Sólo uno de cada 20 contratos es indefinido y a tiempo completo

En lo que va de año, se han firmado casi 2,6 millones de contratos, lo que, según los datos del Ministerio de Empleo, supone un crecimiento del 10,41%. Una cifra muy positiva en un país para el que los 4,5 millones de desempleados sigue siendo una rémora importante a la hora de encarar la recuperación.

Pero detrás de este dato hay una realidad: sólo uno de cada 20 personas contratadas consigue el “contrato perfecto”, el de máxima calidad: indefinido y a tiempo completo. Según las cifras de Empleo, sólo el 5,65% de los trabajadores contratados este año logró ese tipo de relación laboral, mientras que otro 3,6% también lograban contratos fijos, pero a tiempo parcial.

Los mayoritarios en nuestro mercado laboral continuaron siendo los temporales: el 90,7% de los contratos firmados continuaron siendo temporales. En total, de los 2,6 contratos firmados en los dos primeros meses de 2015, 2,35 millones tenían fecha de caducidad.

En 2014, casi el 92% de los contratos fueron temporales.

A pesar de que los contratos temporales continuaron arrasando en este inicio de 2015, lo cierto es que son menos que en años anteriores. Sin ir más lejos, en 2014, de los 16,7 millones de contratos firmados, casi el 92% fueron temporales, una proporción aún mayor que en este inicio de 2015. Medidas como la tarifa plana para el empleo indefinido han ayudado a que éste gane terreno pero no a que sea mayoritario.

Esta mayor proporción de contratos con fecha de caducidad hizo que conseguir un contrato indefinido a tiempo completo fuera casi un milagro el pasado ejercicio: sólo el 4,56% de los contratos fue así. El indefinido a tiempo parcial ya ganó terreno y supuso el 3,51% de las firmas.

La nueva medida anunciada por el Gobierno para fomentar la creación de empleo también empujará la contratación a tiempo parcial. Según anunció el presidente, Mariano Rajoy, en el Debate sobre el Estado de la Nación, la Seguridad Social descontará 500 euros de cotizaciones sociales a cada trabajador que sea contratado. Para las empresas, saldrá más rentable realizar dos contrataciones a tiempo parcial y ahorrarse 1.000 euros a realizar una y ganar 500 euros.

Fuente: El Economista (Inés Calderón)

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La UE sancionará a España si la Junta no reconoce la antigüedad de los interinos

La Comisión Europea inicia una infracción contra el Estado por la baremación en Andalucía de los concursos de méritos de los funcionarios. El TSJA anuló los intentos de cómputo, incumpliendo la sentencia del TJUE que equipara el tiempo trabajado como funcionario de carrera y como interino en la promoción interna de la Junta de Andalucía. La Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en la que considera que las autoridades españolas, apoyadas por una serie de sentencias de los tribunales de Andalucía, ha incumplido las obligaciones de reconocer la antigüedad de los funcionarios interinos en los concursos de méritos antes de ingresar como funcionarios de carrera.

La carta, fechada el 26 de marzo y a la que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, da dos meses al Gobierno para enviar sus observaciones. Esta carta supone el inicio formal de un procedimiento de infracción al Estado español, habitualmente una multa económica.

La postura de la Comisión Europea, que amenaza con llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), viene a poner fin a un aparatoso debate jurídico sobre si el tiempo trabajado como funcionario interino debe sumar en los procesos de ascenso y movilidad, en principio, sólo de los funcionarios de la Administración general, unos 20.000 en la actualidad. Hay opiniones de que este procedimiento es extensible a funcionarios de Justicia e incluso a los de Educación y Sanidad, aunque se regulan por regímenes diferentes.

Andalucía es la única comunidad autónoma que no reconoce este tiempo de experiencia previa. Tras una orden de la Junta en 2002 en la que no reconoció este tiempo, el Consejo Consultivo de Andalucía avisó a la Junta en 2004 de que debía reconocer la antigüedad como hace la Administración general del Estado desde hace más de 30 años, otras comunidades y la Administración local. El Gobierno andaluz dictó entonces una norma idéntica a la estatal, pero en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró nulo el decreto y prohibió el cómputo de estos periodos.

A pesar de la jurisprudencia europea (sentencia del TJUE en el caso Rosado Santana, de 2011), el TSJA ha tumbado de manera reiterada las iniciativas de la Junta por rectificar este criterio. De hecho, el Tribunal Supremo y hasta el Tribunal Constitucional el pasado febrero fallaron que la experiencia de los interinos no computa para los méritos.

Este conflicto jurídico ha paralizado las convocatorias para calcular la antigüedad, el salario y si se cumplen los criterios para conseguir un ascenso. El último concurso se convocó en marzo de 2011. Ese mismo noviembre la Junta practicó una rebaremación de los aspirantes para contabilizar el tiempo de los interinos. La sentencia definitiva del TSJA llegó en octubre de 2012 y la Junta volvió a las bases originales, con las que resolvió el concurso a principios de 2013 para unos 12.000 funcionarios en la comunidad autónoma.

La Junta prometió un nuevo concurso, ya que por ley deben celebrarse cada semestre, pero sigue sin tener claro a qué criterio atenerse. Con la situación encallada, a principios de este año la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, solicitó un dictamen al Consejo Consultivo, que volvió a reiterar los argumentos que ya repitiera hace once años. El Consultivo recomendó aprobar una ley en la que se establezca “que la antigüedad en los concursos de méritos incluye los servicios previos, igual que en la administración del Estado”.

Este dictamen le costó a la consejera, a otros altos cargos de la Junta, al presidente del Consultivo, al letrado mayor y a cuatro de los consejeros del organismo una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ante la Fiscalía Superior de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia. El SAF se apoyó en un voto particular de dos consejeros del Consultivo que votaron en contra del dictamen y que consideraron que éste sólo pretendía “soslayar” las sentencias firmes del TSJA.

Este conflicto ha posicionado a los sindicatos en dos frentes. El SAF y CSIF consideran que no debe computar el tiempo previo, mientras que los sindicatos Ustea, UGT y CCOO creen, junto a la Administración, que sí debe hacerlo.

Los motivos en los que se fundamentó el TSJA son ahora rechazados por la Comisión Europea. El Alto Tribunal andaluz entendió que hay una diferencia entre los funcionarios interinos, que tienen un empleo temporal basado en un procedimiento rápido de contratación, con los permanentes. También que las vías de acceso a estos tiempos de empleo son diferentes, porque el de los funcionarios permanentes es más estricto.

La CE concluye que no cabe “discriminación” por el tipo de contrato o vínculo que se tenga con el empleador ni con la forma en la que entran a trabajar y considera que España “ha incumplido las obligaciones que le corresponden con arreglo a la cláusula 4 del acuerdo marco a la directiva 1999/ 70 /CE sobre el trabajo de duración determinada”. “La referencia a la mera naturaleza temporal del empleo no cumple estos requisitos y, por tanto, no puede constituir, por sí sola, una razón objetiva (…) De lo contrario, los objetivos de la directiva europea quedarían vacíos de contenido y ello equivaldría a perpetuar una situación que es desfavorable para los trabajadores con contratos de duración determinada”, concluye la misiva, firmada por la belga Marianne Thyssen, actual comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral.

Fuente: El diario de Sevilla

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La justicia europea rechaza la definición española de despido colectivo

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El Tribunal de Justicia europeo calificó el miércoles de contraria al derecho de la Unión la definición de despido colectivo recogida en la ley española, por utilizar a la “empresa” como única unidad de referencia a la hora de aplicar los criterios de negociación con los trabajadores.

El tribunal con sede en Luxemburgo dijo que la normativa española debería tener en cuenta también de forma individual los centros de trabajo de cada compañía para aplicar los mecanismos de información y consulta con los representantes de los trabajadores previstos en los despidos colectivos.

La ley española entiende por despido colectivo la extinción de contratos fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte, entre otros, al menos al 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en las que tengan entre 100 y 300 empleados.

La justicia europea considera que la aplicación de este criterio, que considera únicamente a la “empresa” en su conjunto para evaluar si hay o no un despido colectivo e iniciar una negociación para llegar a un acuerdo, conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta a los trabajadores.

“Cuando una ‘empresa’ incluye varias entidades, el ‘centro de trabajo’ en el sentido de la directiva (europea) es la entidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido”, dijo la sentencia dictada el miércoles.

“En consecuencia, procede tomar en consideración el número de despidos efectuado en cada centro de trabajo de una misma empresa”, añadió.

La sentencia añade que únicamente debe sustituirse la referencia del centro de trabajo por el de la empresa “cuando sea favorable para los trabajadores y no implique el abandono o la reducción de su protección laboral.

Fuente: reuters.com

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La patronal alimentaria FIAB despide al 25% de la plantilla

DibujoLa Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha acordado la suspensión de una cuarta parte de su plantilla, compuesta por 30 personas. La patronal alimentaria planea realizar el recorte con acuerdos voluntarios con los trabajadores. La medida, justifica la dirección, ha sido adoptada ante la falta de recursos de la organización. Una falta vinculada a la cuantiosa indemnización tras la salida de su anterior secretario general.

Los problemas en la patronal alimentaria tienen su origen, en parte, en el despido improcedente el pasado año del secretario general Horacio González por el actual presidente Pedro Astals, que costó más de medio millón de euros. A ese gasto se suma el descenso de ingresos por cursos, la caída de las ayudas públicas y la dificultad para elevar las cuotas ante la existencia de posiciones enfrentadas en la propia organización. Los grupos multinacionales tratan de imponer sus tesis mientras las pymes, mayoritariamente españolas, piden protagonismo.

Fuente: elpais.com

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España se sitúa entre los países de la OCDE donde más se depreció el salario mínimo en la crisis

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España fue, después de Irlanda y por delante de Turquía, de la República Checa y de Grecia, el país de la OCDE donde más se ha depreciado en términos relativos el salario mínimo durante la crisis, entre 2007 y 2013, según un estudio publicado hoy.

El salario mínimo pasó a representar en 2013 en España un 41,3 % del salario mediano (el nivel que tiene por encima y por debajo un 50 % del total), 2,6 puntos porcentuales menos de lo que significaba seis años antes, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Eso significa que se situó en la sexta posición por la cola de los 26 miembros que tienen salario mínimo, por delante de la República Checa (36,4 %), México (36,8 %), Estados Unidos (37,4 %), Estonia (38,8 %) y Japón (39 %).

En el caso de Irlanda, la caída relativa durante esos seis años de crisis fue de 5,4 puntos porcentuales, pero quedó en una posición media de la OCDE, con un 47,9 %.

Los países que tenían un salario mínimo más elevado respecto a la mediana de las retribuciones del conjunto de los trabajadores en 2013 eran Colombia (en proceso de acceso a la organización, un 81 % del mediano), Turquía (69,4 %), Chile (67,8 %), Francia (62,8 %), Eslovenia (61,2 %) y Nueva Zelanda (59,5 %).

No obstante, en España el salario mínimo es más bien un suelo que sirve de referencia y no una remuneración habitual, ya que en 2010 era el Estado donde una menor proporción de trabajadores lo recibían (un 0,2 %), por delante de Bélgica (0,3 %), Grecia (0,8 %), Eslovaquia (2,5 %) y Portugal (2,6 %).

En el otro extremo, un 33 % de los trabajadores de Colombia cobraban en ese año el salario mínimo, un 14,7 % en Corea del Sur, un 14,2 % en Letonia, un 12,3 % en Luxemburgo, un 9 % en Holanda, un 8,3 % en el Reino Unido y un 8,2 % en Francia.

Una madre (o un padre) que vive solo en España con dos hijos y que está remunerado al salario mínimo tendría que trabajar 58 horas semanales para obtener una retribución familiar que le permitiera estar por encima del nivel de pobreza.

Una cifra sólo igualada por Grecia (58 horas) y superada por Corea del Sur (59), Estonia (60) y República Checa (79).

Si se tratara de una familia con dos hijos y dos padres pero sólo uno trabaja con una remuneración del nivel del salario mínimo, tendría que hacer 72 horas semanales.

En este segundo caso, únicamente superan a España Estonia (74 horas necesarias para salir de la pobreza) y la República Checa (86).

La OCDE explicó que un salario mínimo muy bajo puede ser insuficiente para que las familias sometidas a ese régimen salgan de la pobreza.

Pero también que si es muy alto, eso puede acarrear una pérdida de empleos y por tanto de ingresos para las familias más desfavorecidas.

En términos absolutos, los salarios mínimos varían mucho de unos países a otros, y los autores del estudio advirtieron de que esas diferencias no necesariamente son indicativas del nivel adquisitivo que permiten unos y otros.

Sólo dentro de la zona euro, las retribuciones en 2013 podían moverse desde los 3.840 euros anuales en Estonia, los 5.820 en Portugal, los 6.825 en Grecia o los 7.744 en España a los 16.694 euros en Alemania (en este caso, se creó en 2015), los 17.163 en Francia, los 18.713 en Bélgica o los 22.194 en Luxemburgo.

Fuente: expansion.com

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El gasto en prestaciones por desempleo baja un 18% en marzo y la cobertura cae al 55,3%

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Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.794,3 millones de euros el pasado mes de marzo, un 18% menos que en igual mes de 2014, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 792,2 euros, lo que supone un descenso de 46,3 euros (-5,5%) sobre el mismo mes del año 2014.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en marzo los 804,6 euros, con un descenso de 13,3 euros sobre el mismo mes de 2014 (-1,6%).

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Empleo ha publicado este martes las cifras del gasto en desempleo de marzo de 2015 y los datos de paro de abril.

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en marzo a 670.478, lo que representa un descenso del 13,3% respecto a igual mes de 2014.

De acuerdo con los datos del Ministerio, en el tercer mes del año se tramitaron en total 652.656 altas, un 13,3% menos que en marzo de 2014. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 1,45 días, inferior en un 2,1% a la de marzo de 2014.

LA COBERTURA A LOS PARADOS BAJA AL 55,3%.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de marzo ascendieron a 2.318.581, un 13,2% menos que en el mismo mes de 2014. La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó en el 55,35%, frente al 58,93% de un año atrás, lo que supone un descenso de la cobertura del 6,1%.

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en marzo pasado a 220.447, cifra que representa un descenso del 15,7% respecto al mismo mes de 2014.

El recorte fue más pronunciado entre los beneficiarios de países extracomunitarios (-18,3%) que entre los procedentes de la UE (-11,6%). Los beneficiarios extranjeros suponen el 32,2% del total de demandantes de empleo no nacionales.

El gasto del antiguo Inem en las prestaciones percibida la por los extranjeros alcanzó en marzo los 139,2 millones de euros, un 19,4% menos. En relación con el gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representó el 7,8%.

Fuente: elEconomista.es

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Radiografía de la desigualdad salarial en España

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Fuente: El País

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