El Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero (posteriormente Ley 3/2012), más conocido como  “reforma laboral·, sobre la que dará cuenta este mismo jueves.

Fátima Báñez aceptó el pasado martes las dos solicitudes de comparecencia en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo del Congreso presentadas por el Partido Socialista Obrero Español.

Sin mayor expectativa, cabe esperar que el balance que expondrá la ministra será especialmente positivo, basándose en el informe que presentó sobre el impacto de la medida en la economía española, en el que se recoge que dicha reforma laboral evitó la destrucción de 225.000 puestos de trabajo, cifra que el Gobierno ha ido aumentando hasta en “más de 265.000 en un año”, según el día de lectura de los datos.

No obstante, a pesar de las posteriores negativas por parte del Gobierno en este sentido, la norma presentaba como principal objetivo “establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”, o al menos es lo que asevera el texto de la misma. Por ello, parece relevante señalar algunos de los efectos reales que reforma laboral ha tenido sobre los trabajadores, que ya se advierte al lector, se encuentran muy lejos de la valoración de carácter político subjetivo que hará en el Parlamento la titular del Ministerio de Empleo.

Según datos oficiales, han tenido lugar en nuestro país un total de 48.801 expedientes de regulación de empleo (ERE) entre febrero de 2012 y junio del presente año, a razón de 90 cada día, lo que ha afectado a un número de trabajadores muy superior respecto de años anteriores, hasta alcanzar los 653.368 trabajadores más que en 2010 y 2011 juntos; las cifras señalan que facilitar el despido no ha hecho más que provocar un aumento muy considerable de los mismos, consecuencia más que lógica menos para la titular del Ministerio.

En relación a la contratación, si comparamos las contrataciones realizadas en el mes de julio de 2012 con aquellas realizadas en el pasado mes de julio, llegamos a la conclusión que la contratación indefinida ha descendido en 134.122 contratos, o lo que es lo mismo, la contratación indefinida ha descendido en términos porcentuales un 58,20%, mientras que la contratación temporal ha ascendido en 114.705 contratos, o lo que es lo mismo, la contratación temporal ha ascendido en términos porcentuales un 8,85%; es decir, tan solo se han llevado a cabo 6 contrataciones de carácter indefinido por cada 100 contrataciones, es decir, el 94% de las contrataciones son temporales. De lo expuesto se infiere que la reforma laboral ha conseguido precarizar aún más las relaciones laborales.

En cuanto a negociación colectiva se refiere, la reforma limitó la ultraactividad de los convenios a un año, por lo que el pasado 8 de julio las condiciones laborales de casi dos millones de trabajadores españoles pudieron verse gravemente empeoradas.

En materia de prestaciones y subsidios, el ejecutivo modificó los requisitos de acceso y por ello, a pesar de un aumento muy considerable del número de desempleados, cada vez menos ciudadanos acceden a este Derecho y el gasto en este tipo de prestaciones descendió casi un 6%.

En definitiva, la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado año, contrariamente a los objetivos que la misma perseguía, ha desembocado entre otros efectos, en un aumento del número de desempleados; un ascenso muy considerable del número de expedientes de regulación de empleo; aumento del número de expedientes de regulación temporal de empleo;  pérdida de derechos recogidos en los convenios colectivos como consecuencia de la limitación de la ultraactividad de los mismos; aumento de la contratación temporal y descenso de la contratación indefinida y una población con una renta per capita inferior, provocando la exclusión social de miles de ciudadanos.

Y es importante recordar de nuevo que un Gobierno que dice defender a las familias, se olvide de su único sustento: el trabajo y los derechos que se encuentran adheridos a él. Un salario digno, la estabilidad en el trabajo y el seguro social ante una situación de desempleo, son entre otros, derechos esenciales que deben garantizarse por nuestro ordenamiento jurídico, siendo por tanto un ejercicio responsable de política social.

Éste es el balance de una reforma laboral que quien suscribe tan solo puede calificar como fallida.

Antonio Valenciano