El rechazo es unánime ante el nuevo y drástico ajuste que buscan imponer la Unión Europea y el FMI y sobre el que debe dar una respuesta hoy el gobierno griego. Entre otros aspectos, las medidas exigidas por los acreedores contemplan el despido de 150.000 empleados públicos hasta 2015, 15.000 de ellos en forma inmediata; una rebaja salarial del 25% en el salario mínimo y en las pensiones; y la supresión de las pagas extras anuales.

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