España, uno de los países con más casos de explotación laboral

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España, junto con Portugal, Alemania, Francia, Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Polonia y Croacia son los trece países de la UE donde los expertos nacionales han percibido que se producen “más frecuentemente” casos de explotación laboral grave, según el informe ‘Explotación laboral severa en la UE’ de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que publica este martes.

El informe denuncia que la explotación laboral grave “está generalizada en la UE” en sectores como el agrícola, construcción, hotelero y servicios de catering y trabajo doméstico fundamentalmente, y que el problema y sus efectos adversos sobre nacionales de terceros países y ciudadanos de la UE han recibido escasa atención.

En el caso de España, los principales sectores económicos donde predomina la explotación laboral son el sector agrícola, forestal y de pesca, el hotelero y actividades de servicios alimentarios y el trabajo doméstico, según el informe, que cita el caso concreto de una mujer ecuatoriana empleada del hogar en España que cuidaba de una persona mayor obligada a “turnos excesivos” pero sin cobrar un salario “acorde” y que acudió a una ONG para recibir ayuda, pero no denunció su caso ante la justicia.

Uno de cada cinco expertos nacionales -inspectores laborales, jueces, fiscales, policías o personal de apoyo a las víctimas- han reconocido a la agencia europea que ven “dos o más casos a la semana” de explotación laboral grave, ha explicado en rueda de prensa el responsable del informe, el doctor Albin Deaing. “Esto es la base que nos lleva a decir que (el problema) es endémico”, ha precisado.

Aunque no cuentan con el número total de personas que son objeto de explotación laboral severa ni el porcentaje de la fuerza laboral que representan, el experto ha dejado claro que el problema afecta a “nacionales de terceros países que se trasladan a la UE y la inmigración intraeuropea”.

“Ambos son muy importantes y no estaría en posición de decir cuál está en mayor riesgo”, ha recalcado, si bien ha admitido que los inmigrantes de terceros países son objeto de “las formas más severas de explotación, que llevan a la servidumbre o esclavitud” y ha precisado que la mayor o menor explotación se dará en función de “diferencias de ingresos y costes de vida”.

“Muchos de los trabajadores están riesgo de ser explotados en los países donde la situación del trabajo es más atractiva y el nivel de ingresos es más atractivo”, ha explicado. No obstante, la explotación también afecta a los países afectados por la crisis económica. Así, los expertos nacionales han admitido a la agencia europea “la relación entre la explotación laboral grave y la crisis económica” en Portugal y Grecia y los expertos nacionales de Portugal han reconocido en particular que “la explotación laboral, así como situaciones que implican esclavitud parecen estar al alza en Portugal y en España”.

La forma de explotación más común de trabajadores que se trasladan a otro Estado miembro o a la UE es la explotación de trabajadores de otros países, lo que implica situaciones como trabajar sin recibir el suelo correspondiente o muy por debajo del salario mínimo, el retorno de parte de la remuneración al propio empresario, la ausencia de pagos a la Seguridad Social, trabajar jornadas excesivamente largas durante seis e incluso los siete días de la semana, trabajo sin contrato o bajo continuas amenazas de deportación y condiciones de hacinamiento y la retención del pasaporte, entre otros.

La legislación entre los diferentes países es muy diferente, hasta el punto que en algunos países la explotación laboral severa no se considera un delito criminal y en otros sólo se persigue por ejemplo en el caso de que una persona esté en situación irregular en el país o sólo se protege a los nacionales de terceros países, pero no a los de otros países de la UE y ello dificultad enormemente la cooperación entre países. Los únicos países que garantizan el mismo nivel de protección frente a la explotación laboral de otros nacionales de la UE como de terceros países son Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos.

Por lo que se refiere a la explotación de inmigrantes, su situación de irregularidad constituye un importante factor de riesgo en España, junto con Eslovaquia, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos y Polonia, según datos del informe. Los expertos de la agencia también ven problemático el prejuicio contra los trabajadores que se muda a la UE o a otro Estado miembro porque “puede llevar a la tolerancia a su explotación por parte del público”.

En España, por ejemplo se ve a la sociedad como “cómplice” en el fracaso a la hora de actuar contra la explotación laboral grave por los beneficios de explotar a los inmigrantes.

“No hay una condena social. No se frunce el ceño cuando un empresario tiene muchos inmigrantes irregulares que trabajan para él y les explota (…) No se condena que los inmigrante vivan en condiciones inhumanas”, ha reconocido un representante de un sindicato en España, citado por el informe. El documento también señala un problema de “impunidad” y la falta de condenas, frecuentemente centradas además en castigar el tráfico humano y no tanto la explotación laboral en sí, así como la falta de compensación a las víctimas, según critica el informe. El texto cita el caso de un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español que admitió las dificultades a la hora de atajar redes criminales internacionales responsables de explotar a un gran número de trabajadores extranjeros al reconocer que “el sistema judicial no está preparado para asumir estos casos enormes”, vinculados al crimen organizado.

El informe reconoce que las multas a las empresas que explotan a trabajadores extranjeros son demasiado bajas, incluido en países como Reino Unido, Austria, Bélgica, República Checa y Lituania. Y reconoce que la dificultad en identificar a los responsables también puede plantear problemas para acudir a la justicia y cita los casos de España, Italia e Irlanda, donde las empresas cierran y reabren bajo distintos nombres o se declaran en quiebra para evitar pagar salarios o compensación y ello dificulta perseguirles. Además en la mayoría de países “raramente” se admite la explotación laboral infantil y se vincula a la mendicidad, como es el caso de Austria, Republica Checa, Grecia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia.

Uno de los mayores desafíos detectados por la agencia europea es lograr cumplir la obligación de los Estados miembro de garantizar que todas las víctBimas cuentan con apoyo, según contempla la Directiva sobre Víctimas.

Sólo 19 países garantizan apoyo a las víctimas con independencia de su nacionalidad, país de origen o estatus legal mientras que en dos terceros de los países, incluido en España, los expertos constatan a partir de entrevistas que el servicio de apoyo a las víctimas es inexistente o ineficaz, dado que muchos de los servicios se limitan a víctimas de tráfico. La agencia europea valora la existencia de unidades policiales especializadas encargadas de vigilar la explotación laboral al margen de las autoridades de inspección, como la Unidad Central en Cataluña y en el seno de la Guardia Civil, así como en el caso de Bélgica.

Fuente: lavanguardia.com

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Las rentas mínimas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos

Un lustro con más de cinco millones de personas en paro, ajustes salariales y recortes presupuestarios solo puede traducirse en más pobreza. Y así lo evidencian las estadísticas: tras casi una década anclada en el 20%, ya entre las más altas de la UE, la tasa de pobreza relativa —personas con menos del 60% del ingreso mediano de la población— escaló en 2013 al 22%, lo que suponen más de 10 millones de personas. Y el riesgo de exclusión social (que incluye la baja intensidad laboral y la carencia material) afectaba ya al 29%.

Para cerca de 1,8 millones de personas, la pobreza en España ya no es un riesgo, sino una realidad. Son las que viven en lo que la Encuesta de Población Activa del INE identifica como hogares sin ingresos del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de pensiones contributivas. En muchos casos tampoco cobran subsidios. Aquí entra en juego la última red, las rentas mínimas autonómicas.

España, con la segunda mayor tasa (30%) de niños en riesgo de pobreza, está de nuevo entre los señalados.

Las rentas mínimas forman parte de las competencias autonómicas, y cada comunidad decide la cuantía básica, la aportación extra por hijo dependiente, la duración, o los requisitos para acceder a ella, entre otros. El resultado, es un sistema muy desigual y falto de coordinación.

De media, en 2013, la ayuda básica para el titular de un hogar fue de 420 euros al mes, según la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. Pero en Murcia no pasó de 300 euros y en País Vasco supera los 660, algo más que el salario mínimo. Para familias numerosas y sin ingresos, las diferencias se estiran (373 euros por hogar en La Rioja, 962 euros en Navarra).

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El contraste es aún más radical si se atiende a cuántos hogares sin ingresos reciben rentas mínimas en cada comunidad. En 2013, de los 1,86 millones de personas que vivían en estos hogares, accedieron a la renta mínima unas 640.000 personas, el 35% del total. Pero en Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares fue menos del 10%, mientras que en Navarra (115% de los hogares sin ingresos) o País Vasco (277%), que permite conjugar renta mínima con empleo y añade una ayuda adicional a la vivienda, hay más beneficiarios que personas en hogares sin ingresos.

En suma, las comunidades se gastaron 1.040 millones en proveer rentas mínimas (apenas un 0,1% del PIB), pero País Vasco puso más del 43% de esa cantidad.

Fuente: elpais.com

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CaixaBank llevará a cabo un ERE que afectará a 750 personas de toda España

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El ERE planteado por CaixaBank para unas 750 personas en toda España afecta principalmente a la comunidad andaluza, donde el banco catalán cree que tiene un excedente de 284 personas, de las que 172 corresponden a la provincia de Sevilla, han explicado fuentes sindicales.

Sindicatos y dirección se han reunido hoy de nuevo para hablar sobre el ERE que quiere poner en marcha el banco en España con el fin de reducir el excedente de personal que asegura que tiene en comunidades originarias de las cajas que dieron lugar a Banca Cívica.

Aunque no ha habido avances en la negociación, por lo que mañana se iniciará el período oficial de consultas, la reunión de hoy ha servido para que CaixaBank detallara los excedentes de personal que tiene en varios territorios.

El segundo territorio donde CaixaBank considera que tiene más exceso de personal es la comunidad canaria, con 77 personas, a la que seguiría la comunidad de Madrid, con 75 personas, mientras que en Navarra calcula que su excedente es de 41 personas.

Con todo, las fuentes sindicales consultadas avisan de que ello no quiere decir que las 750 personas del ERE se vayan a repartir estrictamente así, ya que el banco juega también con otros factores, como las prejubilaciones que se puedan dar en cada territorio o bien las personas que se trasladaron a trabajar a Cataluña procedentes de esos territorios.

Otra novedad del encuentro de hoy es que CaixaBank ofrece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, a las personas que despida en el ERE, lo que afecta al colectivo de personas que hayan nacido con posterioridad a 1962.

Para los de más de 53 años plantea una especie de prejubilaciones que consistirían en abonarles el equivalente a un porcentaje de su sueldo -entre el 55 y el 57 %, según su edad-, y en pagarles en convenio especial de la Seguridad Social hasta una edad tope -hasta los 61 o los 63 años, según la edad de los afectados-.

Fuentes sindicales han asegurado que además de las 750 personas del ERE el banco plantea 300 traslados de empleados de comunidades con exceso de personal hacia comunidades con carencia de personal, como Cataluña o Baleares, por lo que el colectivo afectado es en realidad de 1.050 personas.

Según los datos facilitados hoy por Caixabank, el exceso de personal en la red es de 469 personas, de las cuales 284 corresponden a Andalucía: 172 a Sevilla, 46 a Cádiz, 42 a Huelva, 9 a Almería, 6 a Granada, 5 a Málaga y 4 a Córdoba.

En el caso de Canarias, Santa Cruz de Tenerife tiene un exceso de personal de 59 personas y Las Palmas de 18; en Madrid hay un desequilibrio de 75 empleados; en Navarra es de 41, en la provincia de Burgos de 5 personas y en la de Guadalajara de 8.

Algunas de las provincias señaladas en el mapa de CaixaBank, por el contrario, tienen falta de personal: seis personas en el caso de la provincia de Zaragoza; tres en la de Valencia, siete en la de Alicante y 5 en la de Murcia.

CaixaBank ha puesto estas provincias en el mapa del ERE porque, al igual que las otras mencionadas, tienen la peculiaridad de disponer de personal desplazado básicamente a Cataluña con derecho a retorno a sus territorios de origen, lo que suma en todas estas provincias 694 personas.

El banco catalán aporta este dato porque entiende que es un factor que tener en cuenta para acabar de afinar el ajuste de personal que se hará en cada territorio.

Por ejemplo, en el caso de Andalucía, hay 271 desplazados con derecho a regresar a su territorio de origen, de los cuales 184 corresponden a la provincia de Sevilla, 19 a Cádiz, 6 a Huelva, 12 a Almería, 9 a Granada, 26 a Málaga y 15 a Córdoba.

Fuente: finanzas.com

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El Supremo anula el artículo de la reforma laboral que facilitó los ERE en las administraciones

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El Tribunal Supremo ha anulado la definición de “insuficiencia presupuestaria” que incluía un reglamento de la reforma laboral de 2012 y que justificaba los ERE del personal laboral público por causas económicas, al considerar que es contrario al Estatuto de los Trabajadores.

En una sentencia, el Alto Tribunal estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Para los magistrados, la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo para el personal laboral público.

Según explica el Supremo, el artículo 35.3 del Reglamento introduce como criterios para determinar si hay insuficiencia presupuestaria el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos en un 5 % en el ejercicio corriente o en un 7 % en los dos ejercicios anteriores.

En su opinión, los dos requisitos “seguramente” pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria, esto es, aquellas en las que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados.

Pero aclara que “lo que la norma legal de referencia”, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores, configura como causa justificativa del despido colectivo es la “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”.

Unos calificativos que están “literalmente ausentes” del precepto que ahora anula, que considera que no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente.

Así, precisa que el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia y, sobre la minoración de créditos, aunque pueda ser indicio de esta situación, “no conduce ineluctablemente a ella”. “Más aún, este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal”. Comunicar las medidas En la misma sentencia, el TS anula también el apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral. Los magistrados señalan que no es de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral. No obstante, no entra a examinar parte del recurso por haber perdido parcialmente su objeto como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, en la que avaló la reforma laboral emprendida por el Gobierno en 2012.

Además, el Alto Tribunal ha dictado otras dos resoluciones en las que rechaza los recursos de UGT, CCOO y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, que regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, órgano necesario para el funcionamiento del llamado descuelgue de los convenios colectivos.

Nuevamente, señala que parte de los recursos han perdido su objeto por la misma sentencia del TC, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobar el decreto.

Fuente: eldiario.es

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Cada español ha perdido un 25% de su salario real desde 2007, mientras el alemán ha ganado un 5%

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Los datos de la agencia Thomson Reuters muestran que, desde que estalló la crisis, el salario real en España se ha reducido en una cuarta parte, mientras que en Estados Unidos y Alemania han subido un 5% y en Reino Unido han caído un 7,5%. La oficina de estadísticas europea Eurostat recuerda que, en apenas ocho años, el sueldo anual del español medio ha bajado en 2.000 euros.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sueldos en nuestro país han bajado de forma consecutiva a lo largo de los últimos ejercicios: en 2010, por ejemplo, bajaron un 1,1%, mientras que un año más tarde descendieron un 1,9%. Ya en 2012 cayeron un 3% mientras que en 2013 cedieron otro 1,5% (mientras la media mundial subió un 2%), lo mismo que en 2014.

¿Y cuál ha sido la consecuencia? Acudimos a las cifras de la agencia Thomson Reuters que ha publicado el diario Financial Times para descubrirlo. Según sus cálculos, desde el año 2007 los salarios reales han caído en España un 25%, mientras que en Reino Unido lo han hecho a un ritmo del 7,5%.

Esto significa que el sueldo de un español medio se ha reducido una cuarta parte, tres veces más que en el caso de un británico.

La comparación todavía es más abrumadora si miramos las evoluciones de Estados Unidos y Alemania. En ambos países, asegura Reuters, los sueldos reales han crecido en torno a un 5% desde que estalló la crisis.

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El salario medio es un 20% más bajo que en la UE

La empresa de Recursos Humanos Adecco ha publicado recientemente una comparativa sobre los sueldos en Europa basándose en los datos oficiales de la oficina de estadísticas comunitaria Eurostat.

Según el estudio, el español medio gana 1.634 euros al mes; por tanto, alrededor de 19.608 euros al año. Este salario es un 20% más bajo que en la media de la Unión Europea, donde se sitúa en 2.062 euros (al año, son 24.744 euros). En el ranking de los Veintiocho, ocupamos el puesto 14.

En el registro histórico de Eurostat descubrimos que en 2008 el sueldo anual de un español medio se situó en 21.500 euros, lo que significa que, desde entonces, ha perdido casi 2.000 euros de retribución anual.

Por el momento, los agentes sociales se han puesto de acuerdo y han anunciado una subida de los salarios del 1% para este año y del 1,5% en 2016.

Fuente: idealista/news

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El TC no ve discriminación por edad en los despidos de mayores de 55 años si la empresa ofrece ayudas

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El Tribunal Constitucional considera que no existe discriminación por edad en los despidos colectivos que afectan a los mayores de 55 años si la empresa adopta medidas para minimizar el perjuicio ocasionado a los trabajadores afectados.

Así lo explica en una sentencia en la que deniega el amparo a cuatro trabajadoras mayores de 55 años del Instituto Valenciano de la Vivienda, que fueron incluidas en un procedimiento de despido colectivo siguiendo los criterios fijados para la designación de los trabajadores que se verían afectados por el mencionado expediente de regulación de empleo (ERE).

Uno de esos criterios era el de la edad, de tal forma que para seleccionar los trabajadores que serían despedidos se tendrían en cuenta aquellos que se encontraran en una situación más próxima a la jubilación. Finalmente, todos los trabajadores de la empresa con 55 o más años resultaron afectados por el despido colectivo, en concreto 35 de un total de 211 despidos.

Las cuatro demandantes de amparo interpusieron entonces una demanda contra el Instituto Valenciano de la Vivienda y contra el presidente de comité de empresa al entender que su despido vulneraba el artículo 14 de la Constitución Española al haber existido discriminación por edad.

El Juzgado de lo Social desestimó su demanda y las recurrentes interpusieron entonces recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, obteniendo el mismo resultado.

Posteriormente, acudieron al Tribunal Constitucional en amparo, aunque éste tampoco les ha dado la razón. El Constitucional entiende que la selección de trabajadores en función de una edad próxima a la jubilación es un criterio “adecuado y proporcionado” siempre que se adopten medidas efectivas para evitar o minimizar los datos que la extinción del contrato produce en los afectados. Al respecto, el Alto Tribunal recuerda que la ley establece la obligatoriedad de la empresa de financiar un convenio especial con la Seguridad Social para generar derecho a pensión sin estar trabajando a aquellos trabajadores de 55 o más años afectados por un despido colectivo que no tuvieran la condición de mutualista a 1 de enero de 1967.

Asimismo, una vez agotada la prestación por desempleo, los trabajadores mayores de 55 años que carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) y cuya renta media en la unidad familiar tampoco supere esa cantidad, pueden cobrar un subsidio por desempleo hasta cumplir la edad de acceso a la pensión de jubilación.

CONVENIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y COMPLEMENTOS ECONOMICOS.

En el caso de las cuatro trabajadoras despedidas, todas suscribieron el mencionado convenio especial con la Seguridad Social. Pero además, subraya el TC, la empresa estableció determinadas mejoras voluntarias de la prestación por desempleo para los trabajadores de mayor edad, que elevaban su duración cuanto mayor fuera la edad del afectado.

Así, para los trabajadores de 45 a 49 años se pactó una cuota mensual bruta de 840 euros desde el acceso a la prestación por desempleo durante un periodo máximo de seis meses; para los trabajadores de 50 a 57 años se estableció un pago de 840 euros durante los primeros ocho meses y un noveno mes de 420 euros, mientras que para los trabajadores de 58 y 61 años se situó el periodo de pago de estos 840 euros mensuales en un máximo de doce meses.

El Constitucional entiende que este complemento empresarial pretendía evitar que los trabajadores afectados por el despido sufrieran un perjuicio desproporcionado respecto de su situación en activo. Así, considera que, gracias a que la empresa tomó medidas adicionales para ayudar a este grupo de afectados, no existió discriminación por razón de edad.

Fuente: elEconomista.es

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Uno de cada cuatro desempleados lleva tres años o más sin trabajo

Uno de cada cuatro desempleados lleva tres años o más sin trabajo

Más de siete años de desplome laboral han dejado en España heridas muy difíciles de cerrar. Una de ellas es, sin duda, el paro de larga duración. Y esto se comprueba con cada dato que asoma sobre el mercado de trabajo. Uno de ellos se conoció ayer: 1,4 millones de desempleados lleva tres años o más sin trabajar. O lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas en paro (5,6 millones) llevan al menos un trienio en esa situación, según la submuestra de la encuesta de población activa (EPA).

Las cifras divulgadas ayer, correspondientes a datos extraídos durante todo el ejercicio 2014, pueden incluso quedarse cortas, puesto que el INE extrae estos 1,4 millones de parados del colectivo de trabajadores que han tenido un empleo antes de perderlo, poco más de cinco millones. Por tanto, fuera de esta cuenta se quedan quienes siendo parados no tienen experiencia laboral previa, unos 600.000.

Estos datos demuestran que la pregonada mejora laboral no llega a quienes peor lo están pasando: los que llevan más tiempo sin empleo. Esto ya se observaba en la EPA correspondiente al primer trimestre de 2015 —que hizo referencia a quien encadena más de dos años en paro—, publicada hace un par de semanas y se ve con más precisión en este estudio correspondiente a todo 2014.

El año pasado creció en más de 100.000 personas el grupo de parados que lleva más de tres años sin empleo y escaló cuatro puntos porcentuales, del 21% al 25%. La evolución numérica y porcentual de este grupo solo puede comprenderse a la vista de la larga duración de la crisis. En 2007 apenas suponían 250.000 trabajadores. Pero la caída de actividad económica y falta de ofertas de empleo han elevado la cifra hasta los 1,4 millones. Además, este incremento se ha dado con más fuerza en los últimos años: en 2010 no sumaban medio millón.

Esta evolución está en consonancia con la evolución del desempleo de larga duración, un concepto más amplio que incluye a los parados que llevan un año o más sin trabajar. No obstante, lo sucedido en los últimos trimestres apunta con precisión dónde va a estar el principal problema para reducir el paro de larga duración. El colectivo desocupado entre uno y dos años se reduce. Entre tanto, el grupo que lleva dos o más sin trabajo apenas ha comenzado a bajar y, visto los datos de ayer, probablemente solo entre quienes hace menos tiempo que perdieron su empleo.

La submuestra de la EPA también da una idea de todo lo que queda por hacer —y no se ha hecho en siete años de crisis— con este colectivo cuando se trata de formación para el empleo. De todos los parados, una media de 954.000 recibía algún tipo de formación, reglada o no, durante 2014. Sin embargo, esta cifra, que no discrimina por el tiempo pasado sin empleo y sí por la edad, muestra que son los más jóvenes quienes reciben la formación. Los mayores de 45 años apenas suman 134.800 personas, lo que dificulta mucho la reinserción laboral de un grupo en el que hay más falta de formación: más del 60% de los mayores de 45 años en paro no tiene finalizada la educación secundaria obligatoria.

Fuente: elpais.com

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