras la crisis, han provocado que tres cuartas partes de la población activa mundial trabaje con contratos temporales o por cuenta propia. Y esta pérdida de protección del trabajador no ha servido para reducir la tasa de desempleo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las tres cuartas partes de los trabajadores de todo el mundo se encuentran desempeñando trabajos temporales, ocasionales o por cuenta propia. Y, además, es probable que este tipo de empleo vaya a prevalecer con mayor frecuencia a partir de ahora.

En el Finantial Times, la corresponsal de empleo Sarah O’Connor informa que la OIT llevó a cabo un estudio en el que se analizaron los patrones de empleo en 180 países, y cuyas conclusiones fueron que el modelo “estándar” de empleo fijo y a tiempo completo “predominaba cada vez menos” en las economías prósperas y desarrolladas.

En los países en vías de desarrollo, el empleo asalariado sigue creciendo como parte del total de la población activa, pero esta tendencia histórica parece ir disminuyendo.

La OIT afirma que aunque los modelos “no estándar” de empleo pueden se de ayuda para que las personas se hagan hueco en el mercado laboral, esta tendencia también podría dar lugar a empleos demasiado inestables, incapaces de ofrecer una respuesta “sólida y sostenible” a la demanda mundial.

“Con estas tendencias se corre el riesgo de que se perpetúe el círculo vicioso de debilidad de la demanda mundial y de la lenta creación de empleo, que ha caracterizado a la economía global y a muchos mercados laborales a lo largo de todo el período posterior a la crisis”, declaró Guy Ryder, Director General de la OIT.

La OIT ha instado a los gobiernos a hacer más esfuerzos por ampliar la cobertura de las pensiones y las prestaciones por desempleo de los trabajadores “no estándar”.

Asímismo, ha señalado que unas regulaciones del mercado laboral bien definidas son esenciales para proteger a estos trabajadores de un trato injusto.

A pesar de que las legislaciones laborales se han ido reforzando gradualmente en todo el mundo, en el caso de algunos países europeos, como España, se ha tendido a políticas de liberalización tras la crisis financiera, en un intento por paliar las altas tasas de desempleo.

Por ello, en la actualidad resulta más fácil para las empresas contratar y despedir a los trabajadores, así como hacer reducciones de salario.

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Según de la OIT, del estudio realizado se deduce que la reducción de las medidas de protección de los trabajadores no ha traído consigo el descenso del desempleo.

Del porcentaje de asalariados, solo el 40 % corresponde a empleados fijos a tiempo completo, según el análisis de la OIT.

Al analizar los datos de los países con información disponible, que abarca el 84 % del empleo mundial, se encontró que una cuarta parte de los trabajadores tenían un contrato indefinido, el 13 % tenían contratos temporales o de duración determinada y el resto trabajaba sin contrato.

En cuanto a los contratos indefinidos, que habían sido lo habitual en los países ricos, su porcentaje actual en el empleo total ha disminuido ligeramente, pasando del 74% en 2004 al 73,2 %, según los datos más recientes – de los cuales menos de dos tercios corresponden a contratos a tiempo completo.

Se ha producido un incremento en el número de trabajadores por cuenta propia y en aquellos que no poseen ningún tipo de contrato.

En los países de ingresos medios y bajos, el 13,7 % y el 5,7 % de los trabajadores, respectivamente, cuentan con contratos fijos de trabajo.

“Una continuidad de las tendencias anteriores podría sugerir que la incidencia de las relaciones laborales estables representaría una proporción aún menor en el número total de puestos de trabajo de los próximos años”, concluyó el informe.

Fuente: cincodias.com

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España, uno de los países con más casos de explotación laboral

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España, junto con Portugal, Alemania, Francia, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Croacia son los trece países de la UE donde los expertos nacionales han percibido que se producen “más frecuentemente” casos de explotación laboral grave, según el informe ‘Explotación laboral severa en la UE’ de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que publica este martes.

El informe denuncia que la explotación laboral grave “está generalizada en la UE” en sectores como el agrícola, construcción, hotelero y servicios de catering y trabajo doméstico fundamentalmente, y que el problema y sus efectos adversos sobre nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE han recibido escasa atención.

En el caso de España, los principales sectores económicos donde predomina la explotación laboral son el sector agrícola, forestal y de pesca, el hotelero y actividades de servicios alimentarios y el trabajo doméstico, según el informe, que cita el caso concreto de una mujer ecuatoriana empleada del hogar en España que cuidaba de una persona mayor obligada a “turnos excesivos” pero sin cobrar un salario “acorde” y que acudió a una ONG para recibir ayuda, pero no denunció su caso ante la justicia.

Uno de cada cinco expertos nacionales -inspectores laborales, jueces, fiscales, policías o personal de apoyo a las víctimas- han reconocido a la agencia europea que ven “dos o más casos a la semana” de explotación laboral grave, ha explicado en rueda de prensa el responsable del informe, el doctor Albin Deaing. “Esto es la base que nos lleva a decir que (el problema) es endémico”, ha precisado.

Aunque no cuentan con el número total de personas que son objeto de explotación laboral severa ni el porcentaje de la fuerza laboral que representan, el experto ha dejado claro que el problema afecta a “nacionales de terceros países que se trasladan a la UE y la inmigración intraeuropea”.

“Ambos son muy importantes y no estaría en posición de decir cuál está en mayor riesgo”, ha recalcado, si bien ha admitido que los inmigrantes de terceros países son objeto de “las formas más severas de explotación, que llevan a la servidumbre o esclavitud” y ha precisado que la mayor o menor explotación se dará en función de “diferencias de ingresos y costes de vida”.

“Muchos de los trabajadores están riesgo de ser explotados en los países donde la situación del trabajo es más atractiva y el nivel de ingresos es más atractivo”, ha explicado. No obstante, la explotación también afecta a los países afectados por la crisis económica. Así, los expertos nacionales han admitido a la agencia europea “la relación entre la explotación laboral grave y la crisis económica” en Portugal y Grecia y los expertos nacionales de Portugal han reconocido en particular que “la explotación laboral, así como situaciones que implican esclavitud parecen estar al alza en Portugal y en España”.

La forma de explotación más común de trabajadores que se trasladan a otro Estado miembro o a la UE es la explotación de trabajadores de otros países, lo que implica situaciones como trabajar sin recibir el suelo correspondiente o muy por debajo del salario mínimo, el retorno de parte de la remuneración al propio empresario, la ausencia de pagos a la Seguridad Social, trabajar jornadas excesivamente largas durante seis e incluso los siete días de la semana, trabajo sin contrato o bajo continuas amenazas de deportación y condiciones de hacinamiento y la retención del pasaporte, entre otros.

La legislación entre los diferentes países es muy diferente, hasta el punto que en algunos países la explotación laboral severa no se considera un delito criminal y en otros sólo se persigue por ejemplo en el caso de que una persona esté en situación irregular en el país o sólo se protege a los nacionales de terceros países, pero no a los de otros países de la UE y ello dificultad enormemente la cooperación entre países. Los únicos países que garantizan el mismo nivel de protección frente a la explotación laboral de otros nacionales de la UE como de terceros países son Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos.

Por lo que se refiere a la explotación de inmigrantes, su situación de irregularidad constituye un importante factor de riesgo en España, junto con Eslovaquia, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos y Polonia, según datos del informe. Los expertos de la agencia también ven problemático el prejuicio contra los trabajadores que se muda a la UE o a otro Estado miembro porque “puede llevar a la tolerancia a su explotación por parte del público”.

En España, por ejemplo se ve a la sociedad como “cómplice” en el fracaso a la hora de actuar contra la explotación laboral grave por los beneficios de explotar a los inmigrantes.

“No hay una condena social. No se frunce el ceño cuando un empresario tiene muchos inmigrantes irregulares que trabajan para él y les explota (…) No se condena que los inmigrante vivan en condiciones inhumanas”, ha reconocido un representante de un sindicato en España, citado por el informe. El documento también señala un problema de “impunidad” y la falta de condenas, frecuentemente centradas además en castigar el tráfico humano y no tanto la explotación laboral en sí, así como la falta de compensación a las víctimas, según critica el informe. El texto cita el caso de un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español que admitió las dificultades a la hora de atajar redes criminales internacionales responsables de explotar a un gran número de trabajadores extranjeros al reconocer que “el sistema judicial no está preparado para asumir estos casos enormes”, vinculados al crimen organizado.

El informe reconoce que las multas a las empresas que explotan a trabajadores extranjeros son demasiado bajas, incluido en países como Reino Unido, Austria, Bélgica, República Checa y Lituania. Y reconoce que la dificultad en identificar a los responsables también puede plantear problemas para acudir a la justicia y cita los casos de España, Italia e Irlanda, donde las empresas cierran y reabren bajo distintos nombres o se declaran en quiebra para evitar pagar salarios o compensación y ello dificulta perseguirles. Además en la mayoría de países “raramente” se admite la explotación laboral infantil y se vincula a la mendicidad, como es el caso de Austria, Republica Checa, Grecia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia.

Uno de los mayores desafíos detectados por la agencia europea es lograr cumplir la obligación de los Estados miembro de garantizar que todas las víctBimas cuentan con apoyo, según contempla la Directiva sobre Víctimas.

Sólo 19 países garantizan apoyo a las víctimas con independencia de su nacionalidad, país de origen o estatus legal mientras que en dos terceros de los países, incluido en España, los expertos constatan a partir de entrevistas que el servicio de apoyo a las víctimas es inexistente o ineficaz, dado que muchos de los servicios se limitan a víctimas de tráfico. La agencia europea valora la existencia de unidades policiales especializadas encargadas de vigilar la explotación laboral al margen de las autoridades de inspección, como la Unidad Central en Cataluña y en el seno de la Guardia Civil, así como en el caso de Bélgica.

Fuente: lavanguardia.com

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