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El número de demandas por despido asciende un 21% en Madrid

Publicado el 24 diciembre, 2013 por avalenciano

Las demandas por despido registradas en los tribunales madrileños entre enero y septiembre de 2013 ascendieron hasta las 21.683, lo que supone un aumento del 21% respecto al mismo periodo de 2012, cuando se presentaron 17.920.

Según el informe sobre el efecto de la crisis económica en los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Madrid es la tercera comunidad autónoma donde más subieron las demandas.

La lista la encabezan el País Vaco, con un incremento del 39,7%, y Asturias (21,72%), porcentajes muy superiores al de la media nacional que fue del 5,46%.

Hasta el pasado mes de septiembre, en los tribunales españoles se registraron 115.245 demandas por despido frente a las 109.278 presentadas en los nueve primeros meses de 2012.

Según el citado informe, las demandas interpuestas entre julio y septiembre fueron 33.685, un 15,1% menos que el trimestre anterior.

Extremadura (-17,33%), Navarra (-8,66%) y Murcia (-6,97%) fueron las tres comunidades donde más descendieron las demandas.

También aumentaron, en este caso un 3,1%, el número de expedientes de regulación de empleo (ERE) que han pasado por los tribunales, ya que frente a los 1.321 judicializados que se contabilizaron hasta septiembre de 2012, se llegó a 1.362 en el mismo periodo de este año.

La estadística del CGPJ indica, asimismo, que los Juzgados de lo Social recibieron 110.147 demandas por reclamación de cantidad, un 7,55 % menos que en el mismo periodo de 2012, cuando fueron 119.147.

El siguiente cuadro refleja, por comunidades autónomas, las demandas por despido registradas por comunidades autónomas en los nueve primeros meses de 2012 y en el mismo periodo de este año, así como su evolución porcentual.

Fuente: Zona Retiro

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“Si cumples 61 años y cobras el paro, te tienes que jubilar”

Publicado el 23 diciembre, 2013 por avalenciano

Las misivas llevan varios meses remitiéndose a ciudadanos que están a las puertas de llegar a los 61 años y que perciben la correspondiente prestación por desempleo. Concretamente, el aviso llega a los domicilios dos meses antes de alcanzar esa edad.

En la carta se les informa de que deben jubilarse de manera anticipada para comenzar a cobrar la pensión contributiva, y al mismo tiempo retirarles la prestación que están percibiendo.

Se estudia si es posible poder jubilarse

Fuentes próximas al ministerio de Empleo confirman el envío de estas comunicaciones. Se acogen para hacerlo a la Ley de la Seguridad Social que regula el cobro de prestaciones por desempleo en los mayores de 55 años.

Sin embargo, explican que “no se jubila con carácter general a todos los parados que alcanzan los 61 años”. Matizan que se estudia caso por caso.

Advierten que, si el beneficiario de una prestación por desempleo a esa edad reúne ya todos los requisitos para acceder a la pensión contributiva en el Sistema de la Seguridad Social, en ese caso sí resulta obligado jubilarse.

Una de esas condiciones es, por ejemplo, que el parado cuente ya con más de 33 años cotizados.

Pérdida de un 20% en la futura pensión

Fuentes del Gobierno defienden esta medida porque aseguran que, con ese cambio de situación, un desempleado de 61 años “pasa, de cobrar 426 euros de paro, a los casi 600 que supone la pensión”.

Pero reconocen también que estos pensionistas sufrirán una pérdida de poder adquisitivo más adelante. Se calcula, en concreto, que la aplicación de la medida provocará en el futuro una merma de más de un 20% en su pensión de jubilación.

Fuente: El Confidencial

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El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones sin consenso político ni social

Publicado el 20 diciembre, 2013 por avalenciano

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma que desvincula las pensiones de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), a pesar de que todos los grupos políticos de la oposición se han opuesto al cambio normativo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014.

De este modo, desde el año próximo la revalorización de las cuantías de los jubilados no se atendrá a la inflación, sino que se introduce un nuevo factor de revalorización que tiene en cuenta tanto la evolución del IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social durante un plazo de once años -cinco previos, el de ejecución y las proyecciones de cinco futuros-. El objetivo de crear este nuevo índice, según el Gobierno, es evitar caídas o incrementos bruscos en las prestaciones por los eventuales cambios en la coyuntura económica.

Además, el nuevo sistema incorpora un suelo de revalorización del 0,25% y un techo que, tras una enmienda de los ‘populares’ incorporada al proyecto de ley en la Cámara Alta, quedará en el IPC más el 0,5%. De este modo, el Gobierno asegura que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo y se evitan futuras bajadas o congelaciones de las cuantías.

Por otra parte, la reforma de las pensiones incluye también la definición del factor de sostenibilidad, que ya estaba enunciado en la última revisión legislativa de este tema que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011 y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Así, a partir del año 2019 la cuantía inicial de la pensión se calculará teniendo en cuenta la esperanza de vida en ese momento, revisándose este dato estadístico una vez en cada lustro para ajustarla.

Las enmiendas incorporadas al texto en el Senado incluyen también la decisión de que sea la Autoridad Fiscal Independiente la que deba dar el visto bueno a los valores a partir de los cuales se harán los cálculos para fijar las revalorizaciones anuales de las pensiones y la aplicación del factor de sostenibilidad, y la obligación del Gobierno de presentar un informe quinquenal a las Cortes y a los agentes sociales para testar la suficiencia y adecuación de las pensiones tras la puesta en marcha de la reforma.

Durante el debate que se ha celebrado en el Pleno del Congreso antes de votar las enmiendas del Senado, la oposición en bloque ha criticado al Gobierno por elaborar el cambio legislativo de forma unilateral saltándose el Pacto de Toledo y por poner en marcha una reforma que condena a los mayores a la pobreza.

Fuente: Cadena Ser