El seguro que atiende la situación de desempleo, lo que hoy conocemos como prestación por desempleo o coloquialmente como “paro”, tiene su origen en la Ley 62/1961, que pretendía precisamente proteger al trabajador del riesgo que constituye para la vida de éste la ausencia de ingresos ante la falta de trabajo. La norma protegía al trabajador con una cobertura del 75% del salario medio de base de cotización, durante un máximo de seis meses.

La protección se amplió, tanto en la cuantía como en la duración, a través de la Ley 51/1980 (Básica de Empleo), cuya cobertura podría alcanzar un máximo de 18 meses, estableciendo un sistema de prestación gradual que comenzaba con un 80% durante los seis primeros meses, bajando hasta el 70% a lo largo de los siguientes seis meses y el 60% durante la última etapa de la vida de la prestación hasta el décimo octavo mes.

Adicionalmente, esta segunda norma establece la creación del subsidio por desempleo con una cobertura del 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Posteriormente entra en vigor la Ley 31/1984 que ampliaba a su vez la cobertura de la prestación por desempleo hasta 24 meses, manteniéndose en su cuantía (80% durante los primeros seis meses, aminorándose al 70% durante los siguientes seis y disminuyendo al 60% durante los últimos meses hasta el décimo octavo mes), y estableciendo el subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 55 años (conocidos como trabajadores de edad avanzada, colectivo especialmente vulnerable ante situaciones de desempleo).

Con la Ley 22/1992 se complica el acceso a la prestación por desempleo, ya que pasa a ser necesario cotizar al menos durante un año, cuyo importe se reduciría al 70% durante los primeros seis meses y al 60% durante el resto de la vida de la prestación, situación que mantiene la Ley 1/1994 General de la Seguridad Social.

Ante un contexto de grave crisis económica y el aumento del número desempleados que agotaron la prestación por desempleo, sin expectativa real de alternativa laboral, el Real Decreto Ley 1/2011 establece la creación del Plan Prepara o lo que es lo mismo, un plan de recualificación profesional que dotaba con 400 euros mensuales a todas aquellas personas que hubieran agotado la prestación por desempleo, durante un máximo de seis meses prorrogables.

A partir del Real Decreto 20/2012, contrariamente a lo pretendido anteriormente en relación a la ampliación de coberturas y protección a los desempleados, se mantiene el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses, disminuyendo al 50% a partir del séptimo mes con un máximo de 24 mensualidades, complicando el acceso al subsidio por desempleo creado a través del Real Decreto Ley 1/2011.

Prueba de ello son las propias estadísticas publicadas por el Ministerio de Empleo y el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), ya que en el período establecido entre diciembre del año 2011 y Octubre del año 2012 a pesar de que la cifra del número de desempleados aumenta en 500.000 personas, desciende en 11.552 el número de beneficiarios de la prestación por desempleo; en el mismo período a pesar del aumento de la cifra de desempleados, desciende en 3.615 el número de beneficiarios del subsidio por desempleo.

El legislador ha venido a desandar a lo largo del último año la red protectora que representaban tanto la prestación como el subsidio por desempleo, olvidando que su naturaleza y origen radican en que “El riesgo de desempleo constituye una de las más graves amenazas para la vida del trabajador”, precisamente en una coyuntura económica que empuja a una gran masa de trabajadores desempleados hacia la exclusión social.

Antonio Valenciano.