Los empleados trabajaban horas extras, fines de semana y noches sin cobrar y bajo amenazas

La Policía ha detenido en Palma al dueño de una cadena de restaurantes por explotar y amenazar a sus trabajadores, falsificar documentos para tener terrazas en la calle y apropiarse de los embargos de las nóminos de sus empleados. El acusado ya fue arrestado hace unos años por tener 40 trabajadores contratados de forma irregular. Los investigadores han detenido también a dos ayudantes del empresario.

Las pesquisas se iniciaron hace varias semanas, cuando un trabajador acudió a la Jefatura de Policía para denunciar que el propietario de una cadena de restaurantes de Palma vulneraba sistemáticamente los derechos de sus empleados.

La investigación de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo permitió constatar que parte de los empleados, muchos de ellos sudamericanos, estaban contratados en la modalidad de formación, lo que permite al empresario una importante reducción en las cuotas a la Seguridad Social. Sin embargo, estos trabajadores realizaban la misma labor que aquellos que tenían contratos ordinarios a jornada completa.

Además de no recibir formación alguna, se les obligaba a trabajar en horario nocturno y fines de semana, así como a horas extras por las que no cobraban, superando con creces el límite máximo de horas que estable la ley. Los afectados aceptaban estas condiciones abusivas por temor a ser despedidos.

Las pesquisas revelaron también que en los restaurantes de la empresa se había implantado un sistema de multas a los empleados que los encargados de los locales aplicaban a discreción. De este modo, los trabajadores que rompían un plato o un vaso, llegaban unos minutos tarde o no cumplían con las normas de vestimenta perdían su derecho a la parte proporcional de las propinas.

Documentos falsos

La Policía descubrió además que el empresario había dado órdenes al personal de su oficina para falsear documentación para tener terrazas en la vía pública y estar al corriente de los pagos de las cotizaciones sociales. Para ello, se falsificaban los sellos municipales con los que se elaboraban documentos.

Por otra parte, el empresario se adueñaba de las partes embargadas de las nóminas de sus trabajadores. Cuando sobre uno de sus empleados pesaba un embargo judicial o administrativo por impagos de pensiones alimenticias a sus hijos o de créditos, el acusado detraía esa cantidad de las nóminas pero no la ingresaba en la cuenta judicial correspondiente, sino que se la quedaba.

La operación, llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional, se ha saldado con el arresto del empresario y dos de sus ayudantes por delitos contra los derechos de los trabajadores, amenazas, falsedad documental y amenazas.

A la empresa investigada se le han incoado además procedimientos por la Inspección de Trabajo por las numerosas infracciones detectadas durante las pesquisas. No es la primera que el empresario sospechoso es acusado de este tipo de irregularidades. Hace unos años, ya fue detenido en una operación en la que fueron identificados cuarenta trabajadores extranjeros de su empresa que carecían de cualquier tipo de autorización de residencia y trabajo.

Fuente: diariodemallorca.es