Las indemnizaciones por despido improcedente acordadas entre empresarios y trabajadores tendrán que tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) si el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) no determina la improcedencia del despido, según la redacción definitiva de la ley de reforma laboral que el Congreso aprobará la próxima semana. Es decir, que los acuerdos privados para el despido improcedente sin acudir a conciliación administrativa tendrán que cotizar.
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