Madrid, 01/06/2014.- El pasado 30 de abril de 2014 se hacía pública la licitación del Ministerio de Empleo aprobada a favor de la mercantil ACCENTURE SL. El objeto de dicha contratación radicaba precisamente en  un servicio de consultoría estratégica para llevar a cabo la implantación de un modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social por una cuantía ascendente a 1.361.458,60 €, cuyo montante no contempla las posibles ampliaciones después de los 24 meses pactados.

La prestación del servicio se llevaría a cabo tras la contratación de nueve personas para asesoría estratégica, (un gerente, dos consultores responsables de negocio y seis consultores analistas de datos – cuyo trabajo se valoraba entre 57 y 84 euros la hora, sin tener en cuenta los impuestos), o lo que es lo mismo para la realización de un informe sobre la implantación de un modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Lo bochornoso de la adjudicación no solo radica en la obsesión por parte del Ministerio de Empleo en la persecución de trabajadores, cuyo origen se encuentra en la creación de un buzón de lucha contra el fraude laboral a través del cual pueden interponerse denuncias anónimas para una mayor control y sometimiento de los trabajadores, sino en la actual contratación de mercantiles para llevar a cabo la citada lamentable actuación a través de la privatización, todo ello, teniendo en cuenta el despido de más de 350.000 empleados públicos desde 2012.

La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que dicha adjudicación se realiza a mercantiles con un elevado nivel de conflictividad judicial, que según información del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) asciende a un total de 163 sentencias. Este es el caso de la mercantil ACCENTURE, S.L. y del resto de las empresas del Grupo Accenture (ACCENTURE HOLDINGS IBERIA SL, ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA, ACCENTURE SERVICIOS EMPRESARIALES SL, ACCENTURE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SOLUTIONS SL, UTE TELVENT INTERACTIVA SA ACCENTURE SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO), las  cuales se encuentran controladas por los mismos directivos y auditadas igualmente de forma indistinta por KPMG AUDITORES, S.L.

Resulta especialmente escandaloso el elevado nivel de conflictividad en el ámbito judicial, máxime si tenemos en cuenta que el grupo empresarial ha sido incluso condenado por vulneración de Derechos Fundamentales y acoso laboral (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de septiembre de 2007). El grupo empresarial tampoco escapa a condenas ante la existencia de Fraude de Ley, en relación con el Impuesto sobre Sociedades (régimen de tributación individual y régimen de tributación consolidada, Grupo 302/2003, según los períodos), períodos comprendidos entre 21 de agosto de 2003 y 31 de agosto de 2005; y, de otra parte, contra los acuerdos de liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a dichos periodos, dictados por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de fecha 27 de diciembre de 2007 (en este supuesto Accenture Holdings Iberia, S.L según Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de fecha 21 de febrero de 2013), e incluso condenas por sujeción a retención, en el impuesto sobre la renta de no residentes, de los intereses pagados por la Accenture Internacional SARL a un establecimiento permanente en Suiza de la entidad ACCENTURE INTERNATIONAL, SARL, residente en Luxemburgo. (Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de fecha 31 de enero de 2013).

Según lo expuesto, recordemos que el pasado 30 de abril de 2014 el Ministerio de Empleo hacía pública la licitación a favor del Grupo Accenture con el objeto de llevar a cabo un servicio de consultoría estratégica para la implantación de un modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social por una cuantía ascendente a  1.361.458,60 €, licitación cuanto menos obscena, cuando el Ministerio de Empleo licita a una empresa para implantar un modelo de lucha contra el fraude, previamente condenada precisamente por esta razón.