La actual situación en España resulta cada vez más preocupante en relación a la calidad de vida de sus ciudadanos, máxime teniendo en cuenta que la renta per capita va reduciéndose peligrosamente a la vez que aumentan los costes de los productos más básicos.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística ha concluido que uno de cada cinco ciudadanos vive actualmente por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, vive con menos de 7.355 euros al año, equivalente a 612,95 euros mensuales, apenas unos euros por debajo del actual salario mínimo que fue fijado por el Gobierno en 645,30 euros.

Precisamente, el salario mínimo interprofesional se encuentra en boca de todos en los últimos días y no precisamente en las voces más competentes. Así, el propio Banco de España, sin tener competencia alguna para ello, y uno de los responsables directos junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la ruina de muchos, se descuelga del mandamiento legal para aconsejar al Gobierno que suprima el salario mínimo interprofesional, flexibilizando los salarios ya que, según este organismo «en el ámbito del empleo no se observan cambios en las pautas recientes de creación y destrucción de empleo», sin tener en cuenta para ello, diversos factores como la facilidad, gratuidad y libertad del empresario para el despido a gran escala que ha permitido el Real Decreto y posterior Ley 3/2012, más conocida como reforma laboral.

A mayor abundamiento, parece relevante señalar que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores ha sido vulnerado por el actual ejecutivo en cuanto que el mismo establece literalmente que “El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional”. En este sentido ha de advertirse que el Gobierno no ha llevado a cabo consulta alguna con los agentes sociales para la fijación del salario mínimo interprofesional tal y como se desprende del Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013 en 21,51 euros/día o lo que es lo mismo 645,30 euros/mes, situándose entre los más salarios mínimos más bajos de nuestro entorno, tanto en valor absoluto como relativo respecto del salario medio.

Contrariamente a la máxima del Gobierno de España, empeñado en reducir, flexibilizar y recortar el salario de los trabajadores, encontramos el ejemplo de Estados Unidos, bajo la propuesta de incrementar el salario mínimo e indexarlo al coste de la vida a partir de 2015 para actualizarlo manteniendo poder adquisitivo, argumentando para ello que:

– El incremento del salario mínimo no reduce el empleo.

– El incremento del salario mínimo reduce la pobreza.

– El salario mínimo no debe ser una decisión aislada sino parte de una política más amplia (educación, inmigración, impuestos…).

Son numerosos los estudios que apoyan la propuesta del Gobierno norteamericano, siendo uno de los más representativos el estudio de David Card y Alan Frueger publicado en The American Economic Review, que evalúa el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo en Nueva Jersey de 4,25 a 5,05 dólares por hora (un incremento del 18% en el salario mínimo). El estudio se llevó a cabo a partir de los datos de trabajadores de 410 establecimientos de comida rápida, típicamente empleadores de trabajadores con salarios mínimos, antes y después de la subida, tanto en Nueva Jersey como en la vecina Pennsylvania, donde el salario mínimo se mantuvo constante y no subió en el mismo periodo de tiempo. El estudio, que se centra en un sector claramente de bajos salarios como es el de la comida rápida y es uno entre muchos que apuntan en la misma dirección, concluye que el aumento del salario mínimo no reduce el empleo.

En este sentido, la mayoría de los expertos en el ámbito económico y social coinciden en que el incremento del salario mínimo provoca importantes beneficios y mejoras para la calidad de vida en las familias cuyos miembros tienen salarios inferiores sin que ello reduzca el empleo.

El incremento del salario mínimo por tanto, conlleva efectos claramente positivos: de un lado, los trabajadores sujetos a un salario mínimo no lo son esporádicamente sino que de modo estructural tienden a verse afectados durante largos periodos de tiempo; de otro lado, los estudios más recientes coinciden en los beneficios de incrementar el salario mínimo sin que ello produzca pérdida de empleo, sino todo lo contrario, supondría una clara estimulación del empleo. Parece además relevante, que incluso aquellos estudios que concluyen que el aumento del salario mínimo podría desembocar en la destrucción de empleo, ésta resulta marginal y simbólica en relación con los efectos positivos.

Así, resulta como poco llamativo a la vez que alarmante que contrariamente a la valoración del Banco de España y del propio Gobierno de España, más de 650 economistas, incluyendo 5 Premios Nobel (Kenneth Arrow, Clive Granger, Lawrence Klein, Robert Solow y Joseph Stiglitz) y 6 Presidentes de la American Eonomics Association firmaron en 2006 un manifiesto en el que solicitaban el aumento del salario mínimo por sus efectos positivos sobre las familias con menos renta sin que ello conlleve efectos negativos para el empleo.

En definitiva, quien suscribe no pretende convertirse en un abanderado de un salario mínimo indigno como es el caso de España, situación provocada por el conjunto de las instituciones competentes para ello en connivencia con los distintos Gobiernos y con los agentes sociales, sino defender la necesidad de un salario mínimo que permita incluso a aquellos trabajadores y sus familias que se encuentran retribuidos con el salario más bajo, mantener un nivel de vida digno, evitando contrariamente a lo que está sucediendo en la actualidad, la exclusión social y marginalidad de los mismos.

Antonio Valenciano