Un total de 84 ex altos cargos han recibido autorización del Gobierno, desde que comenzó la legislatura, para dedicarse a la actividad privada tras su cese, pero sólo una docena, un 14 por ciento, solicitó volver a la empresa para la que trabajaba previamente.

De los 84, al menos la mitad se marchó a trabajar en sectores relacionados con las competencias del Ministerio para el que trabajaban -y en muchos casos con su actividad profesional previa-. Un total de 14 (el 17 por ciento) recaló en bufetes de abogados o asesorías y 12 en consultorías de distintos sectores. Otros seis se identificaron como consultores o asesores para diversas empresas, lo que suma un total de al menos 32 dedicados a estas actividades (un 38 por ciento).

Además, al menos 10 optaron por fundar su propia firma o trabajar por cuenta propia en el mismo sector o en otro, ocho fueron a parar a lobbies o asociaciones y siete fueron contratados por partidos políticos o regresaron a ellos. La Oficina concedió nueve autorizaciones para trabajar en multinacionales y otras tantas para ir a empresas cotizadas -aunque finalmente no todas se materializaron-. Media docena están vinculados a una o varias universidades y 10 a fundaciones o entidades del tercer sector.

Todo ello se desprende de un análisis, realizado por Europa Press, de las autorizaciones concedidas por la Oficina de Conflictos de Interés del Ejecutivo desde el 1 de enero de 2012, obtenido a través de una petición al Portal de la Transparencia. Las categorías no son excluyentes, puesto que varios recibieron autorización para distintas actividades.

La mayoría, un total de 53, son ex altos cargos del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que cesaron a finales de 2011 o principios de 2012 y debían solicitar autorización para dedicarse a la actividad privada en los dos años posteriores a su cese. No obstante, la relación no detalla el destino de todos los altos cargos (entre ellos sigue habiendo cargos electos o funcionarios públicos). Además, una vez transcurridos esos dos años no deben pedir autorización para dedicarse a la empresa privada.

En el listado, junto a los procedentes del Gobierno socialista, hay una docena de altos cargos nombrados por el Ejecutivo del PP, cinco diplomáticos, tres militares que pasaron a la reserva y 11 miembros de organismos reguladores que dejaron sus puestos o cesaron al unirse la mayoría de ellos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2013.

El Gobierno había publicado de oficio el pasado 10 de diciembre sólo las autorizaciones concedidas en el año 2014 hasta esa fecha. Desde entonces se han añadido otras tres, entre ellos al exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para el «ejercicio de la abogacía» y a la exdirectora del gabinete de la exministra Ana Mato, María Teresa Bernedo Arzak, ahora asesora del Grupo Parlamentario Popular.

Seguridad y defensa

El tercero es el exjefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, Fernando Sacristán Ruano, que al pasar a la reserva ha recibido autorización para fundar una consultora logística, Hornet, y trabajar para otras dos empresas, Bess-Beyond, también dedicada a la logística, y Tecnobit, dedicada a la consultoría en seguridad. El año pasado, el exdirector del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, José Manuel Siero, creó la consultora aeronáutica Lapid.

En 2013, otro militar en la reserva, el exjefe del Mando Logístico del Ejército de Tierra, Luis Villanueva Barrios, recibió autorización para fundar la asesoría Klau Henares y para trabajar para AESMIDE, la patronal de empresas contratistas con las Administraciones Públicas.

El que fuera secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, fue autorizado a trabajar para Corporación Marítima S.L., Compañía Naviera Elcano y Segur Ibérica, una empresa que presidió –durante dos meses en 2011– el hoy ministro de Defensa Pedro Morenés y que durante el Gobierno socialista se adjudicó contratos para proteger a los atuneros en el Índico.

Entre los diplomáticos, en 2014 el exembajador en Chile, Íñigo de Palacio, recibió autorización para irse a Indra, y el de París, Carlos Bastarreche, para fichar por Airbus. En 2013, César Alba Fuster, previamente destinado en Gabón, fue autorizado a ser consultor para Skip, Arias y RACC.

En 2012 el exembajador en Londres Carles Casajuana recibió luz verde para asesorar a dos multinacionales, Cellum Global, dedicada a la tecnología móvil, y Salamanca Group, una asesoría de inversiones y riesgos afincada en Chipre.

También procedente del Ministerio de Exteriores, el que fuera director de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), Francisco Moza, fichó por el Santander como director de Relaciones Institucionales para Latinoamérica. El exsecretario de Exteriores Juan Antonio Yáñez Barnuevo se marchó a la fundación Mujeres por África impulsada por la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Gallardón, que acaba de obtener su ‘visado’ para la actividad privada, es el cuarto ministro en esta lista, que encabeza, por número de autorizaciones, la exministra Cristina Garmendia. También están los exministros Elena Salgado y Miguel Ángel Moratinos.

Junquera y Cabieces, objeto de polémica

El listado refleja un abanico amplísimo de casos. Entre los más polémicos estuvo el del exsecretario de Estado de Telecomunicaciones Juan Junquera, que fichó por Cash Devices, propietaria de un 29 por ciento de la tecnológica Gowex, que quebró en 2014 y que había recibido ayudas del Ministerio. El de Energía Fabricio Hernández Pampaloni volvió a la consultora Nera, dedicada a asesorar a las electricas.

También está en el ojo del huracán el exalcalde de Portugalete y exdelegado del Gobierno en el País Vasco Miguel Ángel Cabieces, que tuvo como destino la Asamblea de la BBK. Después fue consejero de Kutxabank, puesto que dejó para entrar en la Ejeuctiva del PSE-EE y hoy está siendo investigado por unos pagos irregulares de la entidad por a un bufete para el que trabajaba. El PSE le ha echado de su dirección y él ha pedido la baja temporal del partido.

El ex abogado general del Estado, en un bufete

Los despachos de abogados son un destino repetido para los ex altos cargos. El que fuera abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, fichó por Alemany & Escalona. En el listado hay varios casos de funcionarios de carrera o personalidades con trayectoria política que tras pasar por una alta responsabilidad en el Gobierno han fichado por bufetes, aunque algunos, como el propio Bardají, ya habían pasado por la empresa privada.

Algunos de los que aparecen en dicho listado son los expresidentes de la Comisión Nacional de la Competencia Luis Berenguer (Broseta) y Joaquín García Bernaldo de Quirós (magistado en excedencia, dirige el área procesal en Ramón y Cajal); el exsecretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Energía Mariano Bacigalupo (bufete Joaquín Tornos) o la exconsejera de la Comisión Nacional de la Energía Marina González Serrano (Pérez-Llorca). Otros han recalado en Roca Junyent o Albiñana y Suárez de Lezo.

Por otro lado, algunos fundaron su propia asesoría, como la exsecretaria de Estado de Inmigración y Emigración Anna Terrón. Terrón fue en 2014 asesora de la entonces comisaria europea de Interior, Cecilia Malström, muy crítica con el Gobierno español en lo relativo a la gestión de fronteras. La que fuera presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, Belén Barreiro, fundó su propia empresa demoscópica (Myword). En cambio, los ex delegados del Gobierno en Canarias y Ceuta se reincorporaron a sus respectivas empresas (Dominica Fernández a Luján Auditores y José Fernández Chacón a Manuel Pascual Pascual, dedicada a la gestión hospitalaria).

Fuente: lainformacion.com