El accidente de este empleado destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían contrato.

La representación legal del trabajador acaba de interponer una querella criminal contra las empresas adjudicatarias y contra el concejal de Cultura del Ayuntamiento.

Alberto llevaba nueve meses trabajando en la pista de hielo de Valdemoro (Madrid). El pasado 29 de abril pulía la pista cuando sufrió un accidente laboral con la máquina que estaba utilizando. Perdió dos dedos de su mano izquierda. Su accidente destapó un fraude laboral: ni él ni sus veinte compañeros de trabajo tenían un contrato laboral.

La representación legal de Alberto acaba de interponer una querella criminal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave y profesional contra las tres empresas que se adjudicaron la pista de hielo, contra la empresa a la que éstas subcontrataron el servicio, y contra el concejal de Cultura, Deportes y Festejos de Valdemoro, Bernardo Campo Monreal.

«El trabajador accidentado fue puesto a trabajar por la empresa sin darle de alta, sin contrato, sin darle la más mínima formación preventiva, sobre todo en lo relativo al manejo de la máquina», resume la querella. Esta situación se extendía a las otras veinte personas que trabajan en la pista. Sin embargo, y según ha tenido conocimiento la representación legal de Alberto, una vez que se produjo el accidente, la empresa comenzó a dar de alta en la Seguridad Social al resto de la plantilla.

El empleado, que ejercía de profesor y monitor de patinaje, percibía un salario irregular que la empresa le abonaba tras finalizar su jornada diaria. Prestaba sus servicios entre dos y tres días a la semana en los que trabajaba de dos a cuatro horas. Según explica la querella, a pesar de que el empleado pidió en varias ocasiones que su situación se regularizara, la empresa no lo hizo.

Sus abogados tienen claro que se trataba de una relación laboral a todos los efectos, y lo mismo sucede con el resto de la plantilla. «Desde el inicio de la relación contractual ha existido una verdadera relación de carácter laboral puesto que en esta concurren las notas de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia al ámbito de organización y dirección de la empresa sin que en ningún momento se llegase a formalizar», afirma la querella.

En el informe de los servicios de emergencia que atendieron a Alberto consta que lo que le sucedió fue un accidente laboral al introducir accidentalmente la mano en el aparato que manejaba, lo que le ocasionó la amputación de dos dedos. Además de la querella, la representación de Alberto presentará estos días un escrito a la Inspección de Trabajo y otro al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la pista de hielo de Valdemoro pero no ha recibido, de momento, explicación alguna sobre el caso. También con el Ayuntamiento de Valdemoro. A falta de una respuesta oficial, un portavoz aseguró que se trataría de una infracción laboral y que debe ser la autoridad laboral la que actúe. En todo caso, señaló que el Consistorío analizaría las medidas correspondientes que hubiera que tomar.

Una adjudicación subcontratada

La oferta de adjudicación se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 13 de agosto de 2012. Fue la UTE formada por ‘Proyectos, servicios y formación para el ocio, el deporte y la salud’, y por la sociedad ‘Unika proyectos y Obras’ la que se hizo con el servicio. Sin embargo, subcontrataron el trabajo a una tercera mercantil: Celtibera de servicios integrales.

No obstante, el abogado del trabajador accidentado, Antonio Valenciano, ha pedido que los acusados presenten el contrato de la adjudicación, ya que no aparece publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Eldiario.es ha intentando también conseguirlo sin éxito, a pesar de que un portavoz del ayuntamiento asegura que está disponible en su página web.

En la última información mercantil publicada sobre Celtiberia constan cinco incidencias por no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda por valor de 409 euros.