El plan de privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid no garantiza el empleo del 60% de los casi 5.200 trabajadores que componen la plantilla de los seis hospitales (Vallecas, Araganda, Aranjuez, Parla, Coslada y San Sebastián de los Reyes) y sus centros de especialidades asociados cuya gestión va a quedar en manos privadas.
En concreto, y según los pliegos de condiciones que este jueves examinará el Gobierno de Ignacio González, las empresas adjudicatarias tendrán asumir a todo el personal contratado actualmente. Ello incluye a los funcionarios y al personal laboral.
Sin embargo, la situación no será igual para todos, porque esta subrogación no incluye la obligación de mantener ni las condiciones de trabajo ni el puesto de todo el personal interino y eventual de los centros, en total, 3.120 personas.
Sin acuerdo en las condiciones
A efectos prácticos, la situación será la siguiente. Cuando la empresa tome el control, un trabajador funcionario con plaza (estatutario fijo, 30% del total) podrá elegir entre seguir teniendo como ‘jefe’ y pagador a la Comunidad de Madrid o entrar en nómina de la concesionaria. En este segundo caso, tendrá que solicitar una excedencia por servicios especiales. Se le permitirá regresar a la Administración cuando quiera y su antigüedad y su carrera profesional seguirá computando.
El personal laboral de las empresas públicas (7% del total), también podrá integrarse manteniendo sus condiciones retributivas y laborales actuales.
Los interinos y eventuales, que constituyen el 60% de la plantilla de estos hospitales, lo tendrán mucho peor. En su caso, la adjudicataria estará obligada a ofrecerles un contrato, pero bajo las condiciones que esta quiera (incluyendo la posibilidad de rebajas de sueldo o nuevos turnos) y sin ninguna garantía de estabilidad laboral. No habrá un tiempo mínimo que deban estar en plantilla.
En pocas palabras, podrá despedirles cuando quiera abonándoles lo que la actual normativa estipule, según fuentes de la Consejería de Sanidad. Tampoco hay compromiso de renovar los contratos temporales existentes cuando estos concluyan. Bajo estas condiciones, la incorporación se producirá «si el trabajador así lo desea».
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