La contabilidad b puede jugar una mala pasada a las empresas a la hora de ajustar su plantilla. Así le ha ocurrido a la aragonesa Curbimetal, que ha visto como el Tribunal Supremo ha ratificado la anulación del ERE de extinción de 38 contratos que aplicó en el 2012 porque la empresa ocultó al comité, en la negociación del despido colectivo, que había llevado a cabo operaciones de compraventa en negro. Esta circunstancia, según la sentencia avanzada ayer por El País, «impidió una verdadera negociación (…) y comporta el incumplimiento de la exigencia legal de (…) negociar de buena fe».

La resolución confirma la nulidad del ERE dictada en diciembre del 2012 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y desestima así el recurso presentado por Curbimetal. Además, el alto tribunal ha informado a la Agencia Tributaria de la caja b de dicha empresa, ubicada en Alagón e inmersa en un concurso de acreedores desde octubre del 2012.

«El mero hecho de haber logrado la empresa ocultar datos trascendentes de su realidad contable al acreedor tributario no comporta que los restantes acreedores, y menos los trabajadores, tengan que someterse a la ficción de unas cuentas cuya certeza y realidad ha quedado desvirtuada», recoge la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso este diario.

Dada su relevancia jurídica, el caso fue debatido por el pleno de la Sala de lo Social del Supremo, que aprobó por unanimidad la sentencia. Los fundamentos de la misma provienen del obiter dicta (argumento complementario) del magistrado Carlos Bermúdez –ponente del anterior fallo del TSJA–, en la que hizo hincapié de la trascendencia que la contabilidad b de una empresa tiene en el momento de negociar un despido colectivo.

SIENTA JURISPRUDENCIA Curbimetal se dedica a la fabricación de perfiles metálicos para la construcción y formaba junto a Curbiperfil un grupo empresarial a efectos laborales, según los jueces. En el verano del 2012, presentó un ERE para 38 trabajadores, más de la mitad de la plantilla, cuya negociación acabó sin acuerdo. La empresa, arropada por la nueva normativa laboral, siguió adelante con la regulación de empleo y el comité recurrió a los tribunales.

Fuente: Expansión.com