Renfe y los sindicatos mayoritarios UGT, CC OO y SEMAF han alcanzado un acuerdo para fijar las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa ferroviaria pública el 17 de enero para un máximo de 500 trabajadores, el 4% de la plantilla.

El ajuste tiene carácter voluntario y universal, por lo que está abierto a cualquier trabajador que decida acogerse, sin necesidad de cumplir con condición alguna respecto a su edad y antigüedad. «La indemnización contemplada para los trabajadores que de forma voluntaria se acojan a este proceso es de 20 días por año trabajado, con una media máxima de 14 mensualidades», informó este jueves Renfe. El plazo para solicitar la adhesión a este ERE finalizará el 28 de febrero.

«El fin de este proceso es alcanzar los objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de la compañía, a la vez que se responde a los retos de productividad necesarios en un mercado competitivo», indicó en el comunicado. Para garantizar el servicio asegurando los procesos productivos, ningún colectivo podrá superar el 35% sobre el total del número máximo de bajas previsto.

El ajuste propuesto por Renfe se suma al aprobado el año pasado en Adif (gestor de la infraestructura ferroviaria) para 250 trabajadores, un 2% de la plantilla. Otras dos empresas dependientes del Ministerio de Fomento han presentado en los últimos meses reducciones de plantilla, como el gestor aeroportuario AENA (afectó a 1.200 empleados) y la consultora pública de ingeniería Ineco (390 trabajadores).

Renfe tiene consignado un presupuesto de 14,9 millones de euros en sus cuentas de 2014 para atender el coste de este ajuste. La operadora propone esta medida tras la reestructuración que realizó el pasado 1 de enero, cuando se convirtió en un holding del que dependen cuatro nuevas empresas (Viajeros, Mercancías, Talleres y Alquiler de Material). Las previsiones de la propia empresa indican que las cuatro divisiones registrarán pérdidas este año.

La empresa pública tiene que hacer frente este año a la apertura a la competencia del transporte de viajeros. El Ministerio de Fomento tiene previsto sacar a concurso este año las licencias para que compañías privadas puedan dar servicios tanto de alta velocidad como de larga distancia.

Fuente: El País