Con el final de la legislatura caducan todas las iniciativas no legislativas que estaban registradas en el Congreso, incluyendo la subcomisión de Empleo Juvenil que se creó en junio de 2013 pero que no empezó a funcionar hasta marzo de 2014 y que, desde entonces, apenas llegó a citar a un tercio de los expertos que debían comparecer.

Todos los grupos parlamentarios acordaron en la primavera de 2013 constituir en el seno de la Comisión de Empleo una subcomisión para estudiar cómo afrontar el problema del paro juvenil partiendo de las mejores prácticas de otros países y del análisis realizado por expertos de diferentes ámbitos.

Además, este órgano debía hacer un seguimiento de las iniciativas puestas en marcha –entre ellas la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil–, analizar aspectos como los cambios en la formación profesional o la relación entre sistema educativo y mercado laboral, entre otros; y proponer ideas para fomentar la creación de puestos de trabajo destinados a este colectivo.

Desde su constitución formal, en junio de 2013, la subcomisión contaba con dos años de trabajos, al término de los cuales había de presentar un informe con conclusiones y recomendaciones a la Comisión de Empleo, documento que después debía ser elevado para su aprobación definitiva al Pleno del Congreso.

DEJÓ DE TRABAJAR EN DICIEMBRE DE 2014

Sin embargo, la norma que limita a seis las subcomisiones que pueden operar simultáneamente en la Cámara Baja llevó hasta septiembre de 2013 la puesta en marcha de este órgano, aunque los grupos no presentaron sus solicitudes de comparecencia hasta diciembre de ese año.

Pese a tratarse de un problema «prioritario» para todas las formaciones, el primer experto no compareció hasta marzo de 2014 y, desde entonces, apenas pasaron por el Congreso 28 comparecientes, algo menos de un tercio de los 70 que se solicitaron. De hecho, la última sesión de la subcomisión tuvo lugar a mediados de diciembre de 2014.

Desde entonces este órgano ya no se volvió a reunir y ahora, con la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, su mandato decae sin que se hayan escuchado a todos los expertos ni se hayan extraído conclusiones, propuestas o recomendaciones que elevar al Gobierno. Tras diez meses de trabajo efectivo el trabajo queda en el aire, y será el próximo Congreso el que deba decidir si vuelve a convocar este órgano de análisis.

Fuente: eleconomista.es