El drama del paro de larga duración: más de 1.200 personas agotan su prestación contributiva cada día

En la primera mitad del año, más de 225.000 personas extinguieron su subsidio. A día de hoy casi dos millones de parados no cobra una prestación, el triple de los que había en 2008. Este descenso de beneficiarios ha provocado que el gasto en desempleo se haya reducido a menos de 2.000 millones al mes por primera vez desde 2008.

Casi 1,9 millones de parados españoles, es decir cuatro de cada diez, no reciben ningún tipo de prestación. La principal razón es el paro de larga duración, que provoca que cada día cientos de personas pierdan su derecho a recibir una prestación por agotar el tiempo de recepción.

Sólo en la primera mitad del año, 225.000 personas que cobraban una prestación contributiva han pasado a cobrar una prestación asistencial. Es decir, cada día más de 1.200 personas viven esta situación.

Esta situación no es algo nuevo. En 2013 fueron 477.000 personas las que agotaron su prestación contributiva y otros 487.000 lo vivieron en 2012. Poco a poco, el paro de larga duración condena a las familias a los subsidios asistenciales, que habitualmente suelen ser más bajos.

Hasta ahora, España combinaba su altísimo nivel de desempleo con una alta cobertura a quienes perdían su trabajo. En los primeros años de la crisis, entre 2008 y 2010, más de tres cuartas partes de los parados cobraba una prestación. La mayoría, más del 60%, recibía una prestación contributiva, es decir, cobraba el subsidio después de acabar de perder su puesto de trabajo.

Más prestaciones asistenciales que contributivas

Hoy la situación es bien distinta. No sólo son más los parados que no reciben prestación, sino que, además, los subsidios asistenciales, los que no dependen de haber cotizado anteriormente, son mayoritarios. En julio, se pagaban 1,172 millones de subsidios asistenciales y 1,091 millones de contributivos.

Este descenso del número de perceptores unido al auge de los subsidios asistenciales, habitualmente más bajos, ha rebajado notablemente el gasto mensual en desempleo. Los 1.989 millones de euros desembolsados el pasado mes de julio son la cifra más baja desde el año 2009. Frente al año pasado, el descenso del gasto es del 18%.

Fuente: elEconomista.es

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Hay un trabajador del antiguo Inem por cada 269 parados, la segunda cifra más alta de Europa

Dibujo

Cada trabajador de los servicios públicos de empleo en España le corresponden, de media a 269 demandantes de empleo, lo que supone la segunda mayor carga de trabajo de Europa, según datos recogidos por la OCDE en su informe bienal sobre la economía española.

En concreto, sólo los trabajadores de los servicios de empleo de Irlanda superan a los españoles, siendo responsables de una media de 778 demandantes, en el año 2011, los empleados por la OCDE para hacer la comparativa. Por el contrario, la menor carga de trabajo se registra en Reino Unido (22), Dinamarca (36) y Alemania (47).

España registra esta cifra tan alta a pesar de que es el cuarto país con un mayor número de trabajadores en los servicios públicos de empleo, con una plantilla de 21.400 personas, sólo por detrás de Alemania (110.000), Reino Unido (72.900) y Polonia (23.800).

Reasignación de recursos

Sin embargo, el elevado nivel de paro y de demandantes de empleo (5.745.300), el más alto de Europa, hace que la carga de trabajo media sea la segunda mayor del continente. Ante esta situación, el informe de la OCDE reclama una «reasignación» de partidas de otras áreas de gasto a mejora la activación de los parados.

En este sentido, considera que primero se debe trabajar en incrementar la eficiencia de los servicios públicos de empleo. Una vez logrado el objetivo de mejorar su eficiencia, el organismo internacional considera que podría llevarse a cabo un «incremento del número de trabajadores de los servicios públicos de empleo», si bien advierte que «sería costoso».

La OCDE hace hincapié en la necesidad de que el sistema protección por desempleo español profundice en las obligaciones que tiene el parado que cobra la prestación. En concreto, aboga por «definir más claramente el concepto de oferta de empleo adecuada» y sostiene que es necesario que atienda a «criterios objetivos» como la prima de retribución que el empleo ofrecido tiene sobre la prestación por paro o la duración restante de la prestación.

Reformas laborales

En cuanto a las reformas acometidas por el Gobierno en materia laboral, la OCDE considera que debería profundizar en ellas. Por ejemplo, apuesta por que el Ejecutivo incremente paulatinamente los requisitos de representación aplicables tanto a sindicatos como a patronales en la negociación de un convenio colectivo, para favorecer que el proceso sea «más inclusivo».

También insta a exigir a las empresas que se adhieran a los convenios sectoriales, ya que considera que eso favorecería la flexibilidad de salarios y permitiría la entrada de empresas nuevas e innovadoras.

Por último, destaca que el porcentaje de despidos declarados procedentes se ha duplicado, pasando del 30% en 2010 al 60%, lo que califica de «mejora». Sin embargo, puntualiza que, de estancarse, podría ser necesario «clarificar con mayor exhaustividad la distinción jurídica entre procedentes e improcedentes».

Asimismo, el organismo internacional lamenta que el Ejecutivo no haya seguido su recomendación de reducir en mayor medida la indemnización por despido improcedente o la creación de un contrato único.

Fuente: elEconomista.es

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Uno de cada cuatro trabajadores españoles sufrió un recorte del salario en 2012

El 24 por ciento de los trabajadores españoles sufrió un recorte nominal del salario en 2012, según los datos compilados por la OCDE a partir de información de la Seguridad Social.

Y un 22 por ciento soportó una congelación del sueldo. Es decir, a pesar de que la inflación en 2011 se disparó un 3,2 por ciento, prácticamente la mitad de los españoles vio cómo su retribución no creció en 2012, un año en el que las turbulencias de los mercados masacraron a la economía hispana.

Estas cifras contrastan además con las de 2008, cuando sólo un 13 por ciento de los asalariados encajó una rebaja nominal de sueldo y únicamente un 3 por ciento lo tuvo congelado.

Diferencias entre salarios altos y bajos

Las últimas perspectivas sobre el empleo publicadas por la OCDE incluyen un estudio realizado por los académicos Marcel Jansen, Sergi Jiménez y José Ignacio García-Pérez basándose en la Muestra Continua de Vidas Laborales, una especie de encuesta elaborada con datos de la Seguridad Social. Y sus conclusiones se antojan harto reveladoras.

Jansen, Jiménez y García-Pérez dividen la muestra entre los sueldos altos y los bajos. Y comprueban que el comportamiento de unos y otros como consecuencia de la crisis ha sido completamente distinto. Tal y como se puede observar en el gráfico a continuación, en 2012 el tercio de trabajadores con sueldos más bajos registró numerosísimas congelaciones de salario. Hasta un 30 por ciento de ellos se quedó con la misma retribución. Respecto al tercio con remuneraciones más altas, sólo un 18 por ciento padeció congelaciones de salario y, en cambio, abundaron más los recortes nominales de sueldo, como se puede deducir de la cola dibujada en la parte izquierda de la tabla B de los high-wage earners.

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¿Y a qué se debe esto? Pues el estudio explica que los sueldos altos son más fáciles de bajar y por lo tanto en muchas ocasiones se puede evitar el despido. Por el contrario, los sueldos bajos son más difíciles de recortar, casi dos tercios de éstos no retrocedieron en 2012 y, por consiguiente, la alternativa suele ser el despido.

“El ajuste de la crisis tomó la forma de pérdidas de sueldo entre los asalariados con retribuciones altas, mientras que para los trabajadores de remuneraciones bajas las pérdidas de empleo fueron relativamente más importantes”, sostienen.

Y añaden: “La relativa flexibilidad de los sueldos altos puede reflejar el mayor papel que desempeñan los bonus y otros beneficios en los salarios altos, pero también refleja la mayor importancia de los suelos que existen de facto en los salarios más bajos”. O lo que es lo mismo, cuando un sueldo es reducido, hay evidentemente una dificultad mayor para bajarlo al acentuar el riesgo de pobreza. Por esa misma razón, la OCDE recomienda que se busquen formas alternativas para disminuir los costes labores sin tocar más los salarios, especialmente ahora que en países como España hay riesgo de deflación y la demanda se resiente.

¿Y cómo se hace eso? Pues la OCDE insiste en las reformas de los mercados para lograr precios más bajos que a su vez se trasladen a los costes de las empresas. Al igual que el FMI y la Comisión Europea, pone el énfasis en que se rebajen las cotizaciones sociales de los sueldos más bajos, precisamente aquellos cuyo mantenimiento del empleo es más sensible a sus costes. Así, en el caso de un trabajador muy cualificado y bien remunerado el coste tiene menos importancia a la hora de contratarlo o despedirlo. Y, por último, el organismo sito en París pide subsidios o ayudas que complementen dichos sueldos bajos. En esta misma línea, también podría incluirse una aminoración de impuestos más concentrada en las rentas bajas.

En el caso de España, estas directrices cuestionan dos de las medidas estrella del Gobierno de Mariano Rajoy. Por un lado, éste debería dedicar su tarifa plana de cotizaciones a la Seguridad Social exclusivamente a los sueldos bajos. Por otro, la rebaja de impuestos anunciada tendría que destinarse, sobre todo, a las rentas bajas.

Si examinan la tabla inmediatamente superior, varios países han hecho ajustes de salarios igual o más fuertes que España en términos de salario real por hora, esto es una vez descontanda la inflación. Grecia, Estonia, Irlanda, República Checa, Hungría, Portugal y Reino Unido también se han sometido durante la crisis a una severa terapia de devaluación interna. Entre 2010 y 2013, España acumula ya cuatro años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo.

Fuente: vozpopuli.com

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