21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso

La Organización Internacional del Trabajo ha presentado este martes sus estimaciones sobre el alcance del trabajo forzoso en el mundo y los beneficios que genera a los que se aprovechan de esta lacra. Según el informe, 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, y su sufrimiento genera beneficios para los que les explotan de 150.000 millones de dólares al año. Especialmente notable es lo que sucede con la explotación sexual: sus víctimas -la inmensa mayoría, mujeres- son 4.500.000, un 22% del total de trabajadores forzosos, pero generan el 66% del beneficio total que se llevan los explotadores.

 

El informe, «Ganancias y pobreza: Aspectos económico del trabajo forzoso», se apoya en una nueva metodología desarrollada por la OIT para hacer una estimación global del número de afectados y el beneficio que generan a sus explotadores las víctimas del trabajo forzoso (el que se hace de forma involuntaria como resultado del uso de la fuerza, amenazas o engaño). Los datos muestran que, de los 21 millones de trabajadores forzosos que se calcula que hay en el mundo, 2,2 millones (un 10%) lo son por los Estados (una explotación que se lleva a cabo, por ejemplo, en las prisiones, o por parte de unidades militares o paramilitares); 14,2 millones (un 68%) están explotados laboralmente, y 4,5 millones (un 22%) son víctimas de la explotación sexual.

Pero en el análisis de los beneficios que genera el trabajo forzoso para los que se aprovechan de él, se constata que la explotación sexual es la fórmula más lucrativa: de los 150.000 millones de dólares anuales que genera el trabajo forzoso, el 66% (99.000 millones) se obtienen de la explotación sexual. Dice la OIT que esto se debe a «la demanda que hay de estos servicios y los precios que los clientes están dispuestos a pagar, y por las bajas inversiones y bajos costes operativos asociados con esta actividad«. Los explotadores obtienen una ganancia anual por víctima de 21.800 dólares, «seis veces superior que el resto de fórmulas de trabajo forzoso».

Las ganancias obtenidas por la explotación sexual

En su análisis, la OIT señala que en el caso de la explotación sexual «además de la coerción, amenazas y violencia infligidas a las víctimas […], es frecuente que la víctima no reciba pago del cliente, que debe entregar el dinero directamente al proxeneta o al propietario del burdel». «La víctima ignora la cantidad que el cliente ha pagado», continúa el texto, que destaca que en este tipo de trabajo forzoso, sobre todo cuando las víctimas son migrantes, «toda una cadena de traficantes y explotadores obtiene beneficios: el que recluta [a la víctima], que impone un primer pago elevado; las personas que se ocupan del viaje y del transporte, que se aseguran de que la víctima llega al lugar en el que va a ser explotada; los agentes de la autoridad corruptos, que cobran para cerrar los ojos ante casos obvios de migración o explotación ilegal; los propietarios de apartamentos o casas; las compañías que se ocupan de los anuncios y, por supuesto, el propietario del burdel o el gestor de las redes de prostitución».

Por zonas geográficas, el texto de la OIT señala que «los beneficios obtenidos por la explotación sexual son más elevados en Asia, por el gran número de víctimas, pero los beneficios anuales por víctima son más elevados en las Economías Avanzadas y la Unión Europea (80.000 dólares al año) y en Oriente Próximo (55.000 dólares al año), por el elevado precio medio de las relaciones sexuales».

Otras formas de explotación

En el campo de la explotación laboral, la OIT distingue entre el trabajo forzoso doméstico (que alcanzaría a 3,4 millones de personas, es decir, un 6,5% del total mundial de empleados de hogar están en condiciones de trabajo forzoso), trabajo en la agricultura, pesca y silvicultura (donde habría 3,53 millones de personas explotadas forzosamente) y trabajo forzoso en otras actividades (como la industria, la minería o la construcción, donde 7,17 millones de personas serían víctimas de trabajo forzoso).

Por zonas geográficas, la OIT estima que es en la región de Asia-Pacífico donde se concentran la mayoría de los trabajadores forzosos (el 56% del total). En todo caso, en las Economías Avanzadas y la Unión Europea 1,5 millones de personas estarían en condiciones de trabajo forzoso, algo más de un 7% del total mundial.

Factores de riesgo

El texto señala que algunos factores socioeconómicos hacen a algunas personas más vulnerables al trabajo forzoso: dicen, en primer lugar, que «las víctimas del trabajo forzoso por lo general son trabajadores poco o no cualificados», y que hay una clara correlación entre «la vulnerabilidad de los hogares a las pérdidas imprevistas de ingresos y la probabilidad de caer en trabajo forzoso», es decir, que la pobreza es un factor de riesgo claro. Un nivel bajo de educación también es un factor importante. En cuanto al género, las estimaciones de la OIT indican que un 55% de las víctimas del trabajo forzoso son mujeres y niñas, aunque en el caso de explotación sexual y trabajo doméstico son la gran mayoría, mientras que «en otras actividades económicas los hombres y los niños tienden a estar desproporcionadamente representados». Por último, ser migrante aumenta el riesgo de caer en trabajo forzoso: «Según las estimaciones mundiales de la OIT, el 44% de todas las víctimas migraron dentro o fuera de las fronteras antes de ser sometidas al trabajo forzoso».

El informe de la OIT pide adoptar «medidas concretas e inmediatas» para producir «un cambio significativo en la vida» de los 21 millones de víctimas del trabajo forzoso. Entre sus recomendaciones, incluyen fortalecer la legislación y reforzar la inspección en los sectores donde existe más riesgo de trabajo forzoso, implementar sistemas rápidos de atención a las víctimas y castigar de inmediato y con condenas penales a los explotadores. También piden abordar las causas económicas y actuar preventivamente sobre los factores de riesgo: la protección social -dicen- puede prevenir la vulnerabilidad de los hogares a la pérdida de ingresos o a la servidumbre por deudas, y medidas para combatir la discriminación por género pueden contribuir a evitar la explotación.

Fuente: cadenaser.com

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El Tribunal Supremo actualiza y amplía el concepto de accidente laboral

El Alto Tribunal incluye en estos siniestros aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia habitual por razones laborales.

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Crece el número de ciudadanos que trabaja lejos de su vivienda habitual. Los avances en infraestructuras y el incremento de la movilidad laboral que genera la crisis son algunas de las razones que explican un cambio que acaba de asumir el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que amplía el concepto de accidente in itinere.

El fallo, de Sala General, sienta doctrina e incluye dentro de este tipo de siniestros aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse una larga distancia desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia habitual por razones laborales.

Esta nueva doctrina ampliará las prestaciones que deben cubrir las mutuas y la Seguridad Social, pero no afectará a las empresas salvo que el vehículo siniestrado les pertenezca.

Hasta ahora, el accidente in itinere era aquél que ocurría en un desplazamiento del domicilio (personal o de la pareja o un familiar) hacia el trabajo. El fallo incluye el que tiene lugar entre dos domicilios en fin de semana, el de arraigo y el nuevo cercano al lugar de trabajo.

El Supremo anula una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de julio de 2012 que estimó el recurso interpuesto por Ibermutuamur contra una sentencia anterior de un Juzgado de lo Social de León. El juez de instancia había dado la razón a un trabajador que sufrió un accidente de tráfico un domingo de marzo de 2009 por la noche, cuando se desplazaba desde su domicilio en Puente Almluhey (León) hasta Almazán (Soria), donde residía debido a su trabajo.

La mutua rechazó la contingencia profesional de la baja que sufrió este trabajador, que manipulaba maquinaria pesada, al no considerar que el accidente se hubiera producido in itinere. La demanda del trabajador se estimó en primera instancia, si bien posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

El Supremo confirma la sentencia inicial al estimar que la interpretación de las normas «debe adaptarse a la realidad social», tal y como establece el artículo 3 del Código Civil y considera que debe resolverse «a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar» que está imponiendo «unas exigencias de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar de trabajo que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos casos carácter temporal».

Todo ello, según el Alto Tribunal, determina que, «si se quiere respetar la voluntad del legislador en los tiempos presentes», habrá que reconocer que en supuestos como el presente «a efectos del punto de partida o retorno del lugar del trabajo puede jugar, según las circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como la residencia habitual a efectos de trabajo».

El TS considera que concurren los elementos que definen el accidente in itinere porque la finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, «puesto que éste fija el punto de regreso y se parte del domicilio del empleado».

Fuente: expansion.com

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25 imputados y tres altos cargos imputados por la explosión que mató a 301 mineros en Turquía

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Las autoridades turcas han detenido a 25 personas como parte de la investigación sobre la tragedia en la mina de carbón de Soma, donde una explosión el pasado martes provocó la muerte de 301 trabajadores. Tres de los arrestados han sido imputados por «homicidio involuntario», según explicó a Reuters el fiscal del caso Bekir Sahiner.

A falta de conocer quiénes son los acusados, se sabe que entre los detenidos se encuentran varios altos cargos de Soma Holding, la compañía que administra la mina, incluyendo a Ramazan Dogru, el director de operaciones, y a Akin Celik, el ingeniero jefe.

Celik y otros responsables de la mina evadieron cualquier responsabilidad durante una rueda de prensa el pasado viernes. Entonces calificaron el siniestro de accidente, del cual dijeron desconocer la causa exacta, y aseguraron que la mina cumplía con las medidas de seguridad requeridas por la ley.

Un informe preliminar sobre la explosión, citado por el diario turco Milliyet, ha señalado varios fallos en los sistemas de seguridad, como un número insuficiente de detectores de monóxido de carbono y techos construidos de madera en lugar de metal.

El Gobierno había anunciado una investigación sobre la tragedia y, durante la semana, el ministro de Energía, Taner Yildiz, había insistido en que se haría justicia. “Si se encuentra a los responsables, no habrá ninguna tolerancia independientemente de que sean del sector público o privado”, había asegurado Yildiz.

Sus críticos han acusado al Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de ceder la gestión de minas antes estatales a empresas cercanas al poder, para quienes presuntamente tendrían más prioridad los beneficios económicos que la seguridad de los trabajadores.

Las autoridades tampoco han asumido ninguna responsabilidad y un dirigente del gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) ha asegurado que la mina había pasado 11 inspecciones desde 2009.

Lo cierto es que Turquía tiene un pobre historial en cuanto a accidentes en el lugar de trabajo y, de hecho, ocupa el tercer peor puesto del mundo en número de accidentes laborales per cápita, según un informe de 2012 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No es un país signatario de la Convención sobre la Seguridad y la Salud en las Minas de la OIT, y entre 1991 y 2008 más de 2.500 mineros murieron y más de 13.000 resultaron incapacitados en accidentes y por enfermedades relacionadas con su trabajo, según un informe del think tank turco TEPAV. Además, diputados de la oposición han denunciado estos días que, en abril, el grupo parlamentario del AKP rechazó una petición para investigar varios accidentes en las minas de Soma.

Durante la visita de Erdogan a la mina el miércoles, la tensión fue máxima y el primer ministro fue abucheado entre gritos que pedían su dimisión. Uno de sus asesores tuvo que disculparse públicamente tras la publicación de imágenes que lo mostraban dando patadas a un manifestante que estaba siendo reducido por dos policías. También el propio Erdogan parecía enzarzarse con al menos otra persona en unos vídeos publicados por medios locales.

Durante la semana, ha habido protestas ciudadanas contra el Gobierno en Estambul, Ankara, Esmirna y en la propia Soma, que fueron reprimidas por la policía con cañones de agua y gas lacrimógeno. Ayer sábado, el gobernador de Manisa prohibió las manifestaciones y, desde entonces, partes de la ciudad de Soma han sido tomadas por la policía, que ha establecido controles en las carreteras que dan acceso a la localidad y a la mina, según informaciones de los medios locales desde el terreno.

También ayer fueron detenidas 36 personas en Soma por supuestamente pretender manifestarse, según informó la agencia turca de noticias Dogan. Entre los detenidos hay ocho letrados de la Asociación de Abogados Progresistas, que según algunos medios habían viajado a Soma para asistir a las familias de las víctimas.

La entrada a la mina está hoy tapiada, después de que ayer finalizaran las labores de rescate tras la extracción de los dos últimos cadáveres, que aumentaron el total de muertes a 301, según las cifras oficiales. El último superviviente había sido rescatado el miércoles. En total, 787 trabajadores se encontraban el pasado martes en el interior de la mina cuando una explosión provocó un incendio que dejó atrapados a cientos de mineros.

En un caso en principio independiente al de la mina, la Fiscalía también ha iniciado una demanda por fraude y por pertenencia a una organización criminal contra Alp Gurkan, dueño de Soma Holding, para quien piden entre seis y 18 años de cárcel, según el diario turco Hurriyet. Gurkan ha sido acusado junto con otros 16 sospechosos de participar en operaciones ilegales de compra de inmuebles en Estambul.

Fuente: elpais.com

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