Empleo mantendrá el índice de revalorización de las pensiones

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se ha reunido este martes con representantes de CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para tratar de avanzar hacia un consenso sobre la reforma de las pensiones, pero ha vuelto a reiterar que no retirará el índice de revalorización que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2014, algo que los sindicatos le siguen exigiendo.

A la reunión han acudido además el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, el director de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, y la directora del departamento sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán.

Según han indicado fuentes sindicales a Europa Press, durante el encuentro Empleo ha vuelto a dejar claro que tanto el factor de sostenibilidad, que trata de vincular las futuras pensiones a la esperanza de vida, como el índice de revalorización de las pensiones, por el que éstas subirán un 0,25% en los momentos de mayor dificultad económica y el IPC más el 0,25% cuando así lo permitan los ciclos alcistas, se mantendrán en el proyecto de Ley en sus actuales términos.

Por el contrario, los sindicatos plantean que el factor de sostenibilidad se regule según los términos acordados en la reforma de las pensiones de 2011 y la retirada del índice de revalorización, así como que estas prestaciones sigan actualizándose de acuerdo con el IPC.

Fuente:

http://goo.gl/RS2cto

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La Defensora del Pueblo investigará los incentivos a ETT por denunciar presunto fraude laboral

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará los incentivos económicos por denuncia de fraudes laborales que ofrece el Servicio Público de Empleo a las agencias privadas de colocación, ha informado hoy la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET).

Madrid, 11 nov.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará los incentivos económicos por denuncia de fraudes laborales que ofrece el Servicio Público de Empleo a las agencias privadas de colocación, ha informado hoy la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET).

Becerril ha admitido a trámite la denuncia que interpuso esta asociación el pasado mes de agosto y ha iniciado las actuaciones oportunas ante el Ministerio de Empleo para recabar información, según el documento que ha hecho llegar a ANDET.

La queja se refiere al incentivo económico por denuncia de fraude laboral contenido en el Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio de Empleo Público Estatal con agencias de colocación de carácter privado.

Este pliego administrativo establece un incentivo de hasta el 15 % del pago por inserción de la persona encomendada «que se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la agencia hubiera obtenido y proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción».

La asociación entiende que este cauce «informal» para iniciar el trámite de denuncia laboral no cumple «las mínimas garantías legales» y vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y desempleados.

Según Antonio Valenciano, presidente de ANDET, dicha cláusula en el pliego administrativo «resulta más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en caza recompensas al margen del control de la legalidad vigente».

Además, señalan que el objeto declarado del acuerdo es la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral, «no siendo en ningún caso admisible dotar de capacidad sancionadora alguna a las agencias de colocación privadas sobre posibles irregularidades de los desempleados que de buena fe acudan a dichas entidades».A juicio de ANDET, las agencias de colocación de carácter privado «no resultan competentes para incoar, instruir o resolver los expedientes sancionadores, ni siquiera poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo como es el caso, posibles irregularidades por parte de desempleados sin llevar a cabo el trámite establecido por nuestro ordenamiento jurídico».

Fuente: Agencia EFE

http://goo.gl/58THnh

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Opinión – «2014: Por un salario mínimo digno»

En poco más de un mes, el Gobierno deberá fijar de nuevo el salario mínimo interprofesional para el año 2014, previsiblemente mediante el tradicional Real Decreto que cada año establece su cuantía. Así, el anterior Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, fijó el salario mínimo interprofesional para 2013 en España en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes.

En este sentido, parece oportuno señalar que el pasado 28 de junio de 2013 el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo pública la última Encuesta Anual de Estructura Salarial en relación a la ganancia media anual por trabajador del año 2011, la cual ascendía a 22.899,35 euros brutos, lo que supone una media de 1.908,27 euros brutos/mes. Cifra relevante pero habitualmente ignorada para la fijación de un salario mínimo digno.

Según estos datos, España sigue incumpliendo (aún después del apercibimiento recibido por instancias europeas en 2010) lo establecido en el artículo 4.1 de la Carta Social Europea, ya que según el Comité Europeo de Derechos Sociales, que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de los países miembros, el salario mínimo debe fijarse al menos en una cuantía equivalente al 60% de la media salarial, por lo que llevado a España, el salario mínimo debería estar fijado al menos en 1.144,96 euros brutos, es decir, España debería aumentar por tanto el actual salario mínimo interprofesional aproximadamente en 499,66 euros/mes, que hablando en términos porcentuales, debería aumentar en un 77%, o dicho de otro modo, el salario mínimo actual en España se sitúa un 43,6% por debajo del nivel exigido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en relación con lo exigido por la Carta Social Europea.

No obstante y lamentablemente el salario mínimo interprofesional en España depende de un Gobierno que ha apostado por una reforma laboral que fomenta la precarización de las relaciones laborales a través de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre las que se encuentran: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones, entre otras y por supuesto mediante una enorme flexibilidad en relación con la realización de los despidos, que finalmente ha desembocado en el aumento de 390.921 desempleados desde noviembre de 2011, según datos oficiales del Servicio Público de Empleo.

En definitiva, parece relevante recordar que en poco más de un mes el Gobierno volverá a fijar el salario mínimo interprofesional para el año 2014. Un Gobierno que dice defender a las familias, se olvidará con toda seguridad de su único sustento, pues la estabilidad en el trabajo y un salario digno resulta incompatible con la reducción indigna e ilimitada de sus salarios, que no solamente esos trabajadores, sino sus familias e hijos verán reducida su ya mermada calidad de vida. La dignidad en el trabajo y en la vida de los trabajadores y sus familias, es por tanto, un ejercicio de política social que debe amparar especialmente a las familias en riesgo de pobreza y exclusión social.

Antonio Valenciano

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