Los datos oficiales permiten aproximarse a muchas situaciones difíciles de la crisis, a los seis millones de personas que están en el paro, a los casi dos millones de hogares en los que nadie en edad activa trabaja o en los que, además, han agotado ya cualquier prestación por desempleo. Pero hay una bolsa de afectados por la crisis que escapa de las estadísticas, miles de trabajadores que no cuentan como parados pero tampoco tienen ingresos, trabajadores zombi de empresas con dificultades que pasan meses desempeñando su función sin cobrar la nómina. Las denuncias por impago de salarios o finiquitos se han disparado desde que comenzó el declive económico en España, tanto en los tribunales como ante las autoridades laborales. La Inspección de Trabajo recibió un total de 7.875 el año pasado, 500 más que el año anterior. Desde 2008, han aumentado hasta un 50%.

Muchas veces el impago de sueldos continuado es el preludio de la suspensión de pagos de una empresa y la plantilla tiene que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

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