El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha planteado las primeras dudas en torno a la constitucionalidad de la reforma laboral en vigor desde el 12 de febrero.
Este órgano judicial ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral al Tribunal Constitucional al considerar que tres artículos de la norma podrían vulnerar algunos aspectos de la Carta Magna relativos al despido.
El magistrado José Ángel Folguera Crespo se pronuncia así sobre la demanda interpuesta por varios trabajadores de la empresa Enjarrolla SL que fueron despedidos por causas disciplinarias. El auto, fechado el 16 de abril, considera que hay indicios de inconstitucionalidad en la supresión en los despidos improcedentes del pago de los salarios de tramitación, aquellos que se cobran desde el momento del despido hasta la resolución judicial.
El auto cuestiona la supresión de estos pagos, ya que esta medida supone una «peculiar bonificación» para el empresario, que ya no tiene que indemnizar al trabajador despedido en el periodo que va desde la extinción de la relación laboral hasta la declaración de la improcedencia del despido. Añade que sustituir los salarios de tramitación por las prestaciones por desempleo, que permite al empresario eludir estos pagos, «opera como elemento manifiestamente desincentivador de la readmisión».
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