La Comisión Europea (CE) acaba de publicar un informe según el cual, en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) los inmigrantes de los otros Estados miembros hacen un uso similar de las prestaciones sociales que el de los ciudadanos del país de acogida. Aún así, en la mayoría de los países estudiados, los migrantes tienen menos probabilidades de recibir prestaciones de discapacidad o de desempleo.

Según datos de la CE, en 2012 había 6,6 millones de ciudadanos de la UE viviendo y trabajando en un Estado miembro distinto del suyo, es decir un 3,1 % de los trabajadores de la UE, al tiempo que 1,2 millones vivían en un país, pero trabajaban en otro.

La investigación se refiere sobre todo a la carga que prestaciones como pensiones, subsidios por desempleo o invalidez, suponen para la fiscalidad general de Estado. Los migrantes de la UE no activos económicamente, dice el estudio, representan una parte muy pequeña de los beneficiarios y su impacto en las partidas sociales de los presupuestos nacionales es muy escaso. En total, calcula la CE, los migrantes de otros países de la UE que no trabajan representan entre 0,7% y el 1% de la población global de la UE.

En seis de los países analizados -Austria, Bulgaria, Estonia, Grecia, Malta y Portugal- los extranjeros de la UE representan menos del 1 % de todos los beneficiarios; y en otros cinco -Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia- suponen entre el 1% y el 5 %.

Otra conclusión obtenida por la CE es que la mayoría de traslados responde a razones laborales. Durante los últimos siete años, el número de migrantes que ha encontrado trabajo ha aumentado y, sorprendentemente, éstos tiene más probabilidades de encontrar trabajo que los ciudadanos nacionales, debido en gran parte a que los extranjeros de la UE en edad activa (15-64 años) son más que los autóctonos.

El estudio calcula que en promedio, los gastos asociados a la asistencia sanitaria que se presta a los migrantes en paro de la UE son muy limitadas respecto del gasto sanitario global -0,2%- o respecto de la importancia de la economía de los países de acogida -0,01% del PIB-.

La CE recuerda que de «la movilidad de la mano de obra dentro de la UE se benefician tanto los trabajadores como las economías de los Estados miembros», ya que se benefician los países de acogida porque hace que las «empresas cubran unos puestos de trabajo que de otro modo no podrían ser cubiertos». Al mismo tiempo, recuerda, «se benefician los países de origen de los migrantes, puedan trabajar y dar apoyo financiero a sus familias» a la vez que «adquieren experiencia y conocimientos que no habrían podido obtener en su país de origen» y que cuando retornan, «pueden sacar provecho de esta experiencia y de estos conocimientos».

Fuente: Público.es