Desde la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador, ANDET, seguimos dando todo el apoyo a los trabajadores de TELETECH afectados por el cierre de la empresa en España y que esta tarde llevan a cabo un encierro en las instalaciones de Toledo.

Como hemos denunciado a través de los informes técnicos emitidos tras el análisis de sus cuentas y memoria anuales, el cierre resulta arbitrario, pues la propia documentación de la matriz considera viable el negocio en España, pues hace referencia expresa al deseo de renovar los convenios colectivos existentes y mantener los centros de trabajo, que considera adecuados y ajustados a la actividad.

Siendo los despidos una realidad los trabajadores tienen todo el derecho y merecen todo el apoyo para defender un despido digno. Esto quiere decir el reconocimiento por parte de la empresa de la improcedencia de todos los despidos llevados a cabo, aceptando así el derecho de los trabajadores al abono inmediato de una indemnización de entre 33 y 45 días por año trabajado, los cuales deben y pueden ser asumidos por Teletech o en su defecto por los clientes en aquellos centros donde la actividad estuviera dedicada a los mismos de forma exclusiva, como es el caso de Vodafone para los trabajadores del centro de Toledo, criterio recogido por la jurisprudencia en la jurisdicción laboral.

No es justificable por lo tanto ni aceptable aminorar las indemnizaciones a los trabajadores y trasladar las mismas al cobro al Fondo de Garantía Salarial a una fecha indeterminada y sujeta a cambios legislativos por parte del Gobierno, que tras la publicación en el B.O.E. del Real Decreto 20/2012, el Fogasa calculará los máximos en función del doble del Salario Mínimo Interprofesional, que hasta ahora calculaba sobre el triple de éste.

Esperamos que la empresa no solamente pretenda cerrar la actividad sin dar explicaciones sino que además pretenda eludir su responsabilidad para evitar el reconocimiento de la improcedencia de todos los el despidos y asumir dichas indemnizaciones que corresponden a los trabajadores, con la intención de diferir, aminorar y trasladar dichos pagos al FOGASA, algo inadmisible para los trabajadores dadas las circunstancias que rodean al cierre.