Casi el 40% de los jóvenes españoles no cobra más de 1.000 euros al mes

El empleo azota a más de la mitad de los jóvenes, pero de aquellos que cuentan con un empleo, el 40 % era ‘mileurista’ o ni siquiera cobraba esos 12.000 euros al año, según datos de una conocida empresa de trabajo temporal, en los que se contabilizan todo tipo de contratos, incluidos aquellos a tiempo parcial.

Así lo refleja el informe ‘Estado del mercado laboral en España’ elaborado por la empresa de trabajo temporal con datos de 2013, en el que se precisa que el salario medio durante el año pasado fue de 24.650 euros brutos anuales, más del doble.

El documento explica que el 38% de los jóvenes entre 16 y 29 años cobra entre 6.000 y 12.000 euros, cifra que aumenta hasta el 43% si se toma la franja de edad entre los 20 y los 24 años.

Además un 53% de todos los jóvenes menores de 29 años cobra entre 12.000 y 24.000 euros anuales y sólo el 10% cobra más de esa cifra. Atendiendo al nivel de estudios, son los universitarios los que pueden acceder a mejores salarios. Así un 14% de ellos cobran más de 24.000 euros, por encima de la media.

La mayor parte de los jóvenes sin estudios (52%) cobran, por su parte, entre 12.000 y 24.000 euros, mientras que la mayor proporción de ‘mileuristas’ se concentra entre aquellos con estudios básicos (42%). Por sectores de actividad, los jóvenes se concentran en dos ámbitos principales, la atención al cliente con un 13% de los ocupados, y el turismo y la restauración, con un 12%.

Fuente: lainformacion.com

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El empleo a tiempo parcial en España, en su mayoría involuntario, creció en 2013 hasta el 16%

El empleo a tiempo parcial ha ido creciendo en España durante los años de la crisis, de forma que ha pasado de representar el 12,6% del total del empleo en 2009 a un porcentaje del 15,9% en 2013, según datos elaborados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de informes de Eurostat.

No obstante, el IEE señala que en los países del Sur de Europa, entre los que se encuentra España, el empleo a tiempo parcial «sigue sin tener un peso importante en el mercado laboral» y en la mayoría de los casos se trata de un tiempo parcial involuntario.
«El trabajo a tiempo parcial no está verdaderamente arraigado en España, ya que un 57,4% de los que trabajan a tiempo parcial manifiestan que preferirían un empleo a tiempo completo», subraya el IEE.

Frente a la situación en el Sur de Europa, el empleo a tiempo parcial tiene una «considerable implantación» en los países del Centro y Norte de Europa, así como en Gran Bretaña e Irlanda. Los Países Bajos son, con diferencia, los que presentan una mayor tasa de empleo a tiempo parcial, un 50%, lo que significa que uno de cada dos trabajadores holandeses lo es a tiempo parcial.

Le siguen, a mucha distancia, Alemania (26,2%), Austria (25,7%), Reino Unido (25,5%), Dinamarca y Suecia (24,7%), Bélgica (24,3%), e Irlanda (23,5%), todos ellos por encima de la media de la UE-28, situada en el 19,5%.

Por encima del 10% aparecen Luxemburgo (18,7%), Francia (18,1%), Italia (17,7%), España (que ocupa el puesto 12 con una tasa del 15,9%), Malta y Finlandia (14%), Chipre (11,9%) y Portugal (10,9%).

Con una tasa de parcialidad inferior al 10% se sitúan Eslovenia (9,3%), Estonia (8,9%), Rumanía (8,8%), Lituania (8,4%), Grecia (8,2%), Letonia (7,5%), Polonia (7,1%), Hungría (6,3%), Croacia (6,2%), República Checa (5,8%), Eslovaquia (4,5%) y Bulgaria (2,5%).

Fuente: elEconomista.es

 

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Becerril informará a las Cortes del rechazo de Empleo a retirar incentivos a agencias de colocación

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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, trasladará en su próximo informe anual a las Cortes Generales la negativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a seguir su recomendación de que suprima el incentivo económico a las agencias privadas de colocación por informar de irregularidades cometidas por desempleados.

A partir de la denuncia realizada ante su oficina por la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet), la Defensora del Pueblo recomendó el pasado mes de febrero al Ministerio que eliminara dichos incentivos al considerarlos una «retribución indebida», que prima una acción «que no constituye intermediación laboral».

Tras recibir dicha recomendación, Empleo remitió un informe a la Defensora del Pueblo en el que defiende la legalidad del papel dado a las agencias de colocación y los incentivos económicos que recibirán por informar de irregularidades.

«El Ministerio considera que esta retribución es coherente con las previsiones legales y las obligaciones de las agencias y de los trabajadores beneficiarios de prestaciones y, ante todo, evita un reparto asimétrico del riesgo en la labor de intermediación», afirma la Defensora del Pueblo en el último escrito remitido a Andet y al que ha tenido acceso Europa Press.

En vista de la defensa que hace Empleo de estos incentivos, Becerril ha comunicado a Andet que finaliza la tramitación de su queja, pero que toma de la misma para su inclusión en el próximo informe anual a las Cortes Generales, «en el que se pondrá de manifiesto que, siendo posible una solución positiva al asunto planteado, ésta no se ha conseguido por la actitud contraria de la administración competente a poner en práctica la resolución recaída en su día».

En dicha resolución, la Defensora del Pueblo entendía que este incentivo a las agencias de colocación «pervierte el sentido de la norma», pues convierte «en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad».

En el pliego de cláusulas administrativas del acuerdo marco entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las agencias privadas de colocación, se establecía que éstas percibirán un incentivo «por resolución de irregularidades» consistente en el pago de hasta el 15% de lo que le correspondería por insertar en el mercado laboral al desempleado encomendado, siempre y cuando a consecuencia de la información proporcionada por la agencia durante la prestación del servicio se inicie un procedimiento que concluya en la imposición al parado de una sanción.

Fuente: EuropaPress

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