Según los datos publicados en el día de hoy por el Ministerio de Empleo, el número de parados se sitúa en el mes de abril en 4.989.193.
Los datos suponen una mejoría respecto de los datos en relación con el mes de abril de 2012, un mes en el que sólo descendió en 6.632 personas, aunque peores que los de abril de 2011, cuando bajó en 64.309 personas.
Víctor Gutiérrez Millet, nefrólogo de 68 años con cuatro décadas de carrera en el hospital 12 de Octubre de Madrid, jamás pensó que su dedicación exclusiva a la sanidad pública iba a acabar así, de sopetón y sin siquiera una palabra de gratitud. Poco antes de terminar su jornada del 30 de abril, antes de un largo puente —el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid— le llamaron de Personal. Le entregaron una carta en la que comunicaban su jubilación forzosa por superar los 65 años. “Una carta de una crueldad increíble, aséptica, sin una sola frase de agradecimiento por la entrega profesional de 40 años”, asegura. Solo en su servicio hay dos jubilados forzosos más; en todo el hospital, unos 150. La sanidad madrileña pierde, de golpe, 700 especialistas (son 15.000 en total), según cálculos del Colegio de Médicos de Madrid.
El Gobierno regional ha decidido prescindir de los servicios de los médicos mayores de 65 años, que hasta ahora podían prolongar su actividad hasta los 70 si superaban un examen físico y psicológico. Y lo hace, como anunció en marzo, para ahorrar. Los facultativos que rondan esa edad son los mejor pagados del sistema. Acumulan trienios y carrera profesional, y muchos ocupan jefaturas. En lugar de ir jubilándolos progresivamente, de manera que los servicios donde trabajan pudieran reprogramar las consultas, la Consejería de Sanidad —con la que este diario no pudo contrastar los datos en dos días— ha optado por hacerlo de golpe y minutos antes de un puente. La gran mayoría de las plazas se quedan sin cubrir, puesto que la tasa de reposición es, como para el resto de funcionarios, del 10%.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo de la Agencia de Protección de Datos y obliga a la Comunidad de Madrid a la readmisión de los 22 trabajadores afectados. La Sala de lo Social del TSJM, compuesta por Begoña Hernani, Aurora de la Cueva y Alicia Catalá, entiende que el ERE se realizó sin fundamento. “A la fecha de entrega de la carta de despido a los trabajadores, la causa alegada para el mismo no existía, ya que ni siquiera había finalizado el trámite parlamentario, el Proyecto de Ley en que se basa el despido”, recoge la sentencia, que es recurrible ante el Supremo.
La Agencia de Protección de Datos comunicó el despido a sus empleados el 28 de noviembre de 2012 “como consecuencia de la extinción de su personalidad jurídica”. El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida popularmente como ley escoba, que en su artículo 55 establecía la eliminación de la empresa pública, fue aprobada el 20 de diciembre, casi un mes después de que los trabajadores recibieran la notificación de despido. Ocho días después de que la ley fuese aprobada en la Asamblea de Madrid —en ella también se abría las puertas a la privatización de la gestión de los seis hospitales que el Gobierno regional sacará a concurso, y se incluían numerosas medidas favorables a la implantación de Eurovegas bajo la fórmula de los Centros Integrados de Desarrollo—, los despedidos presentaron la demanda judicial. “El personal laboral de la Agencia es personal laboral fijo, que accedió a sus puestos mediante la superación de distintos procesos selectivos, en algunos casos procedente de la propia administración de la Comunidad y con antigüedades que superan los 25 años”, se quejaron entonces mediante un comunicado.
La supresión del organismo fue anunciada el pasado 25 de septiembre por Ignacio González durante su debate de investidura como presidente regional. El Ejecutivo cifró en dos millones de euros la cantidad que ahorraría. “La decisión extintiva se ha adoptado con coacción o abuso de derecho, se ha producido un incumplimiento de la prioridad de permanencia y la indemnización abonada es inferior a la establecida legalmente”, indica la sentencia. Desde el Gobierno regional no aclararon si la recurrirán o no, aunque argumentaron que “es más una cuestión de forma que de fondo”.
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