Juicio a la reforma laboral: Dos años después hay más paro… y nuevos problemas

En el preámbulo del real decreto 3/2012 del 10 de febrero mediante el cual se aprobaba la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy hace ahora dos años, se hacía un crudo análisis de la situación económica del país.

Los datos de la última Encuesta de población Activa arrojaban una cifra de paro de 5.273.600 personas y una tasa de paro del 22,85%. Además, se destacaba que la destrucción de empleo había sido especialmente intensa entre los jóvenes, cuya tasa de paro entre los menores de 25 años llegaba casi al 50%. El desempleo de larga duración afectaba más a España que a otros países de su entorno y el documento presentaba un dato de la OCDE que aseguraba que la duración media del desempleo era de 14,8 meses, frente a los 9,6 meses de media OCDE y los 7,4 meses entre miembros del G7. Por otro lado, la tasa de temporalidad llegaba casi al 25%, mientras que la media de la UE era del 14%.

El documento explicaba que los problemas del mercado de trabajo español no eran coyunturales sino estructurales y que requerían una reforma de envergadura para recuperar el empleo. En ese sentido, el decreto ley que entonces se aprobaba pretendía crear las condiciones necesarias para que la economía española pudiese volver a crear empleo garantizado además la necesaria flexibilidad del mercado y los adecuados niveles de protección social. El objetivo, decían, era la flexiseguridad, un concepto que pretende aunar la necesaria elasticidad del mercado de trabajo con la estabilidad y la creación de empleos de calidad, todo ello protegido por unas eficaces políticas activas de empleo.

Dos años después de la reforma, la Encuesta de Población Activa revela que el número de parados es de 5.896.300 y la tasa de paro se sitúa en el 26%. El paro juvenil – entre menores de 25 años – afecta al 55% de la población activa en esta franja de edad. La tasa de temporalidad ha mejorado un poco pero sigue siendo del 23,92%. A todo esto hay que sumar que la población activa en febrero de 2012 era de 23.072.000 personas, mientras que en enero de 2014 es de 22.654.500, esto es, hay 417.500 personas menos en disposición de trabajar.

Según estos datos, la reforma laboral no ha cumplido sus expectativas, al menos no en el medio plazo pero, ¿existen síntomas que conduzcan a pensar que las expectativas son mejores para los años venideros? ¿Hay alguna parte de la reforma laboral que haya empezado a dar sus frutos? ¿Ha equivocado el sentido de las reformas el decreto ley de febrero de 2012?

Fuente: teinteresa.es

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La Seguridad Social perdió 102.545 afiliados extranjeros en 2013

La Seguridad Social perdió 102.545 cotizantes extranjeros en 2013, un 6,2% en relación a 2012, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.543.306 ocupados, su cifra más baja en años, informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el año pasado, 1.315.540 cotizaban al Régimen General, 223.978 al de Autónomos, 3.487 al del Mar y 300 al del Carbón.

En términos intermensuales, la afiliación de extranjeros bajó en diciembre en 1.864 personas (-0,1%), acumulando su séptima caída mensual consecutiva.

Según Empleo, la caída interanual de la afiliación de trabajadores extranjeros (-6,2%) contrasta con el descenso del 0,51% del conjunto del sistema y evidencia que se ha ampliado la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

Fuente: Diario Progresista

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Las mutuas no podrán dar altas sin el ‘ok’ de la Seguridad Social

El Ministerio de Empleo ha dado ‘marcha atrás’ en su intención de dotar a las mutuas laborales de una mayor capacidad para dar altas laborales en los casos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes. Según ha podido saber Redacción Médica, esta modificación respecto al borrador inicial es la más importante de las presentadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los agentes sociales.

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La idea inicial barajada por el Ministerio consistía en dar a las mutuas la posibilidad de dar altas en caso de no recibir información contraria por parte de los profesionales del sistema público en el plazo de cinco días. Esta decisión, sin embargo, no ha sido bien recibida por los agentes sociales, que la tachan de ‘recorte en el derecho a la salud de los trabajadores’ por considerarlos potenciales culpables de fraude laboral.

Tras la última revisión del texto, se estipula que los partes de alta en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán “por el correspondiente facultativo del Servicio Público de Salud”. Asimismo, podrán ser extendidos por los inspectores médicos del Servicio Público de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, del Instituto Social de la Marina. En el caso de las mutuas, deberán presentar una solicitud de alta a las unidades de Inspección Médica del correspondiente servicio de salud y, en última estancia, podrá pedir su aprobación al INSS.

Fuente: Redacción Médica

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