Más de 4.000 despidos fueron declarados nulos en el último año

Los ERE son revisados a fondo en los tribunales por numerosas irregularidades

Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aumentaron de forma exponencial a raíz de la reforma laboral impulsada por el Gobierno en 2012 y de la entrada en vigor en 2011 de la ley reguladora de la Jurisdicción Social, que puso en manos de los juzgados la revisión de los ERE. Según apunta 20minutos, en el último año al menos 4.000 despidos han sido declarados nulos por los tribunales y los trabajadores han tenido que ser readmitidos por sus empresas.

Antes de las dos reformas mencionadas, la Administración era la encargada de aprobar o no un determinado ERE, lo que hacía muy complicado que prosperasen si previamente no se había llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Los juzgados están revisando de forma más exhaustiva de lo previsto inicialmente los expedientes, al tener en cuenta no sólo las causas objetivas de los despidos, sino también la adecuación económica de los mismos, de ahí el fracaso de muchos de ellos, que son llevados a cabo de forma caótica y fraudulenta. La nueva regulación permite que ahora se pueda impuglar judicialmente un ERE por cuatro vías: los representantes de los trabajadores, la administración (de oficio), el empresario y cualquier trabajador.

Entre los principales ERE fracasados, destaca recientemente el de Panrico. La Audiencia Nacional declaró “injustificados” 156 de los 745 despidos. En noviembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró nulo el ERE para dos tercios de la plantilla de la Radiotelevisión de Valencia, que afectaba a 1.198 trabajadores. También el ERE de Telemadrid fue declarado injustificado por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo, que dio a la corporación la posibilidad de readmitir a los trabajadores o de aumentar sus indemnizaciones por despido de 20 a 45 días por año hasta 2012 y hasta 33 días a partir de ese año.

Fuente: bolsamania.com

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Bañez pagó 50.000 euros a la OCDE para que jaleasen la reforma laboral

El informe sobre la reforma laboral en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elogiaba la reforma laboral del Gobierno ´popular´ le costó 50.000 euros al Ministerio de Empleo.

En la respuesta, el Ejecutivo recuerda que la reforma laboral fue analizada en primer término por el propio Ministerio «con medios propios», y que la ministra Fátima Báñez presentó las conclusiones de ese informe en el Congreso en agosto de 2013, un año después de la aprobación de la reforma.

«Posteriormente, dicha evolución se complementó con un informe externo, realizado por un organismo independiente de reconocido prestigio como es la OCDE, y cuyo coste económico ascendió a 50.000 euros», apostilla el Ejecutivo.

«VA EN LA DIRECCIÓN CORRECTA»

El informe de la OCDE, hecho público en diciembre del año pasado, afirmaba que la reforma laboral va en la «dirección correcta», al haber «promovido la flexibilidad interna en las empresas y ha reducido los costes ligados al despido para los trabajadores indefinidos».

No obstante, emplazaba también al Ejecutivo a adoptar más medidas para luchar contra el paro, incluyendo una reducción gradual de las indemnizaciones por despido en las grandes empresas, ampliar el periodo de prueba en los contratos indefinidos y hacer un seguimiento continuo de los efectos de la reforma en el ámbito de la moderación salarial.

Tras conocerse el informe, la ministra Báñez aseguró que analizaría con detalle las recomendaciones de la OCDE pero aseguró que el Gobierno «tiene ya su hoja de ruta» y que «lo importante» de los cambios normativos sobre el mercado de trabajo «ya está hecho», por lo que en principio sólo se acometerán «pequeños ajustes».

Además, en una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo destacaba que el documento de la organización internacional hacía una «valoración fundamentalmente positiva» de la reforma, que definía como «valiente» y «un buen paso que ha traído más dinamismo al mercado de trabajo».

Fuente: diarioprogresista.es

 

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Bañez luchando contra el fraude laboral a través de consultoras previamente condenadas por fraude

Madrid, 01/06/2014.- El pasado 30 de abril de 2014 se hacía pública la licitación del Ministerio de Empleo aprobada a favor de la mercantil ACCENTURE SL. El objeto de dicha contratación radicaba precisamente en  un servicio de consultoría estratégica para llevar a cabo la implantación de un modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social por una cuantía ascendente a 1.361.458,60 €, cuyo montante no contempla las posibles ampliaciones después de los 24 meses pactados.

La prestación del servicio se llevaría a cabo tras la contratación de nueve personas para asesoría estratégica, (un gerente, dos consultores responsables de negocio y seis consultores analistas de datos – cuyo trabajo se valoraba entre 57 y 84 euros la hora, sin tener en cuenta los impuestos), o lo que es lo mismo para la realización de un informe sobre la implantación de un modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Lo bochornoso de la adjudicación no solo radica en la obsesión por parte del Ministerio de Empleo en la persecución de trabajadores, cuyo origen se encuentra en la creación de un buzón de lucha contra el fraude laboral a través del cual pueden interponerse denuncias anónimas para una mayor control y sometimiento de los trabajadores, sino en la actual contratación de mercantiles para llevar a cabo la citada lamentable actuación a través de la privatización, todo ello, teniendo en cuenta el despido de más de 350.000 empleados públicos desde 2012.

La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que dicha adjudicación se realiza a mercantiles con un elevado nivel de conflictividad judicial, que según información del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) asciende a un total de 163 sentencias. Este es el caso de la mercantil ACCENTURE, S.L. y del resto de las empresas del Grupo Accenture (ACCENTURE HOLDINGS IBERIA SL, ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA, ACCENTURE SERVICIOS EMPRESARIALES SL, ACCENTURE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SOLUTIONS SL, UTE TELVENT INTERACTIVA SA ACCENTURE SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO), las  cuales se encuentran controladas por los mismos directivos y auditadas igualmente de forma indistinta por KPMG AUDITORES, S.L.

Resulta especialmente escandaloso el elevado nivel de conflictividad en el ámbito judicial, máxime si tenemos en cuenta que el grupo empresarial ha sido incluso condenado por vulneración de Derechos Fundamentales y acoso laboral (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de septiembre de 2007). El grupo empresarial tampoco escapa a condenas ante la existencia de Fraude de Ley, en relación con el Impuesto sobre Sociedades (régimen de tributación individual y régimen de tributación consolidada, Grupo 302/2003, según los períodos), períodos comprendidos entre 21 de agosto de 2003 y 31 de agosto de 2005; y, de otra parte, contra los acuerdos de liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a dichos periodos, dictados por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de fecha 27 de diciembre de 2007 (en este supuesto Accenture Holdings Iberia, S.L según Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de fecha 21 de febrero de 2013), e incluso condenas por sujeción a retención, en el impuesto sobre la renta de no residentes, de los intereses pagados por la Accenture Internacional SARL a un establecimiento permanente en Suiza de la entidad ACCENTURE INTERNATIONAL, SARL, residente en Luxemburgo. (Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de fecha 31 de enero de 2013).

Según lo expuesto, recordemos que el pasado 30 de abril de 2014 el Ministerio de Empleo hacía pública la licitación a favor del Grupo Accenture con el objeto de llevar a cabo un servicio de consultoría estratégica para la implantación de un modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social por una cuantía ascendente a  1.361.458,60 €, licitación cuanto menos obscena, cuando el Ministerio de Empleo licita a una empresa para implantar un modelo de lucha contra el fraude, previamente condenada precisamente por esta razón.

 

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