El afán privatizador del Partido Popular alcanza ya al principal drama del Estado: el paro. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la que es presidenta la número dos de los conservadores, María Dolores de Cospedal, quiere que parte de los servicios de orientación y búsqueda de empleo pasen a manos privadas a partir del próximo mes, coincidiendo con el estreno del nuevo año.
La región, que tiene 262.882 parados, planea acabar este mismo lunes con los 88 puestos de trabajo de orientadores laborales que dependen de la administración y que siguen prestando sus servicios en Castilla-La Mancha. Otros 88 profesionales ya fueron despedidos en el mes de junio, motivando una huelga de sus compañeros, que fue convocada por UGT y STAS Intersindical. Durante la reunión de la mesa sectorial de funcionarios que tendrá lugar mañana en Toledo, la Dirección General de Empleo presentará previsiblemente a los principales sindicatos castellano manchegos su propuesta que contempla esa nueva reducción del personal público.
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