“¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos de una fiesta a la que ni siquiera hemos estado invitados?». Esta es la pregunta expresada de forma doliente por el presidente de la Central Sindical de Funcionarios(CSIF), Miguel Borra, sindicato mayoritario del sector, tras constatar que la reforma laboral, a su paso por el Congreso, mantiene indeleble la disposición para despedir a empleados públicos.
Un colectivo de algo más de 700.000 empleados públicos y trabajadores laborales que prestan su servicio en la Administración General, en las comunidades autónomas y en los Ayuntamientos están afectados por la disposición adicional segunda de la reforma laboral que, a su vez, añade otra disposición en el Estatuto de los Trabajadores para que no exista barrera alguna para el despido de empleados públicos. La presión sindical, tanto de la CSIF como de UGT y CC OO continuará en el Senado, hacia donde ahora se dirige la ley, pero las esperanzas se desvanecen.
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