El Ayuntamiento de Madrid da un plazo de 48 horas a las empresas concesionarias para que lleguen a un acuerdo con los trabajadores y se ponga fin a la huelga de servicios de limpieza iniciada el pasado 5 de noviembre. «Con fecha de ayer nos dirigimos a las empresas para exigirles el cumplimiento de los servicios mínimos fijados, pero pese a las labores de escolta de la Policía, no se han cumplido», ha dicho tajante la alcaldesa Ana Botella, quien no ha especificado en qué medida no se están respetando esos servicios mínimos, fijados en un 40% para los trabajadores de limpieza viaria y un 25% para jardinería.

Si en los próximos dos días no se llega a un acuerdo, el incumplimiento se denunciará en la Fiscalía y «el Ayuntamiento asumirá el control de los servicios» a través de Tragsa, una empresa pública que ya actuó, según Botella, en situaciones similares en Granada y Jerez. Esta solución se mantendrá, de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, «tanto tiempo como dure el conflicto» y no «supondrá ni un euro de coste a los madrileños», que «no tienen por qué tolerar» las «actitudes vandálicas» y el «sabotaje». Los costes deberán asumirlos, ha explicado, las empresas concesionarias.

Sobre las críticas a la innación municipal y los posibles riesgos sanitarios, la alcaldesa ha subrayado que «no existe riesgo de salud pública» y que «van a trabajar para que no exista ese riesgo». Se ha negado a contestar a las críticas de los sindicatos y ha recalcado que quizá estos deberían tomar acción ante la «vandalización» del conflicto y responsabilizarse del incumplimiento de los servicios mínimos. Por su parte, UGT y CCOO han amenazado con presentar una demanda por vulneración al derecho de huelga si Ana Botella cumple su anuncio de contratar a Tragsa para cumplir los mínimos e limpieza viaria.

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