La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet) ha remitido un escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que denuncia que el incentivo que Empleo ofrecerá a las agencias de colocación por informar de irregularidades cometidas por desempleados «vulnera el ordenamiento jurídico español».
Andet, que también ha recurrido a la Defensora del Pueblo para que frene el buzón ‘antifraude’ puesto en marcha por el Ministerio de Empleo, argumenta que en el pliego administrativo para el acuerdo marco entre los servicios públicos de empleo con las agencias privadas de colocación se establece un nueva vía de iniciar el trámite de denuncia «por un cauce informal» y sin las mínimas garantías legales.
La asociación recuerda en su escrito a la Defensora del Pueblo que las únicas vías contempladas en la ley para iniciar la actuación de la Inspección de Trabajo son una orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia, los cuales no se corresponden con el proceso descrito en el pliego admistrativo de este acuerdo marco.
En dicho pliego se establece que las agencias de colocación percibirán un incentivo «por resolución de irregularidades», consistente en el pago de hasta el 15% de lo que le correspondería por insertar en el mercado laboral al desempleado encomendado, siempre y cuando a consecuencia de la información proporcionada por la agencia durante la prestación del servicio se inicie un procedimiento que concluya en la imposición al parado de una sanción.
Para Andet, resulta «absolutamente contrario» al ordenamiento jurídico español incentivar económicamente la puesta en conocimiento al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de posibles irregularidades por parte de los desempleados.
«La incentivación económica en los términos expuestos resulta más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un Estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en cazarrecompensas al margen del control de la legalidad vigente», subraya la asociación en el escrito que ha enviado a Becerril.
Según Andet, el trámite de denuncia contemplado en el mencionado pliego administrativo incumple la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Reglamento para la Imposición de Sanciones en el Orden Social, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y el Real Decreto-ley 4/2013 que exige una instrucción y solución del procedimiento a cargo de órganos competentes.
Por todo ello, Andet reclama a la Defensora del Pueblo que tome cartas en este asunto y emita una recomendación para que se modifique este aspecto en el acuerdo marco de colaboración entre el SEPE y las agencias privadas de colocación.
Continúa en…
andet.org 