El Tribunal Supremo ha declarado improcedente el ERE de Telemadrid, que en enero del año pasado se llevó por delante a 829 de los 1.161 trabajadores (71,4%) que integraban la plantilla de Telemadrid y más tarde la empresa amplió el número de afectados a 861. Los magistrados tenían dos opciones sobre la mesa, en una jornada crucial para el futuro de la cadena: o ratificar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado abril, que declaraba “no ajustado a derecho”, es decir improcedente, el expediente de regulación de empleo, o considerarlo nulo. Ha optado por la primera, desestimando así los recursos presentados por la empresa y por los sindicatos.

Pocos minutos después del fallo del Supremo, el ente público anunció que una vez recibida la sentencia, procederá «a dar cumplimiento de la misma, optando por indemnizar a las personas afectadas». Se calcula que la compañía tendrá que aumentar en unos 22 millones de euros la partida dedicada a indemnizaciones.

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha expuesto que la sentencia garantiza la viabilidad de RTV-Madrid y ha hecho hincapié en que de haberse aceptado las condiciones iniciales planteadas por Telemadrid se hubieran producido un menor número de despidos.

La declaración de improcedente era el escenario previsto tanto desde la Comunidad de Madrid como desde los sindicatos. Esto obligará al Ejecutivo de Ignacio González a pagar a los trabajadores hasta 45 días de indemnización por año trabajado, frente a los 20 días que se abonaron con un máximo de 12 mensualidades. El Gobierno regional ya ha dejado claro que aumentaría las indemnizaciones, que supondrían unos 22 millones de euros (ya se han destinado 26 millones al ERE). Esa era la solución más grata para el PP madrileño, que tras un año de protestas dará por zanjado el principal conflicto social que mantiene abierto. De haber sido declarado nulo, la Comunidad cerraría la cadena, al no estar dispuesta a readmitir a los despedidos. Un escenario que hubiera dejado a González en una situación de lo más incómoda pero que esperaba regatear: en su opinión, la situación de Telemadrid no tenía nada que ver con la de Canal 9, fundida a negro a finales del pasado noviembre.

Para los sindicatos, la sentencia ha sido decepcionante porque aspiraban a que el ERE fuera declarado nulo. «Asumimos la sentencia, como no puede ser de otra manera, pero nos ha dejado bastante disgustados, porque creemos que el Supremo no ha hecho justicia», ha dicho la presidenta del comité de empresa, Teresa García, tras conocer el fallo.

Los trabajadores despedidos de Telemadrid han iniciado a las nueve de la mañana una marcha desde la sede de la radiotelevisión madrileña en la Ciudad de la Imagen. La protesta ha sido organizada por los Comités de Empresa del Ente Público Radio Televisión Madrid y las secciones sindicales de UGT, Comisiones Obreras y CGT. Los afectados por el ERE han entrado en Madrid capital por el Paseo de Extremadura. El recorrido ha seguido por la Plaza de Jacinto Benavente y la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional. Sobre las doce y media de la mañana han efectuado su entrada a la sede del Tribunal Supremo, en la Plaza Villa de París, al grito de «Sí se puede» y «Queremos salir en Telemadrid». Allí se han concentrado mientras los magistrados deciden su futuro.

El permiso a la concentración ante el Tribunal Supremo de la Delegación del Gobierno, que dirige Cristina Cifuentes (PP), ha recibido encendidas críticas del Ejecutivo de Ignacio González, también del PP. “¿No afecta a la independencia judicial que se autorice una manifestación en las puertas del Tribunal Supremo durante sus deliberaciones”, ha publicado el portavoz y número dos de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, en su cuenta de Twitter a las nueve y media de la mañana.

“Los dirigentes del PP actúan a golpe de chantaje con Telemadrid”, le ha replicado Libertad Martínez, diputada regional de Izquierda Unida. La parlamentaria ha tachado a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, de “un cinismo sin límites” por acusar a los afectados por el ERE de la cadena de intentar influir en las deliberaciones del Tribunal Supremo, advirtiendo además que si el expediente de regulación de empleo es declarado nulo la cadena echará el cierre. “El empleo de 829 personas y la existencia de una poderosa herramienta pública de comunicación en nuestra región es lo que está en juego”, ha zanjado.

“No se puede condenar a casi 1.000 familias por una mala gestión hecha por el PP en Telemadrid, esperamos que el Supremo sea justo”, afirma el portavoz adjunto del PSOE en Madrid, José Quintana. Los socialistas denuncian el elevado número de despedidos mientras el Ente público mantiene a una decena de directivos que cobran más de 100.000 euros. “Por el contrario, han echado a los trabajadores para intentar traspasar lo que ellos hacían a servicios y contratas externas algunas cercanas a PP”, apunta el diputado autonómico Miguel Aguado. El pasado enero, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, firmó con representantes de los despedidos un decálogo de compromisos “para reconstruir la calidad democrática en la región”, con el compromiso de “recuperar” Telemadrid como un servicio público “objetivo”y “sin intervención de ningún gobierno de turno”. El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, manifesta que «dejan la decisión en manos de la Justicia».

«La causa económica no justificaría, en ningún supuesto, la desproporcionalidad en el número de despidos, como así lo dictaminó en su momento el TSJM», observan desde Comisiones Obreras. «Hay razones sobradas y fundadas para declarar nulo el ERE», añaden en UGT.

Fuente:  elpais.com