La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia declarando nulo el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de UGT-A, que afecta a 57 trabajadores, y que ordena «la inmediata reanudación del contrato de trabajo», además de «condenar al sindicato al pago de los salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados o al abono de la diferencia respecto del importe de la prestación por desempleo percibida durante el período de suspensión».

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia declarando nulo el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de UGT-A, que afecta a 57 trabajadores, y que ordena «la inmediata reanudación del contrato de trabajo», además de «condenar al sindicato al pago de los salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados o al abono de la diferencia respecto del importe de la prestación por desempleo percibida durante el período de suspensión».

Según la sentencia, consultada por Europa Press, contra dicho fallo cabe presentar recurso de casación ordinario en el plazo de cinco días hábiles tras la notificación de dicha sentencia.

La sentencia apunta que «en el inicio del período de consultas no se entregaron los criterios de valoración individualizados aplicados para la designación de los trabajadores afectados y la determinación de distintos grados de afectación, de los que se hizo entrega en la última reunión de trabajo, tras haberlo solicitado la representación de los trabajadores en la segunda reunión de trabajadores», lo que supone un «incumplimiento de la normativa».

La sentencia agrega que «se omitió también, desde el inicio, la entrega del plan de viabilidad, que no se entregó hasta la última reunión». Apunta que «tampoco se aportó con la memoria inicial el presupuesto de 2012 con sus programas, lo cual «contraviene la buena de la negociación al objeto de llegar a un acuerdo sobre la suspensión de los contratos o reducción de jornada».

Esta sentencia considera que el sindicato «está obligado observar la normativa aplicable con más rigor y exigencia que las demás, observancia que puede exigir cuando acciona en representación de los trabajadores impugnando medidas extintivas o suspensivas frente a otras empresas, y no aplicar en cambio cuando es ella misma la que adopta esas medidas como empleadora».»La falta de entrega al inicio del período de consultas de la documentación comporta una vulneración de la buena fe negocial que se pone de manifiesto además por el hecho de que al final del período de consultas la medida adoptada resulta incluso más gravosa de lo que se había previsto inicialmente, cuando precisamente la finalidad en todo caso del período de consultas es intentar minorar sus efectos».

La sentencia alude a la «falta de información» y la «opacidad» de las cuentas del sindicato de 2012, un presupuesto «en el que las subvenciones están contabilizadas de forma irregular», lo que «impidió conocer cual era la situación económica real de UGT-A». «Se desconoce cómo y en qué medida afecta la crisis, lo que impide conocer si es o no justificada a decisión suspensiva empresarial», tras lo que alude al hecho de que «algunos trabajadores se vieron más afectados que otros».

La sentencia alude a la existencia de «arbitrariedad y discrecionalidad» del sindicato en la implantación del ERTE.

Fuente: EuropaPress