En los años 50, en lo más duro del franquismo, se impuso el sistema de tasas judiciales que penaba el acceso de los ciudadanos a la ley. Claro, que aquello era una dictadura y los impuestos que recaudaba el Estado le llegaban en gran medida por contribución indirecta, ya que la recaudación por la renta era prácticamente inexistente. Un sistema al que puso fin en el año 1986 el Gobierno de Felipe González con una doble idea, más ajustada a un Estado democrática y moderno: facilitar el acceso a los tribunales de los ciudadanos, y que la Justicia se financiara con cargo a los Presupuestos Generales, alimentados con los impuestos que pagamos todos.
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