El gasto en prestaciones por desempleo baja un 18,1% en noviembre y la cobertura cae al 57,8%

Las prestaciones de desempleo llegaron a 1.928,5 millones en noviembre, un 18,1% menos, y los beneficiarios de prestaciones, a 2,4 millones, un 12,1% menos

El gasto en prestaciones baja un 18,1% en noviembre y la cobertura cae al 57,8%

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.928,5 millones de euros el pasado mes de noviembre, un 18,1% menos que en igual mes de 2013, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 802,5 euros, lo que supone un descenso de 58,5 euros (-6,8%) sobre el mismo mes del año 2013.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en noviembre los 809,5 euros, con un descenso de 18,7 euros sobre el mismo mes de 2013 (-2,3%). Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro.

Por eso, Empleo ha publicado este lunes las cifras del gasto en desempleo de noviembre y los datos de paro de diciembre de 2014. El número de solicitudes de prestaciones ascendió en noviembre a 731.040, lo que representa un descenso del 20,5% respecto a igual mes de 2013.

De acuerdo con los datos del Ministerio, en el penúltimo mes del año pasado se tramitaron en total 709.955 altas, un 21,4% menos que en noviembre de 2013. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 1,26 días, lo que representa una disminución del plazo medio de un 20,6% respecto a noviembre de 2013.

La cobertura a los parados baja al 57,8%

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de noviembre ascendieron a 2.462.329, un 12,1% menos que en el mismo mes de 2013. La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó en el 57,88%, frente al 61,43% de un año atrás, lo que supone un descenso de la cobertura del 5,8%.

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en noviembre pasado a 241.219, cifra que representa un descenso del 16,2% respecto al mismo mes de 2013.

El recorte fue más pronunciado entre los beneficiarios de países extracomunitarios (-19,8%) que entre los procedentes de la UE (-10,5%). Los beneficiarios extranjeros suponen el 35,2% del total de demandantes de empleo no nacionales.

El gasto del antiguo Inem en las prestaciones percibidas por los extranjeros alcanzó en noviembre los 159,1 millones de euros, un 19,8% menos. En relación con el gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representó el 8,3%.

Fuente: lavanguardia.com

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La cúpula de Caja Madrid multiplicó por 10 sus indemnizaciones por despido de manera irregular

La cúpula de Caja Madrid salió de la entidad vaciando las arcas que dejaba atrás, según el FROB. Los directivos inflaron las indemnizaciones que les correspondían hasta multiplicarlas por 10. Percibieron 10,5 millones cuando deberían haber cobrado 1,4.

La antigua cúpula de Caja Madrid vació las cuentas antes de abandonarla. Es lo que sugiere en su denuncia ante la Fiscalía el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que acusa al equipo de Miguel Blesa de haber inflado hasta multiplicar por 10 sus indemnizaciones por despido. Según el informe forense elaborado por PricewaterhouseCoopers y entregado ya al Ministerio Público, los directivos de la entidad debían haber percibido una indemnización tras su baja de 1,4 millones de euros. Por el contrario, se concedieron a sí mismos unas compensaciones de 10.502.482,7 euros.

El desfase de 9,1 millones de euros supone 6 de cada 10 euros de los presuntos pagos irregulares detectados por el FROB que ascienden, en total, a 14,8 millones de euros. La revisión afecta a cuatro ejecutivos concretos de la entidad que cobraron por orden de retribución las siguientes cantidades en 2009 y 2010:

Enrique de la Torre: Mano derecha de Blesa y secretario del consejo de administración de la entidad, percibió en el año 2009 una indemnización por despido de 4.655.523 euros. El contrato ha sido revisado por el FROB porque establecía el cobro de dos veces su salario anual y un bonus hasta sumar esa cifra. La investigación analiza si, además de la irregularidad del pago, pudo haber irregularidades en su tributación ya que –según publicó Expansión—De la Torre gozó de una exención del 40% de ese dinero ante Hacienda pese a que esa deducción había sido eliminada por la Agencia Tributaria.

Miguel Blesa: presidente de Caja Madrid, se anotó una indemnización por cese de 2.725.500 euros que elevaron a 12,7 millones de euros la cuantía que el dirigente de la caja cobró en los años investigados por el FROB, según revela el informe forense elaborado por PwC.

Ricardo Morado: Ex director general de la entidad percibió una compensación por su salida de la caja de 1.958.224,24 euros. Morado está siendo investigado doblemente porque a él se atribuye buena parte de la operativa de las tarjetas black de la entidad en las que él fue el segundo que más gasto y de las que obtuvo 360.000 euros en efectivo.

Juan Astorqui: fue director de comunicación de la entidad y ex vicepresidente de Burson Masteller, percibió una indemnización de 1.163.235,42 euros, detalla el informe de PwC entregado al FROB.

Aunque el informe forense no es categórico, la sospecha que se cierne sobre esos contratos es que los directivos de la entidad podrían haber pactado «falsos despidos» para alegar un despido improcedente y percibir su indemnización cuando realmente se trataba de bajas pactadas o incluso voluntarias por las que no habría derecho a percibir esas cantidades.

La Fiscalía Anticorrupción está revisando ya tanto los llamados «pactos de no concurrencia» como los bonus e indemnizaciones que percibieorn esos directivos por su salida así como todas las demás fórmulas de pago que percibieron esos cuatro directivos en los años 2009 y 2010. Enrique de la Torre cobró en total en el año de su salida de la entidad 5,2 millones de euros.

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También en 2010 se repitieron situaciones similares, que afectaron al propio Miguel Blesa, a Ricardo Morado y a Juan Astorqui. También en esos casos, el FROB denuncia «posibles irregularidades en la extinción de sus contratos» que les supusieron ingresos entre lo 3,5 y los 1,37 millones de euros en aquel ejercicio.

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La Fiscalía se pronunciará previsiblemente a favor de tramitar esa denuncia en próximas fechas pese a que, inicialmente, el Ministerio Público optó por archivar esa misma denuncia.

Fuente: vozpopuli.com

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La CNMC devuelve derechos a su plantilla tras el varapalo del Supremo a la reforma laboral

José María Marín Quemada en su toma de posesión como presidente del CNMC junto a varios ministros / EP

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empieza a recular en su intención de retirar derechos a sus trabajadores dos semanas después de enfrentarse por primera vez a su plantilla en los tribunales por su negativa a prorrogar el convenio colectivo del personal laboral (65% del total), y tras el varapalo del Tribunal Supremo a la última Reforma Laboral. El Alto Tribunal ha dado por buena la llamada ultraactividad (prórroga de los convenios caducados) que el Gobierno de Rajoy intentó eliminar, en una decisión que puede tener consecuencias para el conflicto que libra el guardián del libre mercado con sus empleados.

El pasado martes, la secretaría general del ‘superregulador’ remitió un correo electrónico a la plantilla en el que informa de que «a partir del próximo 1 de enero de 2015 se va a contratar por este Organismo un seguro de vida y accidentes» similar al que contemplaba el convenio colectivo que la CNMC ha dejado de aplicar con el nuevo año.

Ese convenio, que emana del personal de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), también contemplaba el pago a los empleados del abono transporte, cheques de comida y seguro médico, ventajas que el extinto regulador energético concedió a cambio de que la plantilla renunciase a subidas de sueldo y que a partir de ahora se suprimen.

Las coberturas del nuevo seguro de vida de la CNMC son, eso sí, son más bajas que las del anterior, que cubría hasta 100.000 euros. Las garantías de la nueva póliza, contratada «para la totalidad del personal» con la compañía Aegon, todavía están por determinar, aunque rondarán los 10.000 euros en caso de fallecimiento o invalidez absoluta permanente; los 20.000 por invalidez absoluta permanente por accidente o fallecimiento por accidente y los 30.000 por invalidez absoluta permanente o fallecimiento en accidente de circulación.

Al tratarse de una retribución en especie, los trabajadores que se acojan a esa póliza colectiva abonarán una cantidad con cargo a su nómina que situará entre 40 céntimos y 1,5 euros al mes.

Fuentes internas de la CNMC relacionan este ofrecimiento a la plantilla con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado la ultraactividad de los convenios colectivos que la Reforma Laboral del PP intentó suprimir: «No sabemos si es por ir anticipando los efectos de la posible sentencia» que debe dictar el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, que tramita el primero de los dos contenciosos que tienen abiertas las partes en los tribunales, en este caso, por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del personal laboral.

En el juicio celebrado ante esa instancia el pasado día 17 de diciembre, apenas dos días antes de conocerse la decisión del Supremo de avalar la ultraactividad, el organismo expresó su intención de aplicar a partir de 2015 el Estatuto de los Trabajadores porque entendía que «no tiene mayor obligación legal» con la plantilla, según el comité de empresa de la CNMC.

Tras ese juicio, aún pendiente de sentencia, para el 22 de enero está previsto otro ante el Juzgado de lo Social número 29 de Madrid por la inaplicación de una parte del convenio, que el organismo, que ha señalado que quiere «homogeneizar» las condiciones laborales, justifica por razones presupuestarias. La CNMC (con la que no ha sido posible contactar) ha contratado al bufete Sagardoy (asesor del Gobierno en la Reforma Laboral) para este contencioso. El organismo lleva en funcionamiento poco más de un año.

Fuente: eldiario.es

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