En la oficina del Inem de Vilafranca del Penedès (Barcelona), tres de cada cuatro personas que son sancionadas y pierden el derecho a cobrar la prestación por desempleo son marroquíes. Hace año y medio, apenas suponían el 12% del total. ¿Qué ha ocurrido? Según dos sentencias dictadas por un juzgado de lo social de Barcelona, la oficina ha aplicado de forma “discriminatoria” una circular del Ministerio de Trabajo que permite solicitar el pasaporte para detectar casos de fraude. Ese mismo “trato discriminatorio” por “razones étnicas o de nacionalidad” se ha producido también en una oficina de Madrid, según otra sentencia que también da la razón a un parado magrebí.

Uno de los afectados en Cataluña, el marroquí L. H., viajó a su país durante 20 días en agosto de 2009 para visitar a la familia. Más de dos años después, recibió una carta del Inem, que le acusaba de no haber comunicado ni justificado su ausencia. Aquello era, según el organismo, motivo suficiente para extinguir su ayuda y reclamarle, además, el dinero que había cobrado desde entonces de manera indebida. En total, 10.770 euros.

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