La flexibilidad en el ámbito de las relaciones laborales, tanto desde una perspectiva externa como interna, ha sido una de las reivindicaciones por parte de la patronal y una de las máximas para el actual Gobierno. Tanto es así, que Reforma (Real Decreto-Ley 3/2012 – posteriormente Ley 3/2012) tras reforma (Real Decreto-Ley 5/2013) se han venido modificando diversos elementos que afectan en gran medida a dicha materia. A modo de ejemplo y a pesar de que el Ministerio de Empleo negara la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico de la figura del minijob tal y como la conocemos, lo cierto es que se ha venido incentivando la contratación a tiempo parcial, lo que en definitiva suponía su inclusión encubierta.

En esta misma línea, a fin de dotar con mayor flexibilidad al actual mercado laboral, se fomentaba el despido por parte del Gobierno a través de considerables reducciones en las indemnizaciones; se acordaba una mayor facilidad para la materialización de los expedientes de regulación de empleo – ERE -; la precarización de las relaciones laborales a través de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre las que se encuentran: Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones, entre otras.

Por si fuera poco, a principios del mes de agosto, el Ministerio de Empleo anunciaba entre otras novedades, una nueva reforma laboral que sería presentada a lo largo del mes de septiembre del presente año, cuyo objetivo principal y siguiendo las indicaciones del FMI será de nuevo una mayor flexibilidad en el ámbito de las relaciones laborales y sobre el mercado laboral en general.

El espíritu reformista del Gobierno parece no prestar demasiada atención a los efectos que éstas revierten sobre los ciudadanos, en tanto que no solo no se está creando empleo, sino que se ha venido destruyendo de un modo considerable, al mismo tiempo que se deteriora gravemente la calidad del escaso empleo existente.

Tras la lectura de los datos en materia de desempleo, el Ejecutivo se jactaba de haber encadenado cinco meses consecutivos de descenso en cuanto a parados se refiere (según datos del Servicio Público de Empleo y según la última Encuesta de Población Activa – EPA).

No obstante, los datos reflejan una importante caída de la contratación indefinida: si comparamos las contrataciones realizadas en el mes de julio de 2012 con aquellas realizadas en el pasado mes de julio, llegamos a la conclusión que la contratación indefinida ha descendido en 134.122 contratos, o lo que es lo mismo, la contratación indefinida ha descendido en términos porcentuales un 58,20%.

Asimismo, si llevamos a cabo el mismo ejercicio en relación a la contratación temporal, llegamos a la curiosa conclusión de que la contratación temporal ha ascendido en 114.705 contratos, o lo que es lo mismo, la contratación temporal ha ascendido en términos porcentuales un 8,85%.

Los datos demuestran que las esperanzadoras cifras en materia de desempleo, no son más que una ilusión que más tiene que ver con una cifra de paro estacionalizada en relación con la precarización de las relaciones laborales y por tanto de las contrataciones, que con un cambio de tendencia, como muestra el dramático agravamiento de la relación entre contratación indefinida y contratación temporal, que alcanza en el último dato de la serie, tan solo 6 contrataciones de carácter indefinido por cada 100 contrataciones, es decir, el 94% de las contrataciones son temporales.

Así, debe concluirse que España se encuentra inmersa en una complicada situación de paro estructural, permanente y a largo plazo, consecuencia entre otros factores, de la falta de dinamismo económico, la desigualdad en la distribución de la renta y nuevamente consecuencia de las innumerables reformas en la legislación laboral que fomentan el despido y la precarización de las relaciones laborales.

A modo de conclusión, quien suscribe entiende que el Ejecutivo debería tener muy en cuenta las cuestiones expuestas antes de llevar a cabo una nueva e incomprensible reforma laboral en los términos que ya se han venido adelantando.

Y es importante recordar que un Gobierno que dice defender a las familias, se olvide de su único sustento, pues la estabilidad en el trabajo y un salario digno resulta incompatible con la temporalidad, porque no solamente esos trabajadores, sino sus familias e hijos verán reducida su calidad de vida. La estabilidad en el trabajo, es por tanto, un ejercicio de política social que ampara especialmente a las familias en riesgo de pobreza y exclusión social.

Antonio Valenciano