UPyD aplicará la reforma del gobierno para despedir al 75% de su plantilla

Unión, Progreso y Democracia sigue sufriendo las consecuencias de su práctica desaparición del mapa político el pasado 24 de mayo. La dirección del partido ha anunciado esta tarde el despido del 75 por ciento de sus trabajadores. En total la formación se deshace de 40 de los 53 empleados aplicando la reforma del gobierno de Rajoy. Esto es pagándoles una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses. Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado la Cadena SER, la propuesta de ERE ha sentado muy mal a los trabajadores que han recordado que la líder del partido, Rosa Díez se ha mostrado siempre muy combativa con la legislación laboral del PP.

Los trabajadores “amortizados” (así se refiere a los despedidos la dirección del partido) tendrán que dejar su puesto de trabajo el 12 de julio, un día después del congreso extraordinario del que saldrá el relevo de Rosa Díez al frente de la formación. Los empleados que sigan trabajando para el partido verán reducido su poder adquisitivo por una rebaja del 20 por ciento del salario con una retribución máxima de 32.000 euros brutos al año. Estos permitirán que UPyD pueda seguir trabajando hasta las elecciones generales previstas para finales de año. a propuesta presentada por UPyD incluye supuestos motivos para los despidos. Por ejemplo la falta de profesionalidad o experiencia.

Además de la reducción de plantilla, el partido cerrará todas sus sedes menos una, incluida la nacional situada en la calle Cedaceros de la capital, junto al Congreso de los Diputados. UPyD solo dejará abierta la de la Comunidad de Madrid. Estas medidas drásticas se justifican, dice la ejecutiva, por la “situación financiera insostenible” en la que se encuentra la formación.

Fuente: cadenaser.com

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Detenido por trata de seres humanos con fines de explotación laboral

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Agentes de la Comisaría Provincial de Albacete han detenido a F.D., de 35 años, con amplio historial delictivo, como presunto autor de diversos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y robo con violencia e intimidación.

La investigación policial se remonta a unos hechos acaecidos el pasado verano, durante la campaña de recolección de ajos y cebollas, que supone la afluencia a la provincia de Albacete de un importante número de temporeros, en su mayoría inmigrantes extranjeros, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Un grupo de trabajadores rumanos comparecieron en dependencias policiales para denunciar que, a principios del verano de 2014, cuando se encontraban en su país, un integrante del grupo criminal encabezado por el ahora detenido, les había ofrecido trabajar en España en labores de recolección agrícola, con unas inicialmente correctas condiciones laborales que resultaron finalmente incumplidas, ya que una vez en España comprobaron cómo eran hacinados en una nave industrial de Balazote (Albacete), la misma que servía de almacén para los ajos previamente recolectados, junto a otras setenta personas más, durmiendo hombres, mujeres y menores en el suelo.

Estos trabajadores tenían que abobar por este alojamiento 80 euros al mes, además de descontarles otras cantidades por diversos conceptos: 50 euros por el transporte desde Rumanía a España, 60 euros por tramitarles la obtención de un certificado de NIE, que finalmente les era retenido, 5 euros diarios por el transporte hasta el trabajo, más otras comisiones con argumentos diversos.

Los abusos anteriores se prolongaban al ámbito laboral, con jornadas de doce horas, que se intensificaban los fines de semana con horarios de 07.30 a 01.30 de la madrugada.

Los trabajadores no fueron dados de alta en la Seguridad Social, siendo falsificados los contratos de trabajo, y en cuanto a su salario, después de los descuentos ya mencionados, el escaso dinero que deberían percibir, eran obligados a entregarlo al detenido en el mismo acto de tratar cobrar el cheque nominativo en la entidad bancaria, para lo cual era acompañados hasta la sucursal bancaria por el detenido y otros compinches, que les amenazaban de muerte, de negarse a ello.

Fuente: elEconomista.es

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Fraude laboral en subcontratas municipales: en Valdemoro un trabajador sin contrato pierde dos dedos en un accidente

Pista de Hielo de Valdemoro. Celtibera. UTE Proyectos Unika.

Pista de Hielo de Valdemoro

El accidente de este empleado destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían contrato.

La representación legal del trabajador acaba de interponer una querella criminal contra las empresas adjudicatarias y contra el concejal de Cultura del Ayuntamiento.

Alberto llevaba nueve meses trabajando en la pista de hielo de Valdemoro (Madrid). El pasado 29 de abril pulía la pista cuando sufrió un accidente laboral con la máquina que estaba utilizando. Perdió dos dedos de su mano izquierda. Su accidente destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían un contrato laboral.

La representación legal de Alberto acaba de interponer una querella criminal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave y profesional contra las tres empresas que se adjudicaron la pista de hielo, contra la empresa a la que éstas subcontrataron el servicio, y contra el concejal de Cultura, Deportes y Festejos de Valdemoro, Bernardo Campo Monreal.

“El trabajador accidentado fue puesto a trabajar por la empresa sin darle de alta, sin contrato, sin darle la más mínima formación preventiva, sobre todo en lo relativo al manejo de la máquina”, resume la querella. Esta situación se extendía a las otras veinte personas que trabajan en la pista. Sin embargo, y según ha tenido conocimiento la representación legal de Alberto, una vez que se produjo el accidente, la empresa comenzó a dar de alta en la Seguridad Social al resto de la plantilla.

El empleado, que ejercía de profesor y monitor de patinaje, percibía un salario irregular que la empresa le abonaba tras finalizar su jornada diaria. Prestaba sus servicios entre dos y tres días a la semana en los que trabajaba de dos a cuatro horas. Según explica la querella, a pesar de que el empleado pidió en varias ocasiones que su situación se regularizara, la empresa no lo hizo.

Sus abogados tienen claro que se trataba de una relación laboral a todos los efectos, y lo mismo sucede con el resto de la plantilla. “Desde el inicio de la relación contractual ha existido una verdadera relación de carácter laboral puesto que en esta concurren las notas de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia al ámbito de organización y dirección de la empresa sin que en ningún momento se llegase a formalizar”, afirma la querella.

En el informe de los servicios de emergencia que atendieron a Alberto consta que lo que le sucedió fue un accidente laboral al introducir accidentalmente la mano en el aparato que manejaba, lo que le ocasionó la amputación de dos dedos. Además de la querella, la representación de Alberto presentará estos días un escrito a la Inspección de Trabajo y otro al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la pista de hielo de Valdemoro pero no ha recibido, de momento, explicación alguna sobre el caso. También con el Ayuntamiento de Valdemoro. A falta de una respuesta oficial, un portavoz aseguró que se trataría de una infracción laboral y que debe ser la autoridad laboral la que actúe. En todo caso, señaló que el Consistorío analizaría las medidas correspondientes que hubiera que tomar.

Una adjudicación subcontratada

La oferta de adjudicación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 13 de agosto de 2012. Fue la UTE formada por ‘Proyectos, servicios y formación para el ocio, el deporte y la salud’, y por la sociedad ‘Unika proyectos y Obras’ la que se hizo con el servicio. Sin embargo, subcontrataron el trabajo a una tercera mercantil: Celtibera de servicios integrales.

No obstante, el abogado del trabajador accidentado, Antonio Valenciano, ha pedido que los acusados presenten el contrato de la adjudicación, ya que no aparece publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Eldiario.es ha intentando también conseguirlo sin éxito, a pesar de que un portavoz del ayuntamiento asegura que está disponible en su página web.

En la última información mercantil publicada sobre Celtiberia constan cinco incidencias por no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda por valor de 409 euros.

 

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