“Una vez ordenadas las puntuaciones de los trabajadores afectados por el despido colectivo, la suya se encuentra dentro del número de puestos que es preciso extinguir. Lamentamos tener que tomar esta decisión, que como conoce es inevitable…”. Las palabras son las habituales, pero las dimensiones del ERE no lo son tanto: un total de 1.336 trabajadores del Grupo Tragsa (726 en la matriz y 610 en su filial Tragsatec) han empezado ya a recoger sus notificaciones de despido en lo que supone el mayor ERE de una empresa pública hasta el momento. La compañía alega que la drástica reducción de la inversión pública le obliga a reducir su plantilla, dado que sus únicos clientes son las Administraciones.

Pero el camino hasta la culminación del proceso no está siendo fácil: a la impugnación ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos (que denuncian la desproporción del ERE respecto a los resultados de la empresa, la falta de recortes en los cargos directivos y la contratación de eventuales) se ha sumado ahora un nuevo obstáculo legal debido a una cuestionada adjudicación en concurso público por valor de un millón de euros, correspondiente al plan de recolocación de los despedidos.

El citado concurso se puso en marcha el pasado noviembre en cumplimiento de la obligación legal que exige contratar los servicios de una agencia de recolocación que ayude a los empleados despedidos a encontrar lo antes posible otro puesto de trabajo. El pliego incluía dos concursos con las mismas condiciones para Tragsa y Tragsatec, de 500.000 euros cada uno, y fue adjudicado a la compañía Lee Hecht Harrison (Grupo Adecco).

Sin embargo, una de las empresas que también había concurrido sin resultar elegida presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al entender que la adjudicación se había realizado de forma arbitraria sin atender a los criterios técnicos y económicos pertinentes.

El tribunal, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, decretó de forma inmediata la suspensión del contrato ante los indicios de irregularidades, lo que impide de facto que Tragsa efectúe los despidos hasta que no se resuelva la cuestión, dado que la empresa pública está obligada a ofrecer un plan de recolocación que ahora mismo está en el aire.

No obstante, el Grupo Tragsa –que ve como todo el proceso del ERE se sigue alargando contra su voluntad– ha comenzado a entregar notificaciones de despido ofreciendo los servicios de Lee Hecht Harrison iniciando los programas con los trabajadores que así lo han solicitado, pese a que la empresa de recolocación no está legalmente contratada. Fuentes de la sociedad han explicado este proceder alegando que existe un conflicto entre la legislación administrativa y la laboral, y que lo pertinente es que prime la norma laboral para poder avanzar en un proceso ya de por sí dilatado.

Contratos bajo sospecha

El Grupo Tragsa presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales a las Administraciones y su titularidad es 100% pública, siendo la tercera empresa que más ingresos aporta a la SEPI, detrás de Correos y casi a la misma altura que Navantia. Aunque la SEPI es su principal accionista con un 52%, el grupo está controlado por el Ministerio de Agricultura, que posee un 38% y designa a 8 de sus 15 consejeros.

El grupo socialista en el Senado ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la gestión económica y administrativa del Grupo Tragsa, entre las que se incluyen cuestiones sobre los contratos efectuados por Tragsa entre 1999 y 2005 con Orange Market y Special Events, las empresas controladas por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. La Comunidad Valenciana es una de las Administraciones cuya deuda con Tragsa es más elevada (en junio de 2013 se situaba en casi 80 millones).

Asimismo, el PSOE también ha preguntado por los contratos celebrados por Tragsa en 2012 y 2013 con Reinforce Consulting. Esta consultora fue creada por Pedro Mielgo, expresidente de Red Eléctrica Española durante el Gobierno de Aznar, poderoso lobista con buenas relaciones en el Partido Popular.

Precisamente, Reinforce es la empresa que se está encargando de la reestructuración del Grupo Tragsa con contratos por valor de 200.000 euros en total. Una elección formalmente correcta pero no demasiado estética ya que el secretario general de Tragsa, José Manuel Díez Quintanilla (un hombre muy vinculado a los medios de comunicación que ocupó el cargo de Consejero Delegado del Grupo Intereconomía entre 2006 y 2011), es primo de Luis Quintanilla, asociado en la consultora.

Fuente: El Confidencial