Mujer, maestra y mayor de 40 años. Ese es el perfil tipo del empleado público en España de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal. El Confidencial ha analizado la estructura de la mayor plantilla del país por detrás de la ‘multinacional del desempleo’–, que, tras dos años de pitadas, viernes de luto y mareas negras, se encuentra hoy envejecida y afectada por el lifting al que la han sometido los dos últimos gobiernos.

Los recortes se hacen notar. El tijeretazo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenido –y aumentado– a lo largo de la legislatura de Mariano Rajoy, ha conseguido que este año el empleo público se iguale al que hubo en los últimos años de la burbuja inmobiliaria. En el tercer año de la crisis se alcanzó el pico máximo de plantilla. Y a partir de ese momento, el número de trabajadores en la ‘cosa pública’ no ha dejado de bajar, hasta el punto de haber desaparecido 192.977 puestos de trabajo –universidades no incluidas– en la Administración.

Sin embargo, no todos los sectores han adelgazado por igual. Según el Boletín Estadístico difundido desde el Ministerio de Hacienda, la peor parte se la han llevado los ayuntamientos y las comunidades autónomas (sobre ellas recae el grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de 140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han ‘librado’ del recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.) Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF, denuncia que «muchos de los puestos de trabajo que se han destruido han sido de personal interino de Sanidad y Educación, personal que es necesario, y eso ha provocado una merma evidente en la calidad del servicio».

Cerca de un 40% del empleo público en España está actualmente ocupado por personas que superan la barrera de los 50 años. Y por comunidades autónomas, la cantidad de empleados públicos con respecto a la población ocupada es bien distinta. Mientras que en Extremadura y Castilla y León la concentración es alta (uno de cada cuatro trabajadores lo hace para la Administración), en Baleares y Cataluña el porcentaje se encuentra por debajo del 13% (uno de cada ocho).

El pasado 21 de julio el diario El País publicó un documento interno elaborado por Hacienda en el que se recogían 255 medidas «de racionalización y mejora del gasto público». El escrito compilaba todas las iniciativas que las comunidades autónomas habían sugerido, por voluntad propia, llevar a cabo para reducir sus cifras de déficit, como la «eliminación de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas», la «contención de ofertas de empleo público y no reposición de efectivos» o la «limitación a la incorporación de personal interino», entre otras.

Tal y como se observa en el interactivo superior, si tomamos una muestra aleatoria de 100 trabajadores públicos, la mayoría de ellos, 40, serían maestros y sanitarios. A este grueso le seguirían 20 personas empleadas en un ayuntamiento, 8 en una consejería autonómica y 5 en un ministerio. El resto se repartiría, de mayor a menor, en trabajadores de universidad (6), militares (5), guardias civiles (3), policía nacional (3), trabajadores de empresas públicas (2), diputaciones (2) juzgados (2), prisiones (1), Seguridad Social (1), Agencia Tributaria (1) y policías autonómicas (1).

El portavoz sindical considera que la percepción ciudadana tiende a confundir los funcionarios de carrera con los puestos de libre designación, y opina que lo que de verdad sobran en España son empresas públicas y asesores. “Por ejemplo, la empresa extremeña PAEXPO-92 S.A. sigue abierta veinte años después del evento de Sevilla, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado porque funciona, ahora que tenemos seis millones de parados, con menos plantilla que cuando en España había dos millones de desempleados. No tiene sentido”.

¿Sobran o hacen falta?

Si bien es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público, contextualizando los datos a nivel europeo obtenemos una tasa de funcionarios por habitante menor que la de la Europa de los 15. Resulta difícil encontrar una estadística fiable que compare el porcentaje de masa funcionarial de cada país. Existe, por ejemplo, un estudio elaborado por la empresa británica DTZ en el que se compara el número de funcionarios de cada región europea con el número de empleos «de oficina» de esa misma región. Así, según ese estudio, regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la misma franja que Grecia y Polonia, donde más de la mitad de los puestos «de oficina» son desempeñados por funcionarios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, dispone de una base de datos con información relativa al empleo público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado público por cada 15 habitantes mientras que en países escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia la relación desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países como Portugal y Chipre.

Los políticos –se queja Borra– acaban por transmitir el mensaje de que hay muchos empleados públicos. Y pese a que «se llegó al acuerdo para que se nos hiciese una evaluación de productividad», afirma el presidente del CSIF, «han pasado siete años, dos gobiernos de dos colores distintos, y nadie ha hecho nada. Necesitamos un auténtico plan de recursos humanos, pero es que ningún gobernante se ha planteado nunca modernizar la administración pública como una cuestión principal».

Fuente: elconfidencial.com