Un estudio realizado por la OIT revela que las políticas de liberalización del mercado laboral, llevadas a cabo en los países desarrollados tras la crisis, han provocado que tres cuartas partes de la población activa mundial trabaje con contratos temporales o por cuenta propia. Y esta pérdida de protección del trabajador no ha servido para reducir la tasa de desempleo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las tres cuartas partes de los trabajadores de todo el mundo se encuentran desempeñando trabajos temporales, ocasionales o por cuenta propia. Y, además, es probable que este tipo de empleo vaya a prevalecer con mayor frecuencia a partir de ahora.

En el Finantial Times, la corresponsal de empleo Sarah O’Connor informa que la OIT llevó a cabo un estudio en el que se analizaron los patrones de empleo en 180 países, y cuyas conclusiones fueron que el modelo «estándar» de empleo fijo y a tiempo completo “predominaba cada vez menos» en las economías prósperas y desarrolladas.

En los países en vías de desarrollo, el empleo asalariado sigue creciendo como parte del total de la población activa, pero esta tendencia histórica parece ir disminuyendo.

La OIT afirma que aunque los modelos «no estándar» de empleo pueden se de ayuda para que las personas se hagan hueco en el mercado laboral, esta tendencia también podría dar lugar a empleos demasiado inestables, incapaces de ofrecer una respuesta «sólida y sostenible» a la demanda mundial.

«Con estas tendencias se corre el riesgo de que se perpetúe el círculo vicioso de debilidad de la demanda mundial y de la lenta creación de empleo, que ha caracterizado a la economía global y a muchos mercados laborales a lo largo de todo el período posterior a la crisis», declaró Guy Ryder, Director General de la OIT.

La OIT ha instado a los gobiernos a hacer más esfuerzos por ampliar la cobertura de las pensiones y las prestaciones por desempleo de los trabajadores «no estándar».

Asímismo, ha señalado que unas regulaciones del mercado laboral bien definidas son esenciales para proteger a estos trabajadores de un trato injusto.

A pesar de que las legislaciones laborales se han ido reforzando gradualmente en todo el mundo, en el caso de algunos países europeos, como España, se ha tendido a políticas de liberalización tras la crisis financiera, en un intento por paliar las altas tasas de desempleo.

Por ello, en la actualidad resulta más fácil para las empresas contratar y despedir a los trabajadores, así como hacer reducciones de salario.

Según de la OIT, del estudio realizado se deduce que la reducción de las medidas de protección de los trabajadores no ha traído consigo el descenso del desempleo.

Del porcentaje de asalariados, solo el 40 % corresponde a empleados fijos a tiempo completo, según el análisis de la OIT.

Al analizar los datos de los países con información disponible, que abarca el 84 % del empleo mundial, se encontró que una cuarta parte de los trabajadores tenían un contrato indefinido, el 13 % tenían contratos temporales o de duración determinada y el resto trabajaba sin contrato.

En cuanto a los contratos indefinidos, que habían sido lo habitual en los países ricos, su porcentaje actual en el empleo total ha disminuido ligeramente, pasando del 74% en 2004 al 73,2 %, según los datos más recientes – de los cuales menos de dos tercios corresponden a contratos a tiempo completo.

Se ha producido un incremento en el número de trabajadores por cuenta propia y en aquellos que no poseen ningún tipo de contrato.

En los países de ingresos medios y bajos, el 13,7 % y el 5,7 % de los trabajadores, respectivamente, cuentan con contratos fijos de trabajo.

«Una continuidad de las tendencias anteriores podría sugerir que la incidencia de las relaciones laborales estables representaría una proporción aún menor en el número total de puestos de trabajo de los próximos años», concluyó el informe.

Fuente: cincodias.com

España, junto con Portugal, Alemania, Francia, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Croacia son los trece países de la UE donde los expertos nacionales han percibido que se producen «más frecuentemente» casos de explotación laboral grave, según el informe ‘Explotación laboral severa en la UE’ de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que publica este martes.

El informe denuncia que la explotación laboral grave «está generalizada en la UE» en sectores como el agrícola, construcción, hotelero y servicios de catering y trabajo doméstico fundamentalmente, y que el problema y sus efectos adversos sobre nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE han recibido escasa atención.

En el caso de España, los principales sectores económicos donde predomina la explotación laboral son el sector agrícola, forestal y de pesca, el hotelero y actividades de servicios alimentarios y el trabajo doméstico, según el informe, que cita el caso concreto de una mujer ecuatoriana empleada del hogar en España que cuidaba de una persona mayor obligada a «turnos excesivos» pero sin cobrar un salario «acorde» y que acudió a una ONG para recibir ayuda, pero no denunció su caso ante la justicia.

Uno de cada cinco expertos nacionales -inspectores laborales, jueces, fiscales, policías o personal de apoyo a las víctimas- han reconocido a la agencia europea que ven «dos o más casos a la semana» de explotación laboral grave, ha explicado en rueda de prensa el responsable del informe, el doctor Albin Deaing. «Esto es la base que nos lleva a decir que (el problema) es endémico», ha precisado.

Aunque no cuentan con el número total de personas que son objeto de explotación laboral severa ni el porcentaje de la fuerza laboral que representan, el experto ha dejado claro que el problema afecta a «nacionales de terceros países que se trasladan a la UE y la inmigración intraeuropea».

«Ambos son muy importantes y no estaría en posición de decir cuál está en mayor riesgo», ha recalcado, si bien ha admitido que los inmigrantes de terceros países son objeto de «las formas más severas de explotación, que llevan a la servidumbre o esclavitud» y ha precisado que la mayor o menor explotación se dará en función de «diferencias de ingresos y costes de vida».

«Muchos de los trabajadores están riesgo de ser explotados en los países donde la situación del trabajo es más atractiva y el nivel de ingresos es más atractivo», ha explicado. No obstante, la explotación también afecta a los países afectados por la crisis económica. Así, los expertos nacionales han admitido a la agencia europea «la relación entre la explotación laboral grave y la crisis económica» en Portugal y Grecia y los expertos nacionales de Portugal han reconocido en particular que «la explotación laboral, así como situaciones que implican esclavitud parecen estar al alza en Portugal y en España».

La forma de explotación más común de trabajadores que se trasladan a otro Estado miembro o a la UE es la explotación de trabajadores de otros países, lo que implica situaciones como trabajar sin recibir el suelo correspondiente o muy por debajo del salario mínimo, el retorno de parte de la remuneración al propio empresario, la ausencia de pagos a la Seguridad Social, trabajar jornadas excesivamente largas durante seis e incluso los siete días de la semana, trabajo sin contrato o bajo continuas amenazas de deportación y condiciones de hacinamiento y la retención del pasaporte, entre otros.

La legislación entre los diferentes países es muy diferente, hasta el punto que en algunos países la explotación laboral severa no se considera un delito criminal y en otros sólo se persigue por ejemplo en el caso de que una persona esté en situación irregular en el país o sólo se protege a los nacionales de terceros países, pero no a los de otros países de la UE y ello dificultad enormemente la cooperación entre países. Los únicos países que garantizan el mismo nivel de protección frente a la explotación laboral de otros nacionales de la UE como de terceros países son Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos.

Por lo que se refiere a la explotación de inmigrantes, su situación de irregularidad constituye un importante factor de riesgo en España, junto con Eslovaquia, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos y Polonia, según datos del informe. Los expertos de la agencia también ven problemático el prejuicio contra los trabajadores que se muda a la UE o a otro Estado miembro porque «puede llevar a la tolerancia a su explotación por parte del público».

En España, por ejemplo se ve a la sociedad como «cómplice» en el fracaso a la hora de actuar contra la explotación laboral grave por los beneficios de explotar a los inmigrantes.

«No hay una condena social. No se frunce el ceño cuando un empresario tiene muchos inmigrantes irregulares que trabajan para él y les explota (…) No se condena que los inmigrante vivan en condiciones inhumanas», ha reconocido un representante de un sindicato en España, citado por el informe. El documento también señala un problema de «impunidad» y la falta de condenas, frecuentemente centradas además en castigar el tráfico humano y no tanto la explotación laboral en sí, así como la falta de compensación a las víctimas, según critica el informe. El texto cita el caso de un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español que admitió las dificultades a la hora de atajar redes criminales internacionales responsables de explotar a un gran número de trabajadores extranjeros al reconocer que «el sistema judicial no está preparado para asumir estos casos enormes», vinculados al crimen organizado.

El informe reconoce que las multas a las empresas que explotan a trabajadores extranjeros son demasiado bajas, incluido en países como Reino Unido, Austria, Bélgica, República Checa y Lituania. Y reconoce que la dificultad en identificar a los responsables también puede plantear problemas para acudir a la justicia y cita los casos de España, Italia e Irlanda, donde las empresas cierran y reabren bajo distintos nombres o se declaran en quiebra para evitar pagar salarios o compensación y ello dificulta perseguirles. Además en la mayoría de países «raramente» se admite la explotación laboral infantil y se vincula a la mendicidad, como es el caso de Austria, Republica Checa, Grecia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia.

Uno de los mayores desafíos detectados por la agencia europea es lograr cumplir la obligación de los Estados miembro de garantizar que todas las víctBimas cuentan con apoyo, según contempla la Directiva sobre Víctimas.

Sólo 19 países garantizan apoyo a las víctimas con independencia de su nacionalidad, país de origen o estatus legal mientras que en dos terceros de los países, incluido en España, los expertos constatan a partir de entrevistas que el servicio de apoyo a las víctimas es inexistente o ineficaz, dado que muchos de los servicios se limitan a víctimas de tráfico. La agencia europea valora la existencia de unidades policiales especializadas encargadas de vigilar la explotación laboral al margen de las autoridades de inspección, como la Unidad Central en Cataluña y en el seno de la Guardia Civil, así como en el caso de Bélgica.

Fuente: lavanguardia.com

Un lustro con más de cinco millones de personas en paro, ajustes salariales y recortes presupuestarios solo puede traducirse en más pobreza. Y así lo evidencian las estadísticas: tras casi una década anclada en el 20%, ya entre las más altas de la UE, la tasa de pobreza relativa —personas con menos del 60% del ingreso mediano de la población— escaló en 2013 al 22%, lo que suponen más de 10 millones de personas. Y el riesgo de exclusión social (que incluye la baja intensidad laboral y la carencia material) afectaba ya al 29%.

Para cerca de 1,8 millones de personas, la pobreza en España ya no es un riesgo, sino una realidad. Son las que viven en lo que la Encuesta de Población Activa del INE identifica como hogares sin ingresos del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de pensiones contributivas. En muchos casos tampoco cobran subsidios. Aquí entra en juego la última red, las rentas mínimas autonómicas.

España, con la segunda mayor tasa (30%) de niños en riesgo de pobreza, está de nuevo entre los señalados.

Las rentas mínimas forman parte de las competencias autonómicas, y cada comunidad decide la cuantía básica, la aportación extra por hijo dependiente, la duración, o los requisitos para acceder a ella, entre otros. El resultado, es un sistema muy desigual y falto de coordinación.

De media, en 2013, la ayuda básica para el titular de un hogar fue de 420 euros al mes, según la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. Pero en Murcia no pasó de 300 euros y en País Vasco supera los 660, algo más que el salario mínimo. Para familias numerosas y sin ingresos, las diferencias se estiran (373 euros por hogar en La Rioja, 962 euros en Navarra).

El contraste es aún más radical si se atiende a cuántos hogares sin ingresos reciben rentas mínimas en cada comunidad. En 2013, de los 1,86 millones de personas que vivían en estos hogares, accedieron a la renta mínima unas 640.000 personas, el 35% del total. Pero en Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares fue menos del 10%, mientras que en Navarra (115% de los hogares sin ingresos) o País Vasco (277%), que permite conjugar renta mínima con empleo y añade una ayuda adicional a la vivienda, hay más beneficiarios que personas en hogares sin ingresos.

En suma, las comunidades se gastaron 1.040 millones en proveer rentas mínimas (apenas un 0,1% del PIB), pero País Vasco puso más del 43% de esa cantidad.

Fuente: elpais.com