En los últimos doce meses el número de ocupados a sueldo del sector público se ha reducido en más de 300.000 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

Sin embargo, según reconocen los propios sindicatos de funcionarios, esta reducción ha respondido más a la no renovación de contratos de servicio con externos y al efecto de la no reposición de vacantes, que a una disminución real del tamaño de las plantillas de los organismos públicos.

De hecho, Hacienda estima que apenas se han eliminado 17.336 plazas de interinos (empleados públicos que prestan de forma supuestamente transitoria un servicio reservado a funcionarios que no ha sido sacado a concurso) a la altura de julio de 2012 sobre un total de 234.755 interinos en todas las Administraciones. Menos de un 10% de reducción en un colectivo que probablemente sea el más expuesto al ajuste.

Y es que pese a que la reforma laboral consolidó por primera vez en el marco laboral español un instrumento jurídico para afrontar despidos individuales o colectivos de empleados públicos, el asunto no parece ser tan sencillo.

Así lo han puesto de manifiesto las sentencias judiciales que han anulado los planes de reducción de plantilla del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o de Telemadrid.

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