Más de la mitad de los catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las universidades españolas se han unido para firmar un manifiesto en el que alertan de la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la reforma laboral y aseguran que «implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario».
Entre los 55 profesores que rubrican la declaración se encuentra Jaime Cabeza Pereiro, de la Universidad de Vigo, que explica que se han realizado otros manifiestos con anteriores reformas que también han erosionado las garantías de los trabajadores, pero este es el que más adhesiones ha suscitado porque se trata de una norma «muy lesiva». También se han sumado los docentes de la Universidad de Santiago Lourdes Mella y Javier Garate.
Entre los preceptos constitucionales que el nuevo texto legislativo contradice, los catedráticos destacan el derecho a la estabilidad en el empleo, con el «despido libre durante un año» en el contrato especial de apoyo a emprendedores; el derecho de negociación colectiva, al concebir el convenio colectivo «como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, substituible o modificable a su sola voluntad»; así como al derecho a la libertad sindical y a la tutela judicial efectiva, al establecer arbitrajes obligatorios en caso de inaplicación del convenio colectivo. Además, Cabeza subraya que el Gobierno incumplió el artículo 86, ya que tramitó la reforma por la vía de urgencia, pero luego reconoció que no servirá para solventar los problemas de empleo.
Los 55 firmantes –alrededor del 65% de los catedráticos de Derecho Laboral– también desmienten que las exigencias de equilibrio presupuestario impuestas por Europa requirieran «en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al Estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos». De hecho, sostienen que la flexibilidad unilateral conferida al empresario «aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios». Estos catedráticos consideran que es un «deber cívico» hacer pública su opinión de expertos sobre el tema.
