España es el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades sociales

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España es, de lejos, el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres con la crisis, a causa sobre todo del desempleo y de que el sistema de protección social ha dado una peor cobertura a los menos protegidos en un sistema laboral muy segmentado.

Entre 2007 y 2010 los ingresos del 10% de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%, mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajaron más del 10% y sólo cayeron más del 5% en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia, según el informe «Panorama de la sociedad» publicado este martes.

En esos tres años en que los más pobres perdieron prácticamente un tercio de sus ingresos, los del 10% más rico bajaron en España un 1%, como en la media de la OCDE. También en ese periodo, el porcentaje de variación del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica, se incrementó en casi un 3%, cuando en ningún otro país de la organización lo hizo en más del 1,5% (sólo Eslovaquia se acercó a esa cifra y la OCDE en su conjunto se mantuvo estable).

Sobre la base de ese parámetro, España era el octavo país con mayor desigualdad de los 34 miembros, por detrás de Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel, Portugal y Reino Unido. El porcentaje de población pobre (con un ingreso inferior al 50% de la media) aumentó entre 2007 y 2010 algo menos de dos puntos porcentuales -un umbral que sólo superó Turquía- hasta el 15,4%.

La pobreza crece entre los jóvenes

La pobreza ascendió sobre todo entre los jóvenes de 18 a 25 años, en concreto cinco puntos porcentuales, mientras que bajó en ocho puntos para los mayores de 65 años por la protección de las pensiones para este último colectivo.

Los autores del estudio vincularon la ampliación de la brecha social en primer lugar a la escalada del paro -España explica el 55% del aumento del desempleo de toda la eurozona entre 2007 y 2013-, pero también a que quienes más perdieron su empleo, por el tipo de contrato que tenían, ha sido el colectivo al que con más deficiencias cubría el sistema de protección social.

Aún quedan «enormes desafíos»

Aunque las últimas reformas del mercado de trabajo «son valoradas», hizo notar que «quedan aún por afrontar enormes desafíos» teniendo en cuenta que «la debilidad y la desigualdad del mercado laboral ha tenido como consecuencia una destrucción de empleos sin precedentes en los trabajadores poco cualificados y los jóvenes».

Así, el empleo cayó, en el periodo de referencia, en casi un tercio entre los hombres en edad de trabajar sin educación secundaria, en más de la mitad entre las mujeres jóvenes y en más del 60% entre los hombres jóvenes. España es, detrás de Grecia, el segundo país de la OCDE donde más ha subido entre 2007 y 2012 la proporción de jóvenes de 15 a 24 años que ni tiene trabajo ni está preparándose para la vida laboral (19,6% al finalizar ese último año).

«El sistema de protección español estaba mal preparado para enfrentar una crisis del empleo con un fuerte aumento en el paro de larga duración» y de la pobreza, puesto que «las transferencias públicas no están suficientemente bien orientadas hacia los más necesitados», insistieron los autores del informe. Para la organización, y puesto que «resulta altamente improbable» que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social del país, «la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos».

En concreto «deben ser fortalecidas urgentemente» las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y para las familias de trabajadores pobres. La OCDE apuesta, para financiar esas prestaciones, por acabar con el IVA reducido o nulo para muchos productos a los que se aplica con argumentos de política social, ya que esas reglas especiales cuestan mucho al fisco pero no benefician de forma selectiva a los más desfavorecidos, a los que habría que favorecer la readaptación profesional.

Fuente: VozPópuli

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Ferrovial presenta un ERE que afecta a 417 empleados del servicio de a bordo del AVE, un 17% de la plantilla

Tren AVE de Renfe

Ferrovial Servicios ha presentado ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo (ERE) para 417 trabajadores que prestan servicios ferroviarios a bordo y en tierra, el 17 % de una plantilla de 2.400 personas.

A finales de octubre pasado el consejo de administración de Renfe Operadora adjudicó a Ferrovial Servicios la concesión de servicios a bordo de los trenes AVE y de larga distancia por un importe máximo de 379,2 millones de euros para un período de cuatro años, prorrogable a dos más.

El sindicato CGT asegura que el pasado mes de agosto ya advirtió a la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que la partida presupuestaria para el contrato actual de servicios de restauración de los trenes era entre un 21 % y un 25 % inferior a la de la anterior licitación, lo que podría suponer una gran pérdida de puestos de trabajo.

En concreto, el gasto medio anual destinado a la contratación de los servicios a bordo fue de 63,2 millones de euros, un 20 % menos del que se venía destinando en los últimos años (81,8 millones de euros en 2012).

Según Renfe, este descenso respondía al cambio de hábitos de los clientes, «que demandan un precio ajustado y servicios a bordo adaptados a sus necesidades».

Tras ganar este contrato, Ferrovial se impuso a la empresa Cremonini Rail Ibérica, en cuyas manos se encontraba el contrato anterior, licitado en 2009.

Fuente: lavanguardia.com

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RTVV deberá pagar 3 millones a la Seguridad Social por «errores» en las cotizaciones de los trabajadores

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha destapado errores en las cotizaciones de los trabajadores de RTVV por parte de la empresa, de forma que el ente público deberá abonar 3 millones de euros a la Tesorería de la Seguridad Social de acuerdo con el importe de las cotizaciones irregulares de los años 2011, 2012 y 2013, según informó la empresa al comité.

Según explican los representantes de los trabajadores, la empresa ha actualizado las bases de cotización en la nómina del mes de enero, tomando como base correcta la de diciembre de 2010, de modo que se consolida en las bases de cotización las cantidades del Plus Convenio que RTVV dejó de abonar desde diciembre de 2011, «todo ello, al margen de lo que dictamine el Tribunal Supremo sobre si corresponde o no el descuento de las cantidades que la empresa retrotrajo desde noviembre de 2012».

Para los trabajadores afectados por el primer ERE, apuntan desde el comité que la empresa también debe contemplar las nuevas bases de cotización para abonar las diferencias generadas durante el periodo comprendido en los salarios de tramitación.

Una vez realizados los ingresos de las diferencias en la Tesorería de la Seguridad Social, «nos remitirán por escrito la resolución a nuestras reclamaciones por no respetar la legislación referente a las bases legales».

Inspección de Trabajo ha dado a RTVV para abonar el pago un plazo que acaba antes de la finalización del periodo de consultas del actual ERE de extinción -recordemos que los trabajadores rechazaron la última propuesta de la empresa, entre 25 y 29 días por año y un máximo de 24 mensualidades-. De este modo, las contizaciones estarán actualizadas para la realización del cálculo de las indemnizaciones «de forma correcta».

No obstante, insisten desde el comité en que la empresa «no debe retener ni un solo euro al trabajador en concepto de la parte de la cotización del pago de estas diferencias», ya que el error «es de la empresa». Esto quiere decir que cuando se produzcan los nuevos despidos, las cantidades correspondientes a las bases de cotización «deberán ser las correctas».

Así, indican que la corrección de las bases desde enero de 2011 a diciembre de 2013 se realizará a lo largo de los meses de marzo y abril, por lo que durante abril y mayo se podrá verificar si las modificaciones «se ajustan a la resolución». Para ello, «sólo deberemos solicitar un certificado de las bases de cotización de esos periodos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los mayores de 55 años que deben firmar los nuevos convenios, «deberán comprobar que las modificaciones de las bases legales se han hecho de acuerdo a la resolución de la Inspección de Trabajo».

Fuente: eldiario.es

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