Antonio Amarayona, profesor de filosofía:

El Gobierno, por mediación de su ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se lo ha puesto al empresariado como a Felipe II: decreta una rebaja generalizada del coste del despido, se flexibilizan las causas para que el empresario pueda acogerse a la vía del despido procedente (reducido a veinte días por año trabajado), se puede despedir por causa justificada cuando se aduzca «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos», etc. ¿Y qué hay de la creación de empleo?

Para emprender, un empresario necesita dinero y créditos razonables por parte de las entidades financieras. Estas han recibido del dinero público cerca de 200.000 millones de euros, que no han destinado a la economía real y de producción, sino a tapar agujeros, maquillar basura y especular. Y sin dinero no hay inversión ni empleo ni nada de nada, salvo la realidad del trabajador cada vez más esquilmado y la del parado cada vez con menos salidas.

Respecto del paro juvenil (con una tasa de desempleo del 48%), el Gobierno prevé un contrato que incluye una rebaja de los costes laborales de 3.000 euros para las empresas de menos de 50 trabajadores al contratar al primer trabajador de menos de 30 años, que podrá seguir cobrando el 25% del paro, mientras que el empresario no pagará el 50% de la prestación. C’est tout. ¿Algo más sobre creación de empleo?

El Gobierno establece una ayuda de 4.000 euros para quienes contraten a parados de larga duración, las agencias de trabajo temporal pueden funcionar como agencias de colocación y los contratos indefinidos quedarán sustituidos cada vez más por trabajos temporales. Tiene razón la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando afirma que esta reforma «marcará un antes y un después del mercado laboral»: supone una palmaria regresión a épocas pasadas, consideradas harto superadas. Paralelamente, el Gobierno, en su presunto plan de crear empleo, no habla de combatir la economía sumergida, el fraude fiscal, las operaciones en paraísos fiscales del 86% de las empresas del Ibex 35, o de instaurar la regulación de las transacciones financieras, una mayor carga impositiva para los que más tienen o una redistribución más equitativa de la riqueza y la renta existentes en nuestro país. Este es la verdadera vía para crear empleo, pero el Gobierno ni la roza.

Estamos siendo víctimas de un golpe de Estado global por parte de los poderes económicos y financieros que, invocando la ideología neoliberal, se proponen que la mayor parte de la población mundial esté compuesta por una mano de obra barata, con recursos cada vez más limitados y precarios, y totalmente dependiente de los intereses y dictados del poder económico y los medios de comunicación (cada vez en mayor medida, medios de propaganda). La «reforma laboral» decretada por el Gobierno español es una contribución más a este proceso.

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