Vodafone prepara un ERE para 1.200 trabajadores, el 20% de la plantilla

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Vodafone prepara un ERE para unos 1.200 trabajadores, como consecuencia de las redundancias y los puestos duplicados producidos por la compra y absorción de Ono.

Tras la integración de las dos compañías, la plantilla total del grupo se situó en algo más de 6.000 trabajadores (3.500 de Vodafone y 2.500 de Ono), por lo que la reducción de plantilla estimada sería de alrededor de un 20% para dejarla en 4.800 empleados.

El ERE que prepara Vodafone tiene un calendario que empieza previsiblemente en julio y que contempla dos fases, según fuentes sindicales.

La primera, marcaría un calendario para que después del verano los trabajadores que así lo decidan se acojan voluntariamente a bajas incentivadas. La segunda fase, que se iniciaría alrededor de finales de año, dependería del volumen de bajas voluntarias que se hubiera logrado en la primera y ya tendría un carácter de despidos forzosos.

Antes, en junio, se producirán elecciones sindicales, y posteriormente la empresa acometerá un proceso de negociación para un acuerdo marco de armonización de las condiciones laborales de Ono y Vodafone que servirá de base para la negociación de un convenio único.

Fuentes de Vodafone declinaron hacer comentarios al respecto, señalando que es pronto para hablar de cifras y fechas y que, por tanto, todo lo que se diga son meras especulaciones.

Sin embargo, Expansión ya adelantó el pasado 5 de diciembre de 2014 que el grupo preparaba un ERE para unos mil empleados y que para este proceso estaba contando con la asesoría del bufete Uría Menéndez. Días más tarde, el 10 de diciembre, Antonio Coimbra, el consejero delegado de Vodafone España señaló en el tradicional encuentro de Navidad con los periodistas, que tras la compra de Ono habrá «redundancias» en las plantillas. Coimbra comentó que «en procesos de este tipo las redundancias suelen ser de entre el 10% y el 30%. Pero, en este caso, espero que esté más cerca del 10% que del 30%, porque son empresas complementarias». Eso establecía una horquilla de entre 600 y 1.800 empleados.

En cualquier caso, en los procesos de ajuste de este tipo, es normal que las cifras iniciales de recortes que proponga la empresa se vean recortadas finalmente por la negociación con los sindicatos o suavizadas mediante su transformación en procesos de externalización con proveedores para reducir costes fijos, por lo que es probable que la cifra definitiva de recortes se aproxime finalmente a la cifra inicial de mil empleados.

Fuente: expansion.com

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El Supremo obliga al Fogasa a abonar todas las solicitudes que no responda en tres meses

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Los tribunales han dado un nuevo revés al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que unifica doctrina y en la que constata que el organismo debe pagar todas aquellas solicitudes que no haya resuelto en los tres meses que fija la ley.

La sentencia puede impulsar una ola de reclamaciones: las de aquellas personas a las que el organismo les deniegue su solicitud tras haber pasado ese periodo. En la mayoría de provincias el plazo medio de pago supera los tres meses y en algunas, como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia llega a ser de un año.

Varias fuentes consultadas aseguran que se trata de una decisión que puede agudizar aún más la situación del Fogasa, colapsado de expedientes y con una gestión puesta en duda por el propio Tribunal de Cuentas. «La solicitud del caso que llega al Supremo estaba denegada. Sin embargo, como pasaron más de tres meses, el silencio es positivo y la Administración tiene que pagar. Es decir, puede que se tengan que pagar solicitudes que, de haberse tramitado en tiempo, se hubieran tirado para atrás. Habrá que pagar también lo que esa persona haya pedido en su demanda, y no lo que haya calculado el Fogasa», dice una fuente próxima al organismo.

En su sentencia, el Tribunal Supremo considera que el silencio administrativo debe ser «la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado». Lo único que podría impedir su funcionamiento, dice la sentencia, es que exista «norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario que prevea para el caso el efecto negativo del silencio», algo que no sucede en este caso.

Los especialistas señalan que es más que probable que el organismo siga denegando solicitudes pasados los tres meses, por lo que las personas afectadas deberían, primero, agotar la vía administrativa alegando la nueva doctrina del Supremo.

Pago de intereses

A principios de año, un juzgado de lo social de Valencia condenó al Fogasa a pagar intereses por la demora en la resolución de un expediente, como adelantó eldiario.es. El caso se remontaba a 2010, cuando una empresa dedicada al diseño y producción informática de Valencia despidió a varios trabajadores, que recurrieron al Fogasa para cobrar parte de su indemnización. El organismo se la denegó en noviembre de 2011, y los trabajadores demandaron al fondo por entender que sí tenían derecho a ella. Finalmente, tras la demanda y antes del juicio, el Fogasa les reconoció el derecho a percibir su indemnización.

Sin embargo, la demanda siguió su curso, puesto que el abogado reclamó el derecho a cobrar intereses de demora, una reclamación que la jueza estimó. «El organismo demandado ha de abonar los intereses moratorios hasta la fecha del dictado de la presente resolución», sentenció la jueza, que fija esos intereses en el 4% -el interés legal del dinero- de la cantidad devengada. A esta sentencia ya se ha sumado otra con el mismo sentido dictada en Barcelona.

Fuente: eldiario.es

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De las 10 regiones con más paro de Europa, seis son españolas

En España, el desempleo es la principal etiqueta del estigma de la crisis. El presidente, Mariano Rajoy, promete un millón de puestos de trabajo en dos años y 2 millones en cuatro. La oposición le critica la precariedad del empleo que se está creando. La tasa de paro bajó del 26,10% en 2013 al 24,4% en 2014. Actualmente, el paro se sitúa en 23,78%.

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La división de España entre resistentes y vulnerables provocada por la crisis queda patente si atendemos a un indicador clave: el desempleo. «Las tasas de paro cambian y evolucionan de forma cíclica según el crecimiento de la actividad económica pero, en cambio, la distribución territorial es bastante más permanente», explica Ricardo Méndez del CSIC.

En esa distribución territorial son Andalucía con un 34,8% de paro; Canarias con un 32,4%; Ceuta, 31,9%; Extremadura, 29,8%; Castilla-La Mancha, 29,0% y Melilla con un 28,4%, las comunidades que más sufren este desempleo. Las que tienen mejores datos, en contraposición a estas 5, son: Navarra y País Vasco, también zonas más resistentes a la crisis económica.

Uno de los motivos de esta desigualdad ha sido el boom inmobiliario. «Estaba muy centrado en algo con poca inversión en nuevas tecnologías y un sector poco innovador como es la construcción. Con la llegada de la crisis, es el primero que se ha caído», asegura Julio Pérez del CSIC.

«Mantienen economías que difícilmente llegan a generar empleo suficiente y de calidad», afirma Ricardo.También existe desigualdad laboral si tenemos en cuenta el desempleo juvenil. Las mayores tasas se encuentran en Ceuta; que se posiciona la segunda en la lista, Andalucía, en el tercero, seguida de Castilla La Mancha, y por último, Canarias en décimo lugar. Las mejores regiones europeas en cuanto a este indicador se encuentran en Alemania.

«En el norte los jóvenes encuentran trabajo antes, el nivel de estudios es más alto y se emancipan antes. En el sur, la estrategia es otra: ya que no tienes todo eso, te ‘cuelgas’ mucho más de la familia», asegura Julio. Unas desigualdades que, según los expertos, tienen su origen en la inercia social y demográfica que es anterior, incluso, a la crisis económica.

Fuente: lasexta.com

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