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Accenture aumenta su negocio de mano del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social

Publicado el 16 mayo, 2014 por avalenciano

El pasado 30 de abril la web de la Seguridad Social publica la adjudicación de un contratos de servicio de consultoría estratégica a la empresa Accenture por importe de 1.361.458,60 € y con la finalidad de llevar a cabo la implantación del modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Para esta licitación se estableció el plazo de presentación de las ofertas desde el 27/11/2013 hasta el 8/1/2014, fechas muy inusuales en la contratación publica.

No deja de ser una casualidad que una hija del Director General de la Tesoreria General de la Seguridad Social, (Francisco Gomez Ferreiro) que además actuara en calidad de Organo de contratación firmante del contrato, haya sido empleada recientemente (11/9/2013) en la citada empresa Accenture.

El contrato en cuestión ha sido duramente criticado por los sindicatos, que entienden que estas funciones son precisamente las que deben desarrollar la Inspección de Trabajo y la Sección de Investigación del Cuerpo Nacional de Policía en la Seguridad Social; esta última existe desde hace 15 años y su trabajo ha sido alabado y objeto de numerosas condecoraciones, tanto en el ámbito de trabajo como en el Interior.

En cuanto a la Inspección de Trabajo, precisamente su función en función del convenio suscrito entre Agencia Tributaria, Tesorería General SSoc e Inspección es el control del fraude.

Otras empresas en el proceso tuvieron la sensación desde el principio de que el encargo «ya estaba dado» Tampoco aparece muy claro que pueda definirse un procedimiento estandarizado en casos de fraude, ya que tratar a una empresa como presuntamente fraudulenta antes de que se revele como tal puede ser contrario a la presunción de inocencia o simplemente un prejuicio.

En cuanto a la contratación de la hija del Director General de la Tesorería, sorprende la cercanía en el tiempo con las conversaciones que ya entonces mantenían la Tesorería y Accenture para la puesta en marcha de esta consultoría. Otras empresas que han concursado al procedimiento tuvieron la sensación desde el primer momento de que el encargo «ya estaba dado».

En la época socialista la empresa Accenture perdió contratos con el Instituto Sosical de la Marina, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la Gerencia de Informática, y disminuyó claramente su peso en la Seguridad Social por la realización por parte del sector público de actividades privatizadas por el PP en la etapa anterior.

Fuente: publico.es

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Factor miedo: Las bajas laborales se desploman un 45,6% durante la crisis

Publicado el 14 mayo, 2014 por avalenciano

Las últimas cifras publicadas por Empleo revelan que a finales de 2013 se registró un promedio de 262.345 bajas por incapacidad temporal (IT) al mes, un dato que contrasta con los 483.011 procesos de finales de 2007. Esto quiere decir que durante la crisis las bajas laborales se redujeron nada menos que un 45,6%. Esta significativa corrección se debe a varios factores.

Por un lado, la crisis y la fortísima destrucción de empleo que ha acarreado provoca que muchos empleados que en otra coyuntura económica causarían baja en su empresa, ahora se resistan a hacerlo por miedo a perder su puesto de trabajo. Pero es que, por otro lado, a esta circunstancia, desde 2012 se le suma el factor económico.

El Gobierno aprobó entonces cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo era frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año. De este modo, a partir de esa fecha, todos los funcionarios y empleados públicos que causen baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad en un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.

Los sindicatos de la función pública vienen denunciando desde que entró en vigor este ajuste que son muchos los empleados de la Administración que para evitar un recorte de su salario acuden a su puesto de trabajo enfermos, lo que repercute en un peor servicio al ciudadano y hace que procesos que en condiciones normales serían breves, se alarguen en el tiempo.

Sector privado

Lo cierto es que año y medio después de que se pusiera en marcha esta nueva regulacion de las bajas por enfermedad o contingencias comunes (las IT provocadas por accidentes laborales siguen siendo retribuidas al 100% desde el primer día) no existen datos de cómo se ha recortado el absentismo en el sector público y cuánto se ha ahorrado por ello el erario público.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que está en marcha un estudio para evaluar el impacto de dicha reforma, pero admiten su complejidad puesto que deben recabar las cifras de todas las administraciones. Así, los únicos datos globales que existen son los que publica Empleo, que incluyen las bajas que se registran en el sector privado, donde también la reforma laboral permite a las empresas reducir o eliminar de manera unilateral los complementos que contemplan algunos convenios colectivos, según los cuales se retribuye hasta el 100% del salario al trabajador que causa baja. De hecho, la patronal CEOE recomendó ya en 2013 “evitar el establecimiento de complementos de la prestación pública por IT o, en su caso, suprimirlos o tratar de reducirlos”.

La última cifra de incapacidades temporales de 2014, relativa a febrero, revela un ligero repunte hasta los 349.736 procesos de media en un mes, aunque se trata de un dato que probablemente esté muy influido por factores estacionales. Aún así, si se compara 2007 con 2014, la caída es del 27,5%. Otro hecho significativo es que la duración de las bajas es cada vez menor, pasando de 37,5 días en 2007 a 30,7 este año y cómo ha disminuido su incidencia por cada 1.000 trabajadores, que antes de la crisis era de 29,9 y en 2013 concluyó con 18,19. Este es el único indicador que tiene en cuenta la caída del empleo.

En cuanto a la evolución del gasto en IT, sumó hasta marzo pasado 620,56 millones, un 20,53% más que el mismo periodo de 2013. La explicación se debe a que las mutuas han adelantado un mes los datos correspondientes a su gestión de estas bajas. Por ello, fuentes de Empleo insisten en tomar los datos del cierre del año pasado, cuando el gasto ascendió a 5.051,49 millones, un 5,76% inferior al ejercicio anterior, “lo que supone seguir manteniendo la tendencia al descenso de dicha prestación”.

Fuente: cincodias.com

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Cuatro millones de parados no cobran prestación ni subsidio alguno

Publicado el 13 mayo, 2014 por avalenciano

La larga duración de la crisis, sus devastadores efectos laborales y los recortes hacen mella en la protección de los parados. En este momento, hay casi cuatro millones de parados que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio, según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre facilitados a investigadores y recopilados en un estudio de la Fundación 1º de Mayo. En este documento se cuantifica en 1.927.703 el número de desempleados entre 16 y 64 años que cobran algún tipo de ayuda del seguro de paro, cuando el número gente sin trabajo en este rango de edad asciende a 5.925.359.

Esta tasa de protección frente al desempleo de solo el 32,5% aumenta hasta el 35,7% si en la ecuación se descuenta a los que nunca han trabajado (525.000), un requisito exigido en casi todas las prestaciones por desempleo que hay en España. No obstante, tanto en un caso como en el otro, estos porcentajes se alejan mucho de la tasa de cobertura que elabora el Ministerio de Empleo desde hace unos cuatro años (siendo todavía el socialista Celestino Corbacho responsable del departamento), que según los números de marzo se situaba en el 58,9%.

Para explicar estas importantes diferencias, hay que tener en cuenta que una y otra estadística manejan datos diferentes. En el caso del estudio elaborado por el investigador Enrique Negueruela para la Fundación 1º de Mayo, la procedencia es la EPA, considerada entre la comunidad científica como el mejor termómetro para analizar el mercado laboral y que cifra el número de desocupados en 5,9 millones. En ella, hay una pregunta en la que se interroga claramente al encuestado si percibe algún tipo de ayuda por desempleo. El resultado a esta cuestión es que hay 1,9 millones de parados cobrando, a tenor del análisis de los microdatos, las cifras que el INE facilita a los investigadores.

En cambio, las cifras que maneja el Ministerio proceden de los registros de las oficinas públicas de empleo. En este caso el número de beneficiarios se eleva hasta 2.671.085. Esto se debe a que hay muchas prestaciones que no las cobran parados propiamente dichos. Entre los beneficiarios oficiales aparecen, por ejemplo, los prejubilados que cobran prestaciones —un grupo que en la EPA no se considera desempleado, puesto que no está en disposición de incorporarse a un puesto de trabajo, y sí en el paro registrado—. También figuran los afectados por regulaciones de empleo en los que se reduce la jornada o se suspende el contrato durante un tiempo (lo que hace que la EPA tampoco los considere parados). E, incluso, se suma a los ocupados a tiempo parcial que, si tienen derecho, optan a una prestación parcial por el resto de la jornada que no trabajan para poder completar el sueldo.

Pero más allá de las significativas diferencias, en estos indicadores se observa un retroceso considerable de la protección frente al desempleo en los últimos años. Por ejemplo, la tasa oficial llegó a situarse en torno al 80% en 2010 y ahora ha caído en más de 20 puntos. En este fenómeno juegan varios factores. Uno de ellos es la duración de la crisis y la consiguiente falta de oportunidades laborales que ha llevado a muchos parados a agotar las prestaciones y los subsidios sin encontrar empleo. Otro son los recortes que hubo en julio y agosto de 2012 en el acceso a determinados subsidios.

El retroceso de la protección por desempleo se nota en las arcas públicas. Esta partida del gasto es una de las más cuantiosas de la Administración central desde que comenzó a crecer en 2007. Poco después se situó en torno a los 30.000 millones de euros. Y no ha sido hasta 2014 en que ha comenzado a caer con fuerza, con un retroceso del 15,5% en el primer trimestre.

Que haya casi cuatro millones de personas sin protección por desempleo, no quiere decir que todas ellas carezcan de algún tipo de ayuda. Junto al seguro de desempleo hay otras redes de protección social para las personas que carecen de ingresos o rentas suficientes, como los salarios sociales de las comunidades autónomas o algunos ayuntamientos, aunque en este caso no hay datos oficiales del número de beneficiarios para saber en qué medida están amortiguando el impacto del desplome laboral.

En todo caso, para hacerse una idea de la magnitud del problema basta otro dato de la EPA: el número de hogares en el que ninguno de sus miembros tenía ingreso alguno, que en el primer trimestre del año ascendía a 736.900, lo que puede suponer poco más de 1,5 millones de personas sin ingresos.

Fuente: elpais.com